{"id":9918,"date":"2024-04-30T12:00:08","date_gmt":"2024-04-30T10:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/?p=9918"},"modified":"2024-04-28T14:40:33","modified_gmt":"2024-04-28T12:40:33","slug":"ts-procedimiento-administrativo-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.idluam.org\/blog\/ts-procedimiento-administrativo-3\/","title":{"rendered":"TS \u2013Procedimiento administrativo"},"content":{"rendered":"[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1\/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]\n

STS 1701\/2023. <\/strong>No puede acogerse la petici\u00f3n de exigir la iniciaci\u00f3n de un procedimiento de revisi\u00f3n de oficio de una resoluci\u00f3n que ha devenido firme y que no incurre en causa de nulidad de pleno derecho.<\/p>\n

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STS 1701\/2023 de 15 de diciembre. <\/strong>Se interpone recurso de contencioso-administrativo por una sociedad contra la desestimaci\u00f3n presunta por silencio administrativo de la iniciaci\u00f3n de un procedimiento de revisi\u00f3n por motivos de nulidad de la resoluci\u00f3n de la Ministra de Medio ambiente del proyecto de recrecimiento de un embalse. Son parte recurridas el Ayuntamiento de Sig\u00fc\u00e9s (Zaragoza) y el Ayuntamiento de Mianos (Zaragoza).<\/p>\n

La cuesti\u00f3n principal se centra en determinar el alcance del art\u00edculo 106 de la Ley 39\/2015 en lo que a la revisi\u00f3n de oficio se refiere.<\/p>\n

El TS recurre a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y dispone que no puede perderse de vista que dicho procedimiento, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, tiene por objeto la declaraci\u00f3n de nulidad de un acto que ha devenido firme, por no haber sido impugnado en tiempo y forma. Ello obliga a considerar que dicha petici\u00f3n debe estar respaldada por una razonada y razonable causa de nulidad de pleno derecho, porque solo entonces debe compelerse a la Administraci\u00f3n para la iniciaci\u00f3n del procedimiento y pronunciarse sobre el referido vicio de nulidad. Incluso no est\u00e1 de m\u00e1s aclarar que cuando se cuestiona en v\u00eda jurisdiccional una denegaci\u00f3 nt\u00e1cita del inicio del procedimiento, al desconocerse la motivaci\u00f3n de la denegaci\u00f3n por el incumplimiento administrativo que impone el art\u00edculo 21 de la mencionada Ley, requiere que la invocaci\u00f3n de dicha causa de nulidad sea examinada por los Tribunales de manera primaria. Es decir, deber\u00e1 argumentase en la demanda que la resoluci\u00f3n que se pretende declarar nula de pleno derecho con el procedimiento de revisi\u00f3n de oficio, incurre en alguna de las causas taxativas que se establecen en el art\u00edculo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

Sentado lo anterior, debemos recordar que, como ya antes se adelant\u00f3, en la demanda se dedica un escueto p\u00e1rrafo del fundamento primero a justificar el procedimiento instado afirmando a esos efectos es que “el vicio de nulidad de la construcci\u00f3n del Dique de Sig\u00fc\u00e9s, no es otro que el contenido en el letra a) del citado art\u00edculo, relativo a la lesi\u00f3n de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. En concreto, el derecho vulnerado es el derecho principal y primigenio del ser humano, el derecho a la vida y la integridad f\u00edsica contenido en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.” Es decir, a juicio de la defensa de la Asociaci\u00f3n recurrente la mencionada resoluci\u00f3n de 2011 vulnera los mencionados derechos fundamentales que, en efecto y conforme lo establecido en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, tienen abierta la protecci\u00f3n de amparo, que es la primera de las causas taxativas de nulidad de pleno derecho que se recogen en el art\u00edculo 47.1\u00ba de la Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

Ahora bien, en la argumentaci\u00f3n de la demanda se incurre en una cierta incongruencia, porque, si bien seinvoca la vulneraci\u00f3n de los mencionados derechos fundamentales, es lo cierto que para poder vincular laresoluci\u00f3n impugnada con ellos se ve obligada la defensa de la recurrente a aducir que “… existen una serie de incumplimientos graves del Reglamento T\u00e9cnico sobre Seguridad de Presas y Embalses aprobado por Orden de 12-3-96, que motivan que el dique de Sig\u00fc\u00e9s no sea seguro para sus habitantes. Como luego se argumentar\u00e1 ,el dise\u00f1o del dique contempla que se puedan producir desbordes del agua embalsada precipit\u00e1ndose hacia la zona de las viviendas existentes. Adem\u00e1s, sus c\u00e1lculos no han tenido en cuenta, para prevenir el riesgo de inundaciones, situaciones como la rotura de las compuertas, ni los m\u00e1s que numerosos deslizamientos de las laderas del embalse principal Yesa. Esta situaci\u00f3n lesiona el derecho a la vida y a la integridad f\u00edsica y moral por cuanto crea una situaci\u00f3n de peligro que, en caso de que se materializara, afectar\u00eda de manera evidente a estos derechos, pero que, aun no llegando a hacerlo, afecta de manera clara, directa y permanente al derecho de los habitantes de Sig\u00fc\u00e9s al disfrute de una vida tranquila y en paz.”<\/p>\n

