Blog Especial Elecciones Municipales 2015

Elecciones municipales: las dimensiones de voto del pasado

José Ramón Montero
Catedrático de Ciencia Política
Universidad Autónoma de Madrid

Antes del cambio de ciclo que se avecina el domingo 24 de junio, conviene echar la vista atrás para despedirse de las pautas electorales que muy probablemente van a modificarse. Esas pautas están encuadradas en las denominadas dimensiones del voto, es decir, en las principales características de los resultados de las elecciones municipales desde 1979. Nos fijaremos especialmente en las de 2011. Y recordaremos muy brevemente cuatro dimensiones básicas: los niveles de representación de los partidos, la fragmentación partidista, la volatilidad electoral y las transferencias de votos. Los datos agregados proceden del Ministerio del Interior, y los individuales de las encuestas depositadas en el Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

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Ayuntamientos gobernados por el cabeza de la lista más votada ¿avance o retroceso?

Carmen Navarro

Universidad Autónoma de Madrid

¿Quién no ha oído durante la campaña electoral el mantra “debe acceder al cargo de alcalde el cabeza de la lista más votada”? La idea se ha querido asociar a efectos beneficiosos para el sistema político local. En unas ocasiones se ha presentado como fórmula para superar los presuntos males de los gobiernos de coalición, como si éstos estuvieran irremediablemente abocados al fracaso, fueran menos legítimos o no respondieran a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. En otras se ha publicitado como elección directa del alcalde, sistema por la que han optado muchos países europeos a fin de contribuir a la regeneración democrática y/o a reforzar el liderazgo local haciéndolo más efectivo y visible. Pero, incluso planteado en estos términos, el debate está desenfocado; ni las coaliciones rebajan la calidad democrática, ni el modelo que se propone es exactamente el de un alcalde elegido directamente.

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Prestación de los servicios públicos locales: gestión pública vs. “gestión privada”

Mónica Domínguez Martín

Universidad Autónoma de Madrid

La organización, o mejor, la reorganización de todo el sector público español y, en lo que aquí interesa, de la Administración municipal, constituye un tema central en el debate político y jurídico actual. La reforma y racionalización de las estructuras administrativas ocupan una posición central en el debate social y político, así como entre las medidas a adoptar para recortar el gasto público y superar la grave crisis económica y financiera que hemos venido padeciendo. En este contexto, a la Administración ya no sólo se le exige que lleve a cabo las funciones que tiene encomendadas, sino que, además, lo tiene que hacer de manera que sea lo más eficaz posible, con los mejores resultados a los que se pueda llegar y con el menor coste.

Las reformas administrativas se han situado en los primeros puestos de la agenda política a medida que se ha advertido la importancia de la maquinara pública para la realización de las líneas de actuación gubernamentales y su enorme incidencia en el gasto público. Y estas políticas de reforma administrativa se han extendido en todos los países, convirtiéndose en un elemento común de la acción gubernamental. La vigencia de estas afirmaciones se pone de manifiesto cada día en los medios de comunicación y en las intervenciones públicas de nuestros gobernantes.

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¿Cómo mejorar la calidad democrática de nuestros procesos electorales?

Ignacio Molina

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UAM

En vísperas de que acudamos a votar la composición de los ayuntamientos para los próximos cuatro años, merece la pena hacer una reflexión sobre la calidad democrática de los procesos electorales que tienen lugar en España y de qué modo podría, en su caso, mejorarse.

Una primera aproximación formal resulta tranquilizadora pues los índices internacionales al uso puntúan bastante alto la regulación española relativa al sufragio pasivo (los requisitos para registrar partidos y presentar candidaturas no resultan discriminatorios) y al sufragio activo (todos los ciudadanos adultos pueden participar y no existen desincentivos para ejercer el derecho al voto) [1] . Si ahondamos un poco más, e incluimos en el análisis una segunda categoría de elementos no tan procedimentales (como el acceso efectivo a los medios de comunicación durante las campañas o los sesgos producidos por el sistema de financiación de partidos) ya son menos los motivos para estar satisfechos. No obstante, en esos aspectos existe al menos un debate político y periodístico por las quejas de los candidatos que se sienten perjudicados y, por tanto, alguna conciencia de la problemática existente.

Este post, sin embargo, quiere llamar la atención acerca de una tercera dimensión, algo más sofisticada y sobre la que casi nadie ha reparado en España: hasta qué punto los votantes son considerados ciudadanos inteligentes a quienes los partidos no pueden seguir tratando impunemente como menores de edad. Así dicho, parece una declaración ingenua de intenciones, pero algunas de las democracias más avanzadas han acertado en los últimos años a institucionalizar los mecanismos para intentar que las candidaturas se tomen más en serio las campañas. O, si se prefiere, para que no sean tanto los partidos, sino los mismos ciudadanos los que tengan protegida su posición antes de unas elecciones. Aunque hay probablemente más, los mecanismos más citados por los estudiosos para conseguirlo son básicamente dos: someter a todos los candidatos a debates organizados de forma independiente y auditar el rigor de los programas.

