Viernes, Enero 17, 2020

REPOSITORIO

TRIBUNAL SUPREMO

  • STS 319/2015: La aptitud de tres aspirantes daltónicos para acceder a plazas del Cuerpo de Policía Local.
  • STS 2338/2015: La competencia del Ayuntamiento de Zaragoza para aprobar una Ordenanza municipal de Ecoeficiencia Energética y Utilización de Energías  Renovables.
  • STS 2432/2015:  Aplicación de la Ley 13 de mayo de 1933, la Ley 16/1985, del Patrimonio español y La ley 1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

 STS 2338/2015, sala 3, sección 5, de 19 de mayo del 2015. El TS ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia del TSJ de Aragón que anuló la Ordenanza municipal de Ecoeficiencia Energética y utilización de Energías Renovables en los Edificios y sus Instalaciones por falta de competencia de los municipios sobre dicha materia.

La Sala de lo Contencioso-administrativo anula la sentencia de instancia y reconoce la competencia del Ayuntamiento de Zaragoza para aprobar la Ordenanza municipal. La sentencia afirma que la competencia normativa de las entidades locales no precisa de una habilitación legal en cada ámbito sectorial en el que se dicta la ordenanza, siempre que no esté excluida dicha competencia y que no contravenga la correspondiente legislación estatal o autonómica. Texto completo. 

 

STS 319/2015, sala 3, sección 7, de 26 de enero del 2015. El TS ha resuelto que tres aspirantes daltónicos son aptos para acceder a las plazas del Cuerpo de Policía Local convocadas por el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio (Madrid).

En esta resolución, toda la controversia se centraba en establecer si, previstas como causas de exclusión del proceso selectivo las discromatopsias sin que tal previsión vaya acompañada de ninguna otra que condicione su aplicación a que, por su gravedad o intensidad, impidan el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Policías Local en el que se pretende ingresar se debe, pese a ello, exigir tal relación a partir del principio de proporcionalidad.

El TS estima que las discromatopsias de los recurrentes en amparo no se traducen en la imposibilidad de distinguir el color verde, sino que únicamente tienen dificultades a la hora de percibirlo. Por lo tanto, se trata de una afectación relativa. Además, esta dificultad se puede mitigar con filtros cromáticos, es decir, con lentes de contacto que los contengan, y las normas sobre exclusiones no impiden el uso de correcciones en los casos de agudeza visual que no sea inferior a los2/3 en ambos ojos.

Como consecuencia de ello, el TS considera que no procede la aplicación de la causa de exclusión controvertida, y que por lo tanto, los tres recurrentes en amparo son aptos para formar parte del Cuerpo de Policía Local. Texto completo.

 

STS 2432/2015, sala 3, sección 4, de 2 de junio del 2015. Esta resolución tiene su origen en el recurso que había interpuesto ante el TSJ de Andalucía contra el Decreto 291/2010, de 11 de mayo, por el que se inscriben en el en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural los yacimientos de la desembocadura del río Algarrobo, en Algarrobo y Vélez-Málaga. Como consecuencia de dicha inscripción habían quedado afectados los terrenos del recurrente ante la Sala de Andalucía.

El TSJ de Andalucía estimó el recurso por entenderque se había producido la caducidad del procedimiento que dio lugar a aquel Decreto por cuanto, iniciado el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural en el año 1980, la Administración debió concluirlo en el plazo de veinte meses establecido en el artículo 9.3 de la Ley de Patrimonio Histórico del Estado. No obstante, la Junta de Andalucía recurre en amparo al considerar que la normativa que rige este supuesto es la Ley de 13 de mayo de 1933 que no establecía plazo alguno para resolver los expedientes.

El TS recuerda que la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español que derogó la citada ley e incluyó una Disposición Transitoria Sexta en cuyo apartado se señala “ la tramitación y efectos de los expedientes sobre declaración de bienes inmuebles de valor histórico—artístico incoados con anterioridad a la entrega en vigor de esta ley se regirán por la normativa en virtud de la cual han sido iniciados, pero su resolución se efectuará en todo caso mediante Real Decreto, y con arreglo a las categorías previstas en el artículo 14.2 de la presente ley”. 

El TS considera que en este caso resulta de aplicación la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, que desde la sentencia de 10 de febrero de 1999 (recurso núm. 5355/1991 ), señala “lleva necesariamente a la conclusión de que (...) el expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de veinte meses a partir de la fecha en que hubiera sido incoado, lo cual deberá ser interpretado en el caso presente como el plazo máximo de veinte meses a partir de la entrada en vigor de la Ley 16/1985, dado que la propia Ley de Patrimonio ha limitado el período de tiempo de tramitación de tales expedientes, añadiendo que la caducidad se producirá transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora ". 

Asimismo el TS considera que no puede declararse la caducidad sobre la base de lo establecido en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,  como alegaba la Junta de Andalucía, cuya disposición transitoria obligaba a terminar en el plazo de tres años, a contar desde su entrada en vigor, los procedimientos entonces en trámite dirigidos a la declaración de Bienes de Interés Cultural sitos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y esto es porque  la aplicación de esta ley autonómica está condicionada a que al procedimiento mismo le resulte de aplicación la Ley 16/1985, de 25 de junio, lo que no concurre en este caso en la medida en que esta última norma legal excluía a los expedientes iniciados antes de su entrada en vigor.

Por lo tanto, el TS concluye que resulta de aplicación al caso la Ley 16/1985, de 25 de junio y, concretamente, su artículo 9.3, a cuyo tenor "el expediente deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a partir de la fecha en que hubiere sido incoado", de manera que "la caducidad del expediente se producirá transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora y siempre que no haya recaído resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia ". En consecuencia, el experiente ha de reputarse caducado.  Texto completo. 

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