Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 22 octubre, 2018 No Comments

STS 82/2018: Operatividad del artículo 26 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 y la responsabilidad patrimonial ante la demolición de edificaciones por la nulidad del planeamiento urbanístico. El caso de la playa de La Arena de Arnuero (Cantabria). 

STS 82/2018, de 24 de enero: El Tribunal Supremo estima los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Arnuero y por el Gobierno de Cantabria contra la sentencia de 17 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra la resolución del Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2013 por la que se estima parcialmente la reclamación de los daños y perjuicios que se le habían ocasionado a Inmobiliaria Arnuero S.A. por la demolición de la urbanización por ella construida en dicho termino municipal; además, también se impugnaba la desestimación tácita de la reclamación que por el mismo concepto se había efectuado al Ayuntamiento de Arnuero. 

El Tribunal Supremo confirma que se debe indemnizar a la sociedad recurrente pero no por los conceptos que se manejaron en la Sala de instancia. La demolición que origina el litigio se produce por la anulación de las modificaciones de las Normas Subsidiarias y del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Arnuero y de las licencias de urbanización basadas en dichas modificaciones para poder construir 144 viviendas en la playa de La Arena de Arnuero. Por todo esto se ordenó la demolición de la urbanización ya edificada. 

La discusión sobre la indemnización de los daños por dicha demolición que se produjo en la Sala de instancia giraba en torno a qué párrafo del artículo 26 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 operaba para este caso. Sin embargo, el Tribunal Supremo va aclarar que dicho artículo regula una situación diferente, ya que a la recurrente en instancia no se le ha reconocido un derecho ni a la transformación ni a la edificación, básicamente porque los actos en los que se basaron las edificaciones fueron declarados nulos. En definitiva, no se puede resarcir por la pérdida de un derecho que no se ostentaba pues estaríamos hablando de un enriquecimiento ilegítimo. 

El supuesto se encuadra, entonces, como un caso de responsabilidad patrimonial; por lo tanto la indemnización debe calcularse con los gastos real y efectivamente realizados ocasionados por unas edificaciones ilegales pero que fueron construidas bajo el amparo de unos títulos administrativos legítimos en su momento, generando, de esta manera, una confianza legítima. Por ello «debe mantenerse la cuantía fijada por la Sala de instancia para la demolición de las obras construidas»e incluirse la indemnización de los daños ocasionados por la construcción de las viviendas acreditados en el trámite de ejecución de la sentencia. En cuanto a la inclusión en la indemnización de las cuotas del IVA soportado en las facturas abonadas por la empresa perjudicada al tener derecho a la deducción del IVA soportado nada obsta para que los costes de demolición en los que no existe un consumidor final puedan compensarse en periodos sucesivos o, en su caso, se proceda a la devolución por la Hacienda Pública. 

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