Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 25 octubre, 2018 No Comments

STS 1677/2017: Aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la exigencia del requisito de antijuridicidad para exigir responsabilidad patrimonial. La antijuridicidad no tiene por qué corresponderse a la anulación de un acto administrativo. 

STS 1677/2017, de 7 de noviembre: El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 19 de noviembre de 2015 contra la desestimación presunta de la reclamación de daños y perjuicios en concepto de responsabilidad patrimonial formulada el 15 de diciembre de 2010 al Ayuntamiento de Córdoba y a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, por la limitación de dominio y usos de la finca objeto de dicha reclamación. 

Dicha finca había quedado clasificada como suelo no urbanizable de especial protección con protección integral tras la Revisión del PGOU de Córdoba aprobada el 21 de diciembre de 2001 mediante resolución de la Consejera de Obras Públicas, si bien, los recurrentes formularon recurso contencioso-administrativo contra esa resolución, dictándose sentencia que consideró que la clasificación adecuada es la de Suelo No Urbanizable Común. Es por ello que los recurrentes ahora denuncian que la clasificación anulada supuso una limitación extraordinaria del derecho de la propiedad y desgrana múltiples expresiones de esa limitación tales como: prohibición de construir instalaciones de almacenaje de abonos, piensos o productos para el tratamiento de plagas o similares, prohibición de segregación o división de la finca, etc. 

Los recurrentes alegan en casación la vulneración de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo sobre el requisito de la antijuridicidad del daño como determinante para exigir la responsabilidad patrimonial; es por ello que el TS va a comenzar recordando que «la responsabilidad patrimonial no se anuda con carácter necesario a la anulación del acto o resolución administrativa sino que es preciso valorar si tal actividad administrativa se ha producido en el margen de razonabilidad que corresponde al caso». 

El Tribunal va a rechazar las alegaciones realizadas por los recurrentes: en primer lugar, la afirmación de la preexistencia del derecho de propiedad de los recurrentes que comprende el pleno aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal propio de la condición de suelo no urbanizable común, ya que la actuación administrativa se ejercita por medio de las competencias de ordenación urbanística, que al fin y al cabo son funciones públicas que organizan el uso del territorio y del suelo, determinando las facultades del derecho de propiedad conforme al interés general. 

En segundo lugar, tampoco se acepta, con parecida motivación, la vulneración de la jurisprudencia relativa a la privación o limitación de derechos urbanísticos ya patrimonializados como lesión antijurídica; ni siquiera se da en el supuesto de autos la circunstancia de que el Plan se encuentre lo suficientemente avanzado como para que el perjudicado haya cumplido las cargas y deberes que dicha ejecución le impone. 

Por último, el Tribunal Supremo no acepta el cuestionamiento sobre la razonabilidad en la actuación de la Administración en el ejercicio de sus facultades de ordenación, ya que la decisión se adoptó tomando en cuenta las circunstancias concurrentes además teniendo en cuenta de la dificultad que supone actuar mediante conceptos jurídicos indeterminados (“valores” ambientales o paisajísticos). 

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