Viernes, Enero 17, 2020

REPOSITORIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • STC 41/2016: Autonomía local, competencias sobre hacienda general y régimen jurídico de las Administraciones públicas: nulidad de los preceptos legales que autorizan al Estado a compensar determinadas deudas contraídas por las Comunidades Autónomas con los créditos resultantes de su sistema de financiación, establecen el régimen transitorio de asunción autonómica de las competencias municipales sobre salud y servicios sociales, disolución de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio y mancomunidades de municipios; interpretación conforme de la disposición relativa a la asunción autonómica de competencias municipales en materia de educación.
  • STC 40/2016: Principio de pluralismo, derecho a la participación política y autonomía local: extinción del recurso de inconstitucionalidad por derogación de la norma con rango de ley impugnada.

 

En la muy importante Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016 (BOE núm. 85, de 8 de abril de 2016), el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

La Sentencia anula los preceptos legales que: a) autorizan al Estado a compensar determinadas deudas contraídas por las Comunidades Autónomas con los créditos resultantes de su sistema de financiación; b) establecen el régimen transitorio de asunción autonómica de las competencias municipales sobre salud y servicios sociales, disolución de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio y mancomunidades de municipios; y procede a una interpretación conforme de la disposición relativa a la asunción autonómica de competencias municipales en materia de educación.

Texto completo.

Presentación/comentario a cargo del Prof. Velasco Caballero sobre los puntos más trascendentes de la STC 41/2016.

 

En la Sentencia 40/2016, de 3 de marzo de 2016 (BOE núm. 85, de 8 de abril de 2016), el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora del Pueblo en relación con varios preceptos del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.

La Defensora del Pueblo considera inconstitucional la sustitución del pleno por la junta de gobierno o por el alcalde tras no alcanzarse en una primera votación plenaria la mayoría necesaria para presentar la solicitud de acogerse a las citadas medidas de ajuste, pues, a su juicio, tal previsión desautoriza la gestión democrática de los municipios al sustituir la decisión del pleno por otra tomada por un órgano con menor legitimidad democrática y que, según afirma, cuenta con atribuciones presupuestaria de carácter ejecutivo, pero no de naturaleza decisoria. En consecuencia, la recurrente sostiene que la disposición impugnada vulnera lo previsto en los arts. 1.1 y 23 CE, así como el principio de autonomía local garantizado en los arts. 137 y 140 CE, toda vez que la aprobación del presupuesto y sus modificaciones son atribuciones del pleno municipal, expresión económica de la autonomía local, que no pueden ser trasferidas a la junta de gobierno o al alcalde invocando exigencias de equilibrio presupuestario y viabilidad financiera.

El Tribunal admite que el recurso tiene por objeto una cuestión de estricto contenido sustantivo, pues lo que se plantea exclusivamente es si la disposición impugnada vulnera los arts. 1.1, 23, 137 y 140 CE al prever la sustitución de una decisión del pleno por otra de la junta de gobierno o, en su caso, del alcalde, cuando no se alcance en el pleno la mayoría necesaria para acogerse a determinadas medidas de ajuste previstas en el Real Decreto-ley 8/2013. No obstante, el Tribunal no entra a enjuiciar a fondo la supuesta inconstitucionalidad de estas previsiones porque la norma se derogó por la voluntad del legislador mediante el art. 1, apartado 38, de la Ley 27/2013. En consecuencia, el Tribunal aplica su doctrina respecto del recurso de inconstitucionalidad según la cual, al tratarse de un recurso abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento, la pérdida de vigencia del precepto legal impugnado determinará la pérdida de objeto del recurso (FJ 4).

Texto completo.

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