Personas mayores en una sociedad digital ¿cómo favorecer la inclusión digital desde el ámbito local?
El proceso de digitalización de la vida cotidiana lleva años transformando las sociedades contemporáneas, sin embargo, sus efectos no se han distribuido de manera neutra ni homogénea sobre la población. Si bien la digitalización de las sociedades ha incrementado la conexión entre personas y ha ampliado las posibilidades de acceder a información y servicios; también, ha contribuido a la reproducción y aumento de desigualdades entre quienes tienen la capacidad de acceso y aprovechamiento efectivo de la tecnología, y quienes presentan barreras para hacerlo. La digitalización como otros procesos de transformación social, ha traído consecuencias no deseadas traducidas en nuevas formas de desigualdad y exclusión. Es por ello, que la imposibilidad de ser participe pleno de la sociedad digital no es una mera cuestión de acceso a los dispositivos tecnológicos, sino que se considera una forma de exclusión tanto digital como social [1] [2] [3] [4] [5].
En este sentido, cuando hablamos de exclusión digital nos referimos a la situación en la que determinados individuos o grupos se encuentran en desventaja respecto al acceso, uso competente y aprovechamiento efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – en adelante TIC – [6] [7]. Dicha exclusión no se limita únicamente a la carencia de infraestructuras o conectividad (brecha de acceso), sino que abarca dimensiones relacionadas con las competencias digitales (brecha de uso), la capacidad de utilizar de manera significativa estos recursos y de beneficiarse de las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas que ofrecen (brecha de aprovechamiento) [1] [8] [9]. En consecuencia, la exclusión digital contribuye a reproducir y ampliar desigualdades socioeconómicas preexistentes, afectando de manera especial a los grupos con menor nivel educativo o ingresos reducidos [10] [11] [12] y limitando su participación plena en la sociedad del siglo XXI. Por tanto, podemos decir que la exclusión digital es una forma de exclusión social y como tal es necesario tomar medidas para su reducción.
Existen múltiples colectivos sociales vulnerables ante este fenómeno, algunos de los más señalados en la literatura académica son las personas mayores, las migrantes, las que padecen discapacidad, aquellas que viven en entornos rurales o quienes presentan limitaciones socioeconómicas [7][11][12] [13].
En el caso de España, el colectivo más afectado por la exclusión digital son las personas mayores. Según datos del ONTSI (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad) en su Informe La Sociedad Digital 2026 el 57% de la población considera que las personas mayores son las más amenazadas por la brecha digital y, de hecho, la Fundación Ferrer i Guàrdia (2025) reveló que el 67% de las personas mayores de 60 años en España sufre de brecha digital, lo que potencialmente sitúa a este colectivo en riesgo de exclusión [14].
Hay ciertas barreras específicas que presenta este grupo etario que le hace especialmente vulnerable. El proceso de envejecimiento ligado a una mala implantación de la tecnología tanto a nivel empresa, como a nivel administración pública, reduce la autonomía e independencia de las personas. Los y las mayores se ven atravesadas por dobles barreras, en primer lugar, las extrínsecas o socioeconómicas, todas aquellas que tienen que ver con el nivel de estudios, los ingresos, vivir en soledad, habitar en entornos rurales o poco poblados. Y, en segundo lugar, las barreras intrínsecas o propias del envejecimiento, es decir, cuestiones como el estado de salud, padecer enfermedades crónicas, o factores más psicológico-conductuales como la falta de interés o el miedo a la tecnología [15]. Otro hecho fundamental cuando hablamos de este colectivo es el factor dependencia y cómo este reduce la autonomía para el desempeño de actividades cotidianas produciendo una barrera clave para la inclusión digital.
Llegados a este punto cabe preguntarnos qué se puede hacer desde las instituciones públicas para impulsar y apoyar una inclusión digital efectiva y orientada a las necesidades de las personas mayores. Actualmente, en España, el Plan Nacional de Competencias Digitales 2025 reconoce al colectivo de personas mayores como potenciales excluidos y sobre todo señala que se deben implantar medidas de formación e inclusión digital concretas.
Desde el ámbito de los gobiernos locales se abre una oportunidad para tomar la iniciativa de la inclusión digital. A nivel de la administración local es más fácil detectar vulnerabilidades y necesidades concretas de la ciudadanía, principalmente por la proximidad que tienen a los y las vecinas. Este hecho supone una ventaja comparativa frente a niveles superiores de la administración y debería ser explotado. Además, algunas de las áreas sobre las que más competencias tienen los municipios son las relacionadas con servicios sociales, atención ciudadana, gestión de los espacios públicos como bibliotecas o centros de mayores, etc. Esto quiere decir que la gestión del espacio público y las actividades que se desarrollan en él son responsabilidad directa de los ayuntamientos. Si bien en el ámbito municipal muchas veces las limitaciones presupuestarias no permiten llevar a cabo proyectos de gran envergadura, si tienen una posición privilegiada para generar colaboración con otros actores sociales como el tercer sector, asociaciones vecinales, asociaciones de personas mayores, empresas e incluso otras administraciones.
