Viernes, Enero 17, 2020

REPOSITORIO

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

  • AJCA núm. 11 de Madrid 109/2016. Adopción de la medida cautelar de suspensión de la resolución de la Delegada de Gobierno en Madrid, por la que se prohíbe la exhibición de banderas esteladas en la final de la Copa del Rey.
  • SJCA núm. 2 de Tarragona 22/2016. Declaración de nulidad de pleno derecho del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de L’Aldea, por el que se adopta la “Moció en defensa de Catalunya com a nou Estat d’Europa”.

 

AJCA núm. 11 de Madrid 109/2016, de 20 de mayo.- Mediante este auto resuelve el juez la solicitud de medidas cautelares en el marco del proceso para la protección de los derechos fundamentales, en que se impugna la decisión de la Delegada de Gobierno en Madrid de prohibir la introducción en el Estadio Vicente Calderón la entrada de banderas esteladas durante la final de la Copa del Rey.

La decisión se fundamenta en la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por entender que puede quedar distorsionado el buen desarrollo del partido, pudiendo producirse alteraciones graves de la seguridad ciudadana o el orden público, en atención al evento, lugar, equipos, aficiones, antecedentes y sanciones anteriores. Por su parte, la recurrente entiende que la estelada no puede considerarse incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2007, y que su exhibición se encuentra amparada por las libertades de expresión e ideológica. La no adopción de la medida cautelar causaría así perjuicios de imposible reparación y se consolidaría definitivamente la infracción de derechos fundamentales.

El juez recuerda que el criterio fundamental para la adopción de medidas cautelares es el periculum in mora, teniendo presente que en la ponderación de intereses enfrentados deberá tener una importancia superior el interés del solicitante de la medida. Asimismo, aprecia el fumus boni iuris, pues no parece que, en principio, la exhibición de banderas pueda constituir o generar “violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en el deporte”. Y señala que “la democracia implica pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en que ésta pueda manifestarse, siempre que esa expresión sea, a su vez, respetuosa con los derechos de los demás”.

Dado que la Administración no ha probado debidamente la grave afectación de los intereses generales o de tercero por la adopción de la medida, y atendido que no adoptarla haría perder la finalidad legítima del recurso, con lesión de derechos fundamentales, el juez adopta la medida de suspensión de la resolución de la Delegada de Gobierno.

No obstante, desestima la adopción de la medida consistente en ordenar a la Delegada de Gobierno que emita una nueva orden declarando que las banderas no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2007, al tratarse de una medida positiva cuya justificación no ha sido suficiente.

Texto completo.

 

SJCA núm. 2 de Tarragona 22/2016, de 20 de enero.- La Subdelegación del Gobierno en Tarragona impugna el Acuerdo del Pleno de L’Aldea, por el que se adopta la “Moció en defensa de Catalunya com a nou Estat d’Europa”. Esta moción, entre otras cosas, declara el municipio como “territorio catalán, libre y soberano”; se compromete a trabajar para lograr una mayoría para alcanzar un estado propio; insta al Parlamento catalán a someter a votación una declaración unilateral de independencia; y que mientras dure el proceso se adopte la estelada como símbolo adicional en la fachada del Consistorio, en la sala de plenos y en los actos oficiales.

La juez comienza recordando que las potestades administrativas de las entidades locales son las tendentes al cumplimiento de los fines que la legislación de régimen local confiere a las entidades locales, en cumplimiento de los arts. 137 y 140 de la Constitución. Además, las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos (art. 6 LBRL). Según la jurisprudencia constitucional, la autonomía local es un poder limitado y nunca expresión de soberanía, pues se encamina únicamente a la autonomía en la gestión de los intereses locales en el marco de las competencias que las leyes otorguen a las entidades locales.

Por ello, entiende la juez que entre estas competencias o finalidades no se encuentra  “la promoción, difusión o propaganda de proyectos políticos cuya defensa viene atribuida a entes u organizaciones en los que el ordenamiento delega funciones de formación o manifestación de la voluntad popular”. La objetividad y el sometimiento a la ley implican que deben ser “entes independientes y no instrumentales ni tributarios de organización social, religiosa, ideológica o política alguna”, pues ello se traduce en el menoscabo del interés general. Quienes deben encauzar estas preferencias son los partidos políticos.

Por ello, tras analizar jurisprudencia del TC, TS y TSJ del País Vasco, declara la nulidad de pleno derecho del Acuerdo, por manifiesta incompetencia del Ayuntamiento. No obstante, señala también que éste es contrario a los arts. 1, 2, 9 y 168 de la Constitución.

Texto completo.

 

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