Jurisprudencia

Tribunal Supremo

By 5 octubre, 2018octubre 8th, 2018No Comments

STS 1779/2017Se aprueba segunda Modificación Puntual para la regasificación en el suelo industrial de Punta Promontorio

STS 1779/2017, de 21 de noviembreEl Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Plataforma de Veciños O’Cruceiro de Mehá contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23 de diciembre de 2015 que desestimaba la pretensión de nulidad de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Murgados para la adecuación de usos de regasificación en el suelo industrial de Punta Promontorio. 

Esta se trata la segunda Modificación puntual litigosa sobre el mismo ámbito, ya que la primera aprobada en 2003 fue anulada por TSJ de Galicia el 22 de abril de 2009 y ratificada por el Tribunal Supremo el 11 de mayo de 2012. 

El recurso de casación se basa, globalmente, en dos tipos de motivos: aquellos que pretenden alegar que la nueva modificación busca eludir el cumplimiento de los pronunciamientos judiciales anteriores; y, otros que señalan un vicio procedimental con respecto a la evaluación ambiental. 

No se acoge ninguna de las dos cuestiones planteadas por la plataforma recurrente. En el primer caso, la sala de instancia ya motivó que no se había aportado prueba alguna que indicara esa finalidad, por lo que no queda acreditada la finalidad elusiva de la nueva Modificación. 

Por otro lado, no se acepta que existan defectos en la evaluación ambiental, ya que queda probado por la Sala de instancia que ha existido una nueva evaluación para esta segunda modificación y que además ha definido que la alternativa 1 era mejor que la alternativa 0 (referida a no realizar la modificación), tras un estudio. El Tribunal Supremo crítica que no se haya aportado ninguna prueba con la finalidad de desvirtuar la posición del TSJ, por lo que, las denuncias de valoración errónea de la prueba, falta de motivación o incongruencia omisiva son rechazadas de plano. 

Tampoco se acoge el motivo de desviación de poder que la demanda basa en que era la Administración quien debía «probar que la Orden objeto de recurso obedecía a un interés público urbanístico y no a la mera finalidad de “subsanar” el acomodo de la planta en cuestión», ya que como indica la doctrina establecida por el TS, la prueba de los hechos corresponde a quien ejercita la pretensión. Además, el Tribunal Supremo afirma que no existe constancia de la pretensión de alcanzar un fin distinto cuando la Junta de Galicia lo que ha hecho ha sido aceptar el planteamiento municipal. 

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