{"id":9749,"date":"2024-02-15T12:00:54","date_gmt":"2024-02-15T11:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=9749"},"modified":"2024-02-11T12:07:29","modified_gmt":"2024-02-11T11:07:29","slug":"ts-rectificacion-de-autoliquidaciones-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/ts-rectificacion-de-autoliquidaciones-3\/","title":{"rendered":"TS \u2013 Rectificaci\u00f3n de autoliquidaciones"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]\n

STS 1168\/2022. <\/strong>La rectificaci\u00f3n de una autoliquidaci\u00f3n -y la consiguiente devoluci\u00f3n de ingresos indebidos- s\u00ed es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidaci\u00f3n practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuant\u00edas por \u00e9l calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidaci\u00f3n al considerarlo contrario a la Constituci\u00f3n o al Derecho de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

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STS 1168\/2022 de 21 de septiembre. <\/strong>Se interpone recurso de casaci\u00f3n por una compa\u00f1\u00eda aseguradora contra la sentencia dictada por el TSJ de Catalu\u00f1a siendo parte recurrida la Consejer\u00eda de Hacienda de la Generalitat de Catalu\u00f1a.<\/p>\n

La cuesti\u00f3n principal se centra en determinar si la solicitud de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos de una autoliquidaci\u00f3n es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidaci\u00f3n practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuant\u00edas por \u00e9l calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidaci\u00f3n al considerarlo contrario a la Constituci\u00f3n o al Derecho de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

El TS recurre a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y dispone que Las autoliquidaciones se han convertido en mecanismo imprescindible para hacer posible la viabilidad y eficacia del sistema tributario, conforman lo que ha venido a conocerse como gesti\u00f3n en masa, de suerte que el verdadero gestor pasa a ser el ciudadano y la Administraci\u00f3n viene a asumir un papel de mero controlador. En el sistema tributario la gesti\u00f3n tradicional y m\u00e1s natural, conforme al normal desenvolvimiento de las relaciones de la Hacienda con los contribuyentes, es la gesti\u00f3n plenamente p\u00fablica, pero a trav\u00e9s de esta se har\u00eda pr\u00e1cticamente inviable el mandato constitucional que muy gr\u00e1ficamente se plasma en el “Hacienda somos todos”, art\u00ba 31.1 de la CE, “Todos contribuir\u00e1n al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con su capacidad econ\u00f3mica, mediante una sistema tributario justo”, de ah\u00ed que las autoliquidaciones, la gesti\u00f3n en masa, posean una importancia esencial en el correcto desenvolvimiento del sistema tributario moderno; son actos de colaboraci\u00f3n que constituyen, en los supuestos legalmente contemplados y exigibles, un deber que pesa sobre los contribuyentes, no s\u00f3lo de contenido formal, sino con trascendencia material, cuyo incumplimiento puede dar lugar a responsabilidades de car\u00e1cter sancionador.<\/p>\n

A\u00fan la habitualidad de las autoliquidaciones y su normalizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n del sistema tributario y en la propia aplicaci\u00f3n de los tributos, no deja de traslucir cierta anomal\u00eda, en tanto que lo que deber\u00eda de ser actuaciones propias de las Administraciones p\u00fablicas, deben ser asumidas obligatoriamente por los administrados, son deberes legalmente impuestos; con ello, en cierta forma, sufre la estructura b\u00e1sica de la relaci\u00f3n Administraci\u00f3n ciudadano, con riesgo de que se reduzcan las garant\u00edas y derechos que, en particular, el sistema tributario reconoce a los contribuyentes. Resulta evidente que si la gesti\u00f3n fuera, como es lo natural en principio, exclusivamente p\u00fablica la actividad recaudatoria, a trav\u00e9s de los procedimientos de gesti\u00f3n, se plasmar\u00eda en actos, normalmente liquidaciones, susceptibles de impugnaci\u00f3n a trav\u00e9s de los cauces dispuestos al efecto y por cualquier vulneraci\u00f3n del orden jur\u00eddico, incluido, claro est\u00e1, que la norma que sirve de cobertura al gravamen girado sea contraria a la Constituci\u00f3n o al Derecho Comunitario.<\/p>\n