Alguna iniciativa que se puede implementar y que, de hecho, algunos ya han puesto en marcha, son los espacios de acompañamiento digital personalizado; como es el caso de los Puntos Vuela en Andalucía. Son espacios a los que las personas mayores pueden acudir y se les ayuda a realizar trámites con la administración, a manejar dispositivos tecnológicos, a gestionar las citas sanitarias, etc. Generando un especial impacto positivo entre aquellas personas mayores que sufren de soledad no deseada o que no tienen una red de apoyo a la que acudir. Estos espacios son gestionados multilateralmente entre la administración autonómica y los ayuntamientos con ayuda en algunos casos del tercer sector. También existen iniciativas con enfoque de empoderamiento digital como SeniorLab del Ayuntamiento de Conellà de Llobregat que invita a las personas mayores a participar en la toma de decisiones sobre digitalización y romper las barreras que se atribuyen a la edad y la tecnología [14].
El fenómeno de la brecha digital y la consiguiente exclusión sociodigital en personas mayores debe abordarse por parte de las instituciones no solo como un problema de competencias y capacidades digitales, sino también como una cuestión de inclusión social y de construcción de autonomía, cuyo fin último debe ser garantizar una ciudadanía plena para todas las personas. Por ello, la inclusión digital de las personas mayores es una responsabilidad común de las administraciones públicas y, en especial, desde el ámbito local tienen la oportunidad de desempeñar un papel estratégico en la inclusión, debido a su proximidad con ciudadanía, su capacidad de detección de necesidades y su potencial para articular redes de colaboración con otros actores sociales.
Marta Raposo Fernández
Personal investigador
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
www.linkedin.com/in/martaraposofernandez
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-7253-4785
Referencias:
[1] Olarte Encabo, S. (2017). BRECHA DIGITAL, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL. Temas Laborales, 138/2017, 285–313. http://www.chemheitage.org/explore/ASIS_documents/ASIS98_Hayes.pdf-
[2] Schou J. y Pors A.S. (2019) “Digital by default? A qualitative study of exclusion in digitalised welfare”. Soc Policy Admin. 53: 464–477. https://doi.org/10.1111/spol.12470
[3] Buchert, U., Kemppainen, L., Olakivi, A., Wrede, S., & Kouvonen, A. (2023). “Is digitalisation of public health and social welfare services reinforcing social exclusion? The case of Russian-speaking older migrants in Finland.” Critical Social Policy, 43(3), 375-400.
[4] Sheldrick, A. (2023). Digital exclusion and distance in the British welfare system. Geoforum, 147, 103883.
[5] Manzanera-Román, S., Haz-Gómez, F. E., y López-Martínez, G. (2025). “Exclusión digital y derechos de las personas mayores en la administración digital.” Revista Prisma Social, 51, 88–107. https://doi.org/10.65598/rps.5931
[6] Van Dijk, J. A. G. M. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34, 221–235. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2006.05.004
[7] Norris, P. (2001) Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.
[8] Martínez-Cantos, J. L., y Castaño, C. (2017). La brecha digital de género y la escasez de mujeres en las profesiones TIC. Panorama Social, 25, 49–65.
[9] Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT]. (2022). Nuevo índice de acceso digital. https://www.itu.int
[10] Cecchini, S. (2005). Oportunidades digitales, equidad y pobreza en América Latina: ¿Qué podemos aprender de la evidencia empírica? CEPAL.
[11] Helsper, E.J. (2012) ‘A corresponding fields model for the links between social and digital exclusion’, Communication Theory, 22(4), pp. 403–426. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2012.01416.x
[12] González-Benito, A., Gutiérrez-de-Rozas, B. y Otero-Mayer, A. (2022) ‘La brecha digital como factor de exclusión social: Situación actual en España’, Cuestiones Pedagógicas, 2(31), pp. 103–128. https://doi.org/10.12795/CP.2022.i31.v2.06
[13] Raya, E. y Merino, L. (2004). “Brecha digital, exclusión social y sociedad del conocimiento”. Comunicación presentada en el II Congreso online del Observatorio para la cibersociedad: ¿Hacia una sociedad del conocimiento?
[14] Fundación Ferrer y Guàrdia. (2025). Retos de las personas mayores frente a la transformación digital: La exclusión digital como forma de exclusión social. Informe 2025.
[15] Mesa del Olmo, A. y Raposo Fernández, M. (2025). Estrategias de innovación digital para una mejor salud: mayores conectados. En M. Hernández-Pedreño (coor) Inclusión digital. Investigación, estrategias y respuestas desde la acción, la educación y las políticas públicas (pp. 519-526). DYKINSON.