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El voto en las elecciones municipales: geometría variable en la oferta del 24 M

Alberto Sanz

Universidad Autónoma de Madrid

Las elecciones municipales y autonómicas en España son consideradas por muchos analistas y actores políticos como una suerte de primer ensayo general o pre-test para a las siguientes elecciones generales. Esta consideración de elecciones nacionales de segundo orden se debe en parte a que una gran mayoría de los ciudadanos sigue votando en clave nacional aunque tenga que optar entre listas (cerradas) de candidatos autonómicos y locales. Además, son consideradas de segundo orden porque la percepción ciudadana de lo que está en juego con el resultado de las elecciones municipales y autonómicas es sistemáticamente menor de lo que se percibe en juego en las elecciones generales. Así, la doble condición de elecciones nacionales pero de segundo orden permite interpretar algunos patrones característicos de los resultados que tienden a aparecer en este tipo de elecciones. El principal de ellos consiste en que los partidos minoritarios ganan sistemáticamente una mayor representación, lo que se atribuye a mecanismos institucionales y de motivación de los votantes.

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Las elecciones locales como procesos de deliberación pública: discutir sobre proyectos, no sobre personas

Elena García Guitián

Universidad Autónoma de Madrid

En el contexto actual, en el que se da por hecho que nos hallamos ante una seria crisis institucional, la celebración de elecciones locales constituye uno de los procesos de participación ciudadana más importantes, que, sin embargo, tiende a menospreciarse. La utilización de una simplista dicotomía: “democracia representativa” versus “democracia participativa”, oscurece el hecho de que los procesos electorales generan espacios de deliberación pública y participación ciudadana muy inclusivos, porque involucran a la mayoría de los ciudadanos.

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Gasto y volumen poblacional, la eterna cuestión del tamaño de los municipios

Alba Viñas Ferrer  (avinas@pisunyer.org) y Esther Pano Puey (epano@pisunyer.org)

Fundación Carles Pi i Sunyer

La cuestión del tamaño de los municipios, esencialmente medido en términos de población, ha sido un elemento recurrente en el debate sobre la estructura y la planta local en España. Se trata, de hecho, de una línea de preocupación que ha estado presente en la mayor parte de las discusiones sobre esta materia a nivel comparado. Un número importe de estados han acometido, en un momento u otro, un proceso de fusión municipal bajo la premisa fundamental de mejorar los costes en la prestación de servicios y construir unidades administrativas más capacitadas para prestar servicios públicos. Los casos más recientes son los de Francia, Grecia, Italia y Portugal que como consecuencia de la crisis económica y las presiones europeas, aprobaron medidas para reformular la estructura territorial en 2014, la primera, y en 2010 el resto. De hecho, Suecia, Noruega, Bélgica y Alemania ya habían impulsado iniciativas de ese tipo en los años 70.

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Reflexiones sobre el futuro de los grupos de interés en las ciudades españolas

Iván Medina

Universidad de Valencia

Existe una curiosa paradoja cuando nos referimos a la conexión entre las organizaciones representativas de intereses (o grupos de interés o asociaciones políticas) y el mundo local: aunque los fundamentos teóricos de la teoría de los grupos de interés provienen de estudios locales (por ejemplo, Dahl elaboró su idea de poliarquía en el marco de una investigación sobre New Haven en EEUU), es complicado referirse con meridiana claridad a cómo se organizan, se movilizan e influyen los intereses organizados en la política local. Al respecto, podríamos decir que esta dificultad responde a cuestiones numéricas (cada municipio plantea un patrón de gobernanza diferente), de ecología (el número y tipos de grupos es variable entre municipios), de estructura social y económica (cada municipio origina un cierto tipo de conflicto), de cultura política (la relevancia del asociacionismo es variable a lo largo del territorio) y de acción colectiva (en tanto que las fronteras entre partidos, grupos de interés y movimientos sociales no son tan evidentes a nivel local).

El propósito de este comentario no es resolver este puzzle teórico-conceptual; lo que pretendo aquí es apuntar una serie de preocupaciones acerca de cómo pueden llegar a evolucionar los grupos de intereses locales y cómo ello puede afectar al buen equilibrio democrático entre los diversos actores y formas de articulación de intereses.

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Algunas pistas para entender las elecciones locales en clave provincial

Mayte Salvador Crespo

Universidad de Jaén

Las Diputaciones Provinciales son los órganos de gobierno de la provincia y a día de hoy cuentan con una historia de más de 200 años desde su concreción en la Constitución de Cádiz de 1812 que reorganiza el sistema de administración territorial del Estado. En el año 1833 se aprueba una nueva configuración en provincias que ha permanecida prácticamente inalterada hasta nuestros días.
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales -Madrid, Región de Murcia, Cantabria, Principado de Asturias, Navarra y La Rioja- no hay Diputaciones Provinciales porque las competencias de la diputación son asumidas por la propia Comunidad Autónoma. En las provincias y Territorios Históricos del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), el órgano de gobierno y administración es la diputación foral. A diferencia de las diputaciones provinciales, son órganos de elección directa. En las islas no existen las diputaciones provinciales, porque al frente de cada isla o agrupación de islas hay un consejo insular en Baleares, y un cabildo insular en Canarias. Pero en el resto de comunidades autónomas las diputaciones se configuran como órganos de elección indirecta, ya que su composición se establece a partir de los resultados de las elecciones locales, en las que se eligen los representantes políticos de los ayuntamientos.

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