Jurisprudencia

TS – Contratos

By 13 diciembre, 2019 No Comments

STS 1514/2019. Si la Administración altera los precios de un contrato en curso en virtud de la normativa reguladora del concierto sanitario debe considerarse una modificación impuesta por ella que altera el régimen económico del contrato.

STS 1514/2019, de 30 de octubre. El Servicio Andaluz de Salud recurre en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) que estimó el recurso de apelación interpuesto por una sociedad adjudicataria de un contrato de gestión de servicios públicos, modalidad de concierto, relativa al servicio de hemodiálisis en varios centros de Málaga. Esta apelación fue interpuesta contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla que desestimó el recurso contencioso-administrativo de la contratista contra una Orden de la Consejería competente que actualizó las condiciones económicas de los servicios de diálisis.

La Administración llevó a cabo dicha actualización en virtud de la facultad prevista en el art. 90.4 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Ello se tradujo en una reducción de los precios que podía cobrar la contratista. La impugnación se basa en que se han vulnerado los artículos correspondientes a la revisión de precios de la normativa sobre contratos públicos (al caso se aplica la Ley de Contratos del Sector Público de 2007).

El Tribunal Supremo constata que en el PCAP se preveía un mecanismo de revisión de precios en función del IPC, sin mencionar el sistema de actualización de la LGS. En el PCAP figura la LGS entre las disposiciones por las que se rige el contrato, pero sin especificar que se someterá a la actualización aquí en cuestión.

Así, el TS no niega que la Administración pueda actualizar las condiciones económicas con base en el art. 90.4 LGS. Pero considera que esa actualización es indudablemente una modificación del contrato impuesta por la Administración al margen del sistema de revisión de precios previsto que, por tanto, debe ser compensada para mitigar la merma ocasionada al contratista.

Por este motivo, el TS desestima el recurso de casación planteado por el Servicio Andaluz de Salud.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 3484/2019 – ECLI: ES:TS:2019:3484).