Jurisprudencia

TC – Personal

By 27 marzo, 2020 No Comments

STC 25/2020. El gasto de personal de la Administración está limitado por la habilitación presupuestaria y por las leyes anuales de presupuestos generales del Estado.

STS 25/2020, de 13 de febrero. El presidente del Gobierno interpone recurso de inconstitucionalidad contra el art. 47.1 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, por fijar una cuantía superior a la permitida en el art. 3.2 del RD-Ley 24/2018. El art. 47 prevé una partida dineraria para el fondo de acción social, destinado a las pólizas de seguros del personal al servicio de la Administración púbica autonómica.

El TC según su doctrina examina las características formales y materiales del precepto impugnado.

En cuanto al carácter formal, el TC declara que el Estado puede establecer normas de contención del gasto al amparo de la atribución competencial del art. 149.1.13 CE. Según la interpretación del Tribunal, estas medidas alcanzan a todo el personal de la Administración pública, pero su carácter coyuntural exige su inclusión en la planificación de la actividad económica (art. 149.1.13 CE). Junto a ello, el TC considera la limitación presupuestaria de las Comunidades que incluye en el art. 156.1 CE, correspondiendo al Estado garantizar el equilibrio económico general. Por lo tanto, el TC concluye que la prohibición de incrementar los gastos de acción social debe considerarse básica, subsumida en los arts. 149.1.13 y 156.1 CE, pues encaja en los objetivos de contención del gasto en personal, priorización de las inversiones, control de la inflación y equilibrio y coordinación en el incremento de las rentas de los empleados públicos.

El TC determina que el gasto de acción social debe respetar las competencias estatales del art. 149.1 CE y que no menoscabe las decisiones del Estado. Por ello, el art. 47.1 de la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (que fija el fondo de acción social) incumple la prohibición del art. 3.2 RD-Ley 24/2018 que establece un tope máximo a las partidas de acción social. Según el TC, este precepto estatal no vacía la competencia autonómica, sino que únicamente limita la cantidad destinada a las pólizas de seguros. Además, la decisión autonómica no puede imponerse al ejercicio de las competencias estatales de los art. 149.1.13 y 156.1 CE. El gasto de acción social está sometido tanto a la habilitación presupuestaria como a las limitaciones sobre incrementos retributivos que fije el legislador estatal en la ley anual de presupuestos generales del Estado.

Por lo tanto, el TC declara inconstitucional el art. 47 de la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, únicamente afectando al exceso respecto de la cantidad dineraria de acción social fijada en la ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma del ejercicio anterior.

Texto completo en la web del Tribunal Constitucional (STC 25/2020 – ECLI:ES:TC:2020:25).