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El IBI también es cosa de Europa: Mielec y las ayudas de Estado fiscales

By 18 noviembre, 2026No Comments

La sentencia Mielec y el IBI ferroviario: por qué la exención del TRLRHL encaja en el régimen de ayudas de Estado

 

Frontera del ff.cc entre España y Portugal. Linea ferroviaria Madrid-Lisboa. RENFE traviesa y tirafondos lado izquierdo. CP lado derechoEl 29 de abril de 2025, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió el Asunto C-453/23, Mielec, sobre la no determinación como una ayuda de Estado tributaria de la exención prevista en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) polaco para los terrenos, edificios y construcciones que forman parte de la infraestructura ferroviaria (ya sea de titularidad pública o privada) puesta a disposición de los transportistas ferroviarios. Esta jurisprudencia tiene impacto directo en las Haciendas Locales españolas, puesto que el art. 62.1.g) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) contiene una exención sustancialmente idéntica. Esta entrada explica por qué la sentencia Mielec legitima la exención española, los problemas que plantearía aplicar la tesis que sostuvo el Gobierno de España en el litigio y por qué, a mi entendimiento, Mielec no obliga a repensar el caso Navantia. 

Entrando de lleno en el litigio, lo acontecido fue que el Alcalde del municipio de Mielec (Polonia) denegó a una empresa privada la exención descrita por entender que suponía una ayuda de Estado no notificada a la Comisión Europea ex. art. 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

El TJUE parte del test clásico de tres etapas en la identificación de la selectividad de una ayuda de Estado, quedándose en la primera: la identificación del sistema, régimen o marco «normal» o «de referencia» del tributo. En síntesis, y siguiendo su línea jurisprudencial anterior —casos Fiat, Engie, Amazon, etc.—, este régimen normal debe

definirse mediante un análisis objetivo de las normas domésticas, sin acudir a «extracciones artificiales» de marcos normativos más amplios ajenos al derecho doméstico. Por ello, una exención general y abstracta como la del litigio no puede calificarse automáticamente como una ayuda de Estado ilegal, pues se debe presumir como inherente al régimen «normal», ya que los Estados conservan su autonomía en materia de fiscalidad directa, lo que les permite perseguir, junto al fin presupuestario, otros objetivos extrafiscales mediante la tributación. 

Así, el TJUE da amparo legal a la introducción de fines extrafiscales, pero con límites. Por un lado, que el régimen normal haya sido diseñado con parámetros manifiestamente discriminatorios para eludir el Derecho de ayudas de Estado (selectividad de facto, como en el caso Gibraltar) o que la exención esté reservada únicamente a un grupo de empresas por su capital, tamaño, volumen de facturación, sector económico, etc. Así, si las condiciones son neutras desde el punto de vista de la competencia, forman parte del régimen normal: la ayuda de Estado es compatible cuando su concesión se hace a un «grupo homogéneo» de empresas según su naturaleza o actividad económica (titulares de vías ferroviarias en el caso) pero que, dentro de aquellas, se pueda acoger a la misma un «grupo heterogéneo». 

En el caso del IBI español, el art. 62.1.g) TRLRHL exime del pago del impuesto a los titulares de terrenos ocupados por líneas ferroviarias y a los edificios enclavados en los mismos dedicados a estaciones, almacenes o cualquier otro servicio indispensable para la explotación de tales líneas, excluyendo así a los destinados a la hostelería, espectáculos, comercios, viviendas de empleados, oficinas e instalaciones. Así, la exención española sigue el mismo esquema que la polaca: una exención general y abstracta, definida por un criterio funcional o de actividad (el uso ferroviario) y no por la titularidad del beneficiario (pues se abre a entidades privadas y públicas), el sector económico (no supedita el tipo de transporte que se haga por tren: comercial, civil, de determinadas mercancías, etc.) o el tamaño o forma jurídica de la empresa. Además, las exclusiones previstas en la exención (hostelería, comercio, etc.) refuerzan la compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado, al establecerse una exención neutra. 

Sin embargo, el Gobierno de España intervino en el asunto Mielec y sostuvo una postura inadmisible: la empresa del litigio solo poseía un ramal de derivación particular que no entraba en el ámbito de aplicación del concepto de «infraestructura ferroviaria» de la Directiva UE 2012/34, por lo que no podía acogerse a tal exención. El TJUE, como no podía ser de otra manera, rechaza de plano tal alegación, puesto que tal norma únicamente regula la gestión de la infraestructura ferroviaria, la concesión de licencias de explotación y el pago de cánones, por lo que es irrelevante en el campo de aplicación de la normativa de las ayudas de Estado y la fiscalidad. Por tanto, el problema en España sería evidente, puesto que el TRLRHL no deriva a tal Directiva. Si la exención se aplicase como sostenía el Gobierno, dejaría fuera, por ejemplo, los ramales particulares de minas, centrales, instalaciones industriales, etc., lo que estrecharía el círculo de beneficiarios hacia una categoría definida por el sector económico, lo que conculcaría la doctrina fijada en Mielec (dentro de ese «grupo homogéneo» de beneficiarios por la actividad económica —los titulares de vías ferroviarias—, no se estaría concediendo la exención a un «grupo heterogéneo»). En este supuesto, la medida sí podría ser calificada como selectiva, con riesgo de ser declarada contraria a la prohibición de ayudas de Estado ex. art. 107 TFUE, lo que conllevaría la recuperación de la misma por parte de las entidades locales con los subsiguientes intereses. 