El cambio de sistema, el paso de un sistema de gesti\u00f3n tributaria p\u00fablica, a la gesti\u00f3n semiprivada -por el enorme peso que ha adquirido en el sistema tributario moderno las autoliquidaciones- en masa mediante las autoliquidaciones, que aporta mayor eficacia y viabilidad al sistema, en modo alguno puede significar una merma de lo que constituye el estatuto de los contribuyentes, conformado con un amplio elenco de derechos y garant\u00edas. Como regla general, que debe ayudar cualquier interpretaci\u00f3n normativa, es que las autoliquidaciones como medio necesario para procurar la mejor gesti\u00f3n tributaria, inserta en un procedimiento de gesti\u00f3n, no pueden hacer perder al contribuyente derechos y garant\u00edas legalmente reconocidos.<\/p>\n

El problema, radica en que las autoliquidaciones no son actos administrativos, mientras que la estructura b\u00e1sica de la actuaci\u00f3n administrativa se hace pivotar sobre los actos administrativos, sobre los que se despliega todo el sistema impugnatorio de recursos para su control y procurar, en su caso, la satisfacci\u00f3n de los intereses leg\u00edtimos de los administrados. Pues bien, como puso de manifiesto la jurisprudencia, v\u00e9ase al respecto por ejemplo la sentencia de 20 de octubre de 2000, rec. cas. 1837\/1995, “Pero es no menos cierto que, como pone de relieve ” in extenso ” la reciente Sentencia de esta Sala de 29 de Septiembre de 2000 -recurso de casaci\u00f3n 7035\/94 -, reca\u00edda en recurso tambi\u00e9n en su d\u00eda deducido por la Sociedad de referencia, en este precepto, esto es, en el art. 121 mencionado del RPREA de 1981, se hab\u00eda introducido un procedimiento de gesti\u00f3n, previo al de revisi\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa, para hacer posible la existencia de un acto administrativo o ficci\u00f3n del mismo -porque las autoliquidaciones, evidentemente, no lo son – que, a su vez, posibilitara su revisi\u00f3n”, el mecanismo de rectificaci\u00f3n dispuesto al efecto persigue la producci\u00f3n del acto administrativo, presunto o expreso, posibilitando su control mediante el sistema de recursos dispuestos al efecto, y resulta evidente que la impugnaci\u00f3n del acto as\u00ed producido, que no posee m\u00e1s especialidad, en lo que ahora interesa, que la forma de producirse, podr\u00e1 articularse haciendo valer cuantos motivos de impugnaci\u00f3n en general permite el ordenamiento jur\u00eddico, entre los que se cuenta, claro est\u00e1, considerar que la norma que da cobertura al gravamen impuesto es contraria a la Constituci\u00f3n o al Derecho comunitario -aunque con las diferencias propias de los distintos supuestos f\u00e1cticos concurrentes, si nos puede servir de referencia la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2021, rec. cas. 3816\/2019-; por tanto, se idea un procedimiento cuya finalidad es posibilitar, en su caso, la devoluci\u00f3n de lo que se considera ingresado indebidamente, y al efecto se faculta al contribuyente para solicitar la rectificaci\u00f3n de su autoliquidaci\u00f3n dando lugar a la producci\u00f3n del acto y con ello posibilitando la satisfacci\u00f3n de los intereses del contribuyente, art.\u00ba 227.2.b) de la LGT.<\/p>\n

La rectificaci\u00f3n de una autoliquidaci\u00f3n -y la consiguiente devoluci\u00f3n de ingresos indebidos- s\u00ed es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidaci\u00f3n practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuant\u00edas por \u00e9l calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidaci\u00f3n al considerarlo contrario a la Constituci\u00f3n o al Derecho de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

El recurso de casaci\u00f3n debe, por tanto, ser estimado, al ser la tesis contenida en la sentencia impugnada contraria a la correcta interpretaci\u00f3n de los arts. 120 y ss. de la LGT y 126 a 129 del Real Decreto 1065\/2007.<\/p>\n

En este sentido, el TS estima el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la compa\u00f1\u00eda aseguradora contra la sentencia dictada por el TSJ de Catalu\u00f1a, sentencia que casa y anula.<\/p>\n

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 3328\/2022 – ECLI:ES:TS:2022:3328).<\/a><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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