Viernes, Enero 17, 2020

REPOSITORIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • STC 200/2015: Principio de autonomía local y competencias en materia de función pública y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico sobre integración de los auxiliares de policía local (STC 175/2011).

 

En la Sentencia 200/2015, de 24 de septiembre de 2015 (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2015) el Tribunal Constitucional resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 4 de Zaragoza sobre la disposición transitoria segunda, apartados 2 y 3, en relación con los arts. 22, 25 y 26, de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación de las policías locales de Aragón, por posible vulneración de los arts. 137, 140 y 149.1.18 CE y 51.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad (LOFCS). 

En cuanto al primer motivo de inconstitucionalidad relativo a la disposición transitoria segunda de la Ley autonómica el Tribunal lo rechaza considerando que desde la perspectiva de la autonomía local constitucionalmente garantizada, no merece reproche alguno que el status de los auxiliares de policía que no lleguen a integrarse en el cuerpo de policía local quede acotado en la situación administrativa de “a extinguir” tal y como prevé la Ley autonómica.

Distinta es la solución a la que llega el Tribunal con respecto a los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria segunda de la Ley de Aragón 8/2013. Estas disposiciones autonómicas exigen para la integración de los auxiliares de policía contar en todo caso con la titulación correspondiente, y dejar en situación de “a extinguir” a aquellos que no cumplan este requisito. El órgano judicial que planteó la cuestión de inconstitucionalidad y, a continuación, el TC entienden que con ello se vulnera la competencia que el art. 149.1.18 CE atribuye al Estado para dictar las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, ejercida mediante la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, añadida por el art. 61 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. La citada disposición estatal regula, con el expreso carácter de base del régimen estatutario de los funcionarios públicos (art. 149.1.18 CE), la promoción interna mediante concurso-oposición desde el grupo D al grupo C sin disponer de la titulación necesaria, siempre que se cuente con una antigüedad de diez años, o de cinco más la superación de un curso de formación. En consecuencia, la normativa que “establece una dispensa de un requisito de titulación en materia de promoción interna de funcionarios públicos, en este caso de la Administración local, que únicamente corresponde regular al Estado” vulnera el orden constitucional de distribución de competencias, por entrar “en contradicción con las normas básicas de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, incidiendo, por consiguiente, en un ámbito competencial reservado al Estado por el art. 149.1.18 CE”. No ofrece pues duda alguna la competencia del Estado, ex art. 149.1.18 CE, para establecer los requisitos de titulación en materia de promoción interna, competencia que comprende asimismo la determinación de los supuestos de dispensa de titulación, como excepción a la regla general (FJ 4).

Por lo anterior, el TC estima la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1795-2015 y, en consecuencia, declara la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria segunda de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación de policías locales de Aragón.

Texto completo. 

 

 

 

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