Jurisprudencia

TC – Urbanismo

By 16 marzo, 2020 No Comments

STC 20/2020. El procedimiento de homologación del suelo de la Ley extremeña de suelo es constitucional porque no constituye una norma singular, aplicable a un solo caso.

STC 20/2020, de 10 de febrero. El TSJ de Extremadura promovió cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 11.3.1.b) de la Ley 15/2001, sobre suelo y ordenación territorial de Extremadura, en su redacción dada por la Ley 9/2011, y con respecto a la disposición adicional última de la Ley 9/2011.

El proceso ante el TSJ fue incoado por la Asociación CODA y Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX). CODA y ADENEX fueron recurrentes en los procesos ante el TSJ y el TS que anularon el Decreto 55/2007. Este Decreto aprobaba un proyecto urbanístico de interés regional sobre una superficie de la Red Natura 2000 que tenía la consideración de suelo especialmente protegido, pasando a considerarse suelo urbanizable. Tras las sentencias del TSJ y del TS, la Asamblea de Extremadura aprobó la Ley 9/2011, que incorporó un nuevo párrafo al art. 11 de la Ley 15/2001. El artículo es impugnado junto con la disposición adicional última. El art. 11 de la Ley 15/2001 establece una clasificación del suelo no urbanizable, junto con la inclusión de la posible transformación del suelo correspondiente a la Red Natura 2000. Asimismo, la disposición adicional última establece el procedimiento de homologación del suelo, que podrá ser iniciado de oficio por los Ayuntamientos, el consejero competente o promotores en los proyectos de interés regional.

El TC concluye con la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad y la pérdida parcial del objeto de la cuestión. El art. 11.3.1.b), párrafo segundo, de la ley 15/2001 fue declarado inconstitucional en la STC 134/2019, quedando disipada la duda planteada en la cuestión de inconstitucionalidad. Asimismo las SSTC 134/2019 y 152/2019 desestimaron la impugnación de la disposición adicional única de la Ley 9/2011.

Las partes sostienen la inconstitucionalidad de los preceptos señalados basándose en la relación entre las fechas de las sentencias anulatorias del Decreto que aprobaba la transformación del suelo no urbanizable (marzo de 2011) y la nueva ley (marzo de 2011). De esta forma, la ley cuestionada sería una ley singular, prevista para un caso específico. El TC desestima la pretensión remitiéndose al FJ 5 de la STC 134/2019. El TC resolvió que la norma no era autoaplicativa en cuanto regula un procedimiento por el que se dictará un acto administrativo aprobando o no la homologación del terreno, por lo que no es ejecutivo únicamente en el caso concreto. En segundo lugar, los legitimados para iniciar el procedimiento de homologación son los Ayuntamientos para instrumentos de ordenación urbanística, el consejero competente o los promotores, por lo que existe una pluralidad de sujetos. Por último, no se trata de una norma creada en atención a un supuesto de hecho, sino que se refiere a “la ordenación del territorio y de ordenación urbanística vigente en la entrada en vigor de la ley”. Por lo tanto, la disposición adicional última no agota su eficacia en el caso concreto.

Texto completo en la web del Tribunal Constitucional (ECLI:ES:TC:2020:20).