Viernes, Enero 17, 2020

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 223/2015: Sobre aquellas sentencias de los TTSSJ que se pueden recurrir ante el TS.
  • STS 1058/2015: Sobre la existencia de un dictamen escrito para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales.
  • STS 1494/2015: Sobre una ordenanza que no permite las actividades naturalistas en las playas de una localidad.

 

STS 223/2015, sala 3, sección 2, de 2 de febrero de 2015.- En esta resolución el TS recuerda que las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ sólo son recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en la infracción de normas del derecho estatal o comunitario europeo que sean relevantes y determinantes del fallo recurrido (siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora). Por lo tanto, cuando el recurso se funde en infracción de normas de derecho autonómico, la sentencia no será susceptible de recurso de casación.

No obstante, el TS señala dos casos en los que las sentencias de un TSJ fundadas en la infracción del derecho autonómico son viables: (i) Cuando el derecho autonómico reproduzca derecho estatal de carácter básico. En estos casos, la asunción por una Comunidad Autónoma como propio del derecho estatal no priva a éste de su naturaleza de legislación básica que puede ser invocada en un recurso de casación; (ii) Cuando se invoque la vulneración de la jurisprudencia recaída sobre un precepto de derecho estatal, aunque no tenga carácter básico, cuyo contenido sea idéntico al del derecho autonómico, puesto que el valor de complementar el ordenamiento jurídico que el artículo 1.6 del Código Civil otorga a la jurisprudencia no desaparece por la existencia del derecho autonómico.

 Texto completo.

 

STS 1058/2015, sala 3, sección 3, de 13 de marzo de 2015.- Sobre la base del artículo 54.3 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, en relación con el art. 179 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de Régimen local, es necesario que, para los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales, se adopte un previo dictamen del secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en su defecto de ambos, de un letrado.

No obstante, el TS recuerda que este dictamen no solo puede ser escrito sino que resulta admisible que se emita, aunque su formulación oral, en estos supuestos, debe tener un carácter excepcional y, en todo caso, debe cumplir las mismas exigencias que si se produjera por escrito. Por lo tanto, debe contener un razonamiento explícito sobre la viabilidad de la acción y sobre la procedencia o no de adoptar dicho acuerdo desde la perspectiva técnico jurídica, con la finalidad de que los miembros electos del Ente local tengan un conocimiento preciso de las circunstancias del caso.

Sin embargo, en este caso no existía ninguna referencia precisa a la intervención del Secretario municipal o Letrado que permitiese desvelar el sentido del dictamen jurídico, por lo que el informe verbal emitido por el Secretario municipal no puede considerarse válido a los efectos de entenderse cumplimentados los requisitos del artículo 54.3 del Real Decreto 781/1986.

Texto completo.

 

STS 1494/2015, sala 3, sección 4, de 30 de marzo de 2015.- Esta resolución tiene su origen el recurso contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castell-Platja D'Aro que señalaba que no estaba permitidas las actividades naturalistas en las playas del municipio.

En primer lugar, el TS considera que no puede entenderse que el derecho a la libertad ideológica contenido en el artículo 16.1 de la Constitución resulte propiamente afectado en el supuesto que analizamos ni, por tanto, que la Ordenanza en estudio afecte a la dimensión externa de tal derecho. Según este Tribunal, la idea de que "estar desnudo" en cualquier espacio público, como las playas, no constituye, sin más, una manifestación externa de la libertad de pensamiento, ideas o creencias, y la desnudez misma tampoco debe ser entendida como un auténtico derecho ejercitable en todo lugar público. Así pues, la ordenanza únicamente se limita a prohíbir la desnudez en las playas de su municipio y tipifica como infracción grave el incumplimiento de esa prohibición. 

En segundo lugar, el TS recuerda que las Entidades Locales tienen potestad para " la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y el uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos" (artículo 139 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local), sin que pueda negarse, por obvio, que las playas pertenecen al término municipal correspondiente y que el Ayuntamiento puede ejercitar en relación con tales espacios las competencias que el ordenamiento le otorga para garantizar aquellas relaciones de convivencia. Los preceptos de la ley reguladora de las bases del régimen local que justifican el ejercicio de esta competencia son:

1. El artículo 84 de la Ley de Bases habilita a las entidades locales para "intervenir la actividad de los ciudadanos" mediante, entre otras actuaciones, las "Ordenanzas", que deben ajustarse en todo caso a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad.

2. El artículo 139 de dicho texto legal permite a los entes locales, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas respecto de las "relaciones de convivencia de interés local ".

3. Las infracciones graves o leves (artículo 140 de aquella norma) deben clasificarse en atención, entre otros aspectos, a la intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o en el uso de los espacios públicos por parte de quienes tienen derecho a utilizarlos.

 Texto completo.

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