A la vista de ese planteamiento del debate resulta manifiesto que, incluso en la misma argumentaci\u00f3n de la demanda, no se invoca propiamente que la resoluci\u00f3n impugnada vulnere los mencionados derechos fundamentales, porque ninguna afecci\u00f3n hay en la aprobaci\u00f3n del proyecto de Recrecimiento de la Presa –como por lo dem\u00e1s es l\u00f3gico–, porque la mera aprobaci\u00f3n de dicho Proyecto no comporta afectaci\u00f3n alguna de los invocados derechos. Lo que si se considera por los recurrentes es que, en la medida que el mencionado Proyecto vulnera el mencionado Reglamento, existe el riego que se denuncia para las personas, por lo que propiamente lo que se est\u00e1 invocando es la infracci\u00f3n de dicho Reglamento que, a los efectos del debate ahora suscitado, no comporta la causa de nulidad invocada. Establecer una vinculaci\u00f3n entre el Proyecto, en s\u00ed mismo considerado –es decir, conforme al criterio de presunci\u00f3n de legalidad de los actos administrativos–, con los mencionados derechos fundamentales supondr\u00eda que en m\u00faltiples vulneraciones de normas puramente administrativas supondr\u00edan la vulneraci\u00f3n de los mencionados derechos o de otros de similar protecci\u00f3n, a los efectos de abrir el procedimiento de revisi\u00f3n de oficio; porque de forma indirecta muchas actuaciones administrativas podr\u00edan afectarles. Y es que, para que pueda estimarse que incurre en un vicio de nulidad de pleno derecho un acto administrativo, conforme se dispone en el referido art\u00edculo 47.1\u00ba.a) de la Ley de procedimiento, dicha vulneraci\u00f3n ha de ser de manera directa y al n\u00facleo esencial del derecho invocado; sin que para imputar dicha vulneraci\u00f3n deba constatarse que el acto que se pretende declarar nulo es contrario a las normas de naturaleza administrativa que lo regulan, cuesti\u00f3n esta que no puede alcanzar la causa de nulidad de pleno derecho y, por tanto, no puede hacerse valer por la v\u00eda del procedimiento de revisi\u00f3n de oficio, sino por la v\u00eda de la impugnaci\u00f3n directa que, como se ha dicho, la Asociaci\u00f3n recurrente abandon\u00f3 en su momento.<\/p>\n

Y es que, si bien la petici\u00f3n efectuada en su d\u00eda al Consejo de Ministros estaba referida a la totalidad del proyecto del Recrecimiento del Embalse de Yesa, es lo cierto que los fundamentos de dicha petici\u00f3n estaban referidos a una concreta determinaci\u00f3n del mencionado proyecto, en concreto, a la previsi\u00f3n y construcci\u00f3n de ” una presa o dique situado junto a la localidad de Sig\u00fc\u00e9s”, respecto el cual se afirma que ” no consta ning\u00fan estudio espec\u00edfico acerca de los efectos sobre Sig\u00fc\u00e9s de un deslizamiento de la ladera…”, como se afirma de manera expresa en el encabezamiento de la demanda… en donde tambi\u00e9n se acepta que esa ausencia “contrasta con … la existencia de numerosos estudios sobre el fen\u00f3meno de los deslizamientos…” En ese mismo sentido, y constituye el fundamento de la pretensi\u00f3n de revisi\u00f3n, se considera que “la puesta en funcionamiento de esta obra supondr\u00e1 someter a un riesgo de inundaci\u00f3n al municipio de Sig\u00fc\u00e9s y a 2400 nuevas hect\u00e1reas de los municipios de Sig\u00fc\u00e9s, Artieda y Mianos con la afecci\u00f3n a cerca de 400 personas.” Y en ese sentido se destaca de que ” A pesar de lo declarado en la memoria respecto a proteger a la poblaci\u00f3n de Sig\u00fc\u00e9s de posibles inundaciones, el objetivo no se logra, proyectando un dique que, como luego veremos, no tiene los requerimientos t\u00e9cnicos necesarios para proteger al municipio y su poblaci\u00f3n.”<\/p>\n

Toda esa argumentaci\u00f3n se hace sobre la base de que en la Modificaci\u00f3n n\u00famero 3 del Proyecto se hab\u00eda contemplado la construcci\u00f3n de un muro-dique de protecci\u00f3n junto al casco urbano con la finalidad de evitar que, cuando se produzcan el recrecimiento del Embalse, no se ocasione la inundaci\u00f3n del casco urbano dela localidad de Sig\u00fc\u00e9s, obra que se considera necesaria para la efectividad del recrecimiento, que no puede examinarse, una vez adquirida firmeza, sobre una pretendida incorrecta clasificaci\u00f3n del mencionado dique, dentro de las categor\u00edas de los embalses o de las medidas concretas de seguridad que ahora se establecen en el Real Decreto 264\/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas t\u00e9cnicas de seguridad paralas presas y sus embalses, no aplicable aun al caso de autos, cuestiones que, como se ha dicho, no pueden servir para apreciar una causa razonada y razonable de nulidad de pleno derecho que justificase la iniciaci\u00f3n de un procedimiento de revisi\u00f3n de oficio.<\/p>\n

La conclusi\u00f3n de lo expuesto es que no puede acogerse la petici\u00f3n de exigir la iniciaci\u00f3n de un procedimiento de revisi\u00f3n de oficio de una resoluci\u00f3n que ha devenido firme y que no incurre, conforme a lo razonado y a los solos efectos del debate suscitado, en causa de nulidad de pleno derecho.<\/p>\n

En este sentido, el TS estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una asociaci\u00f3n contra la desestimaci\u00f3n presunta en cuesti\u00f3n.<\/p>\n

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 5640\/2023 – ECLI:ES:TS:2023:5640).<\/a><\/p>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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