Por otro lado, tras la sentencia Mielec, se ha apuntado que, al integrarse fines extrafiscales dentro del sistema «normal», los beneficiarios de una exención extrafiscal no serían comparables por definición, de modo que el control de selectividad se diluye en cierta medida y se abriría, también, espacio a reinterpretar exenciones consideradas ilegales con anterioridad, como el supuesto del caso Navantia [1]. Sin embargo, no comparto estas conclusiones totalmente, por las siguientes razones. 

En primer lugar, porque los fines extrafiscales no son una novedad en la identificación del régimen «normal» del tributo. El TJUE ya los tuvo en cuenta en casos anteriores (Kernkraftwerke Lippe o British Aggregates) y la Comisión los explicita en la Comunicación OJ C 262, de 19 de julio de 2016, sobre el concepto de ayuda de Estado. Lo que el Tribunal de Luxemburgo veta es la importación de «extracciones artificiales» de marcos de referencia más amplios y abstractos que son ajenos al Derecho doméstico, como puede ser el principio de plena competencia de la OCDE, si estos no han sido incorporados al mismo. Es decir, lo que no está permitido es el uso de elementos extrínsecos como parámetros normativos que en realidad no son normas jurídicas propias del Derecho doméstico, pero no la incorporación al sistema normal de los mismos: el legislador tiene competencia, en aras de la autonomía en materia de tributación directa, a hacerlo, siempre que respete el régimen de ayudas de Estado. 

En segundo lugar, la doctrina Mielec conserva el test de selectividad, puesto que la exención solo se integra en el régimen «normal» si es neutra, es decir, si sus condiciones no se fijan exclusivamente a un «grupo homogéneo» de empresas por su sector económico, tamaño, titularidad, etc. El caso Navantia, precisamente, no respondía a un criterio neutro o funcional como puede ser el uso ferroviario, sino que fijaba la exención en la titularidad estatal del suelo y en la actividad afecta a la defensa nacional para concederla a un beneficiario efectivo que, en realidad, era una empresa, por muy de titularidad pública que fuese, que competía con otras empresas privadas. 

En tercer lugar, e íntimamente ligado con lo anterior, que el Estado pueda fijar elementos extrafiscales como parte del régimen «normal» no convierte automáticamente una exención en neutra. Si el beneficiario único de la misma es un operador económico en un mercado abierto como lo es Navantia, a efectos del art. 107 TFUE, una empresa pública es idéntica a una privada, pues se debe atender al criterio funcional y no al orgánico. Cuestión distinta son las exenciones a Administraciones Públicas en sentido estricto (Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales, etc.) sobre bienes afectos a servicios públicos o de interés general o nacional, pues en estos casos, en principio, no hay otras empresas que compitan en el mercado o ese interés general justifica el trato discriminatorio, superándose igualmente el test de selectividad en su tercera etapa. La doctrina Mielec incluye a operadores no económicos entre los beneficiarios de tal tipo de exención y toma como presunción de pertenencia al régimen «normal» que se aplique la exención con independencia del sector económico. 

Por tanto, para finalizar, la doctrina jurisprudencial de Mielec respalda la exención idéntica prevista en nuestro IBI para titulares de vías ferroviarias siempre que se interprete con arreglo a nuestro Derecho interno y no con «extracciones artificiales» ajenas y que se aplique a cualquier tipo de empresa titular de tales terrenos, con las excepciones previstas. Por otro lado, no obliga a revisar el caso Navantia, pues el problema nuclear del mismo sí era la selectividad y no los fines extrafiscales. Y, como conclusión práctica a nuestras corporaciones locales: por favor, no nieguen la exención prevista en el IBI. 

 

Manuel Casado García  

Contratado Predoctoral FPI en el área de Derecho financiero y tributario 

Universidad Autónoma de Madrid 

Red social/Orcid ID:
www.linkedin.com/in/manuel-casado-garcía-51881019b

 

Referencias:  

[1] MARTÍNEZ OLMOS, R., “La relevancia de los objetivos extrínsecos en el método de las tres etapas y el control de las ayudas de Estado”, Crónica Tributaria, 200, 2026, pp. 63-94. 

 

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