Jurisprudencia

TS – Garantías por demolición

STS 62/2019. Los Ayuntamientos están obligados a prestar garantías para indemnizaciones por demolición de viviendas en ejecución de sentencia, si no ha finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial.

STS 62/2019, de 28 de enero. El Ayuntamiento de La Guardia recurre en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestima su recurso de apelación contra un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Pontevedra, dictado en ejecución de sentencia.

En el litigio que ahora se ejecuta se declaró la ilegalidad de ciertas licencias urbanísticas y la demolición de las viviendas que eran su objeto. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo requiere al Ayuntamiento dos cuestiones, conforme al art. 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA): que informe sobre si existe un procedimiento de responsabilidad patrimonial abierto por los perjuicios causados al particular, y, en caso de que no, que preste garantía suficiente para cubrir tales perjuicios.

El Ayuntamiento recurrió el auto alegando la inembargabilidad de los bienes municipales y la imposibilidad de que le sean exigidas fianzas (art. 173.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, TRLHL), alegaciones que fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia.

El Tribunal Supremo señala que ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre supuestos similares y llama la atención sobre su sentencia de 25 de marzo de 2018 (cas. 325/2016). En ella señaló que el trámite del art. 108.3 LJCA está previsto para la adopción por el Juez de medidas de aseguramiento de las indemnizaciones suficientes, pero mediante él no pueden establecerse sus importes, la Administración responsable o los terceros de buena fe afectados por la demolición.

Ahora bien, no es eso lo que trata de hacer el auto recurrido. El auto solicita la garantía para el caso de que no haya un procedimiento de responsabilidad patrimonial abierto, porque en la misma sentencia de 25 de marzo de 2018 el Tribunal Supremo sostuvo que no procede exigir tal garantía si ya se han abonado, mediante ese expediente, las indemnizaciones que procedan, precisamente porque los terceros afectados ya habrán sido resarcidos.

En cuanto a la vulneración del art. 173.2 TRLHL, la Sala recuerda que la norma del art. 108.3 LJCA no sólo es posterior a aquélla (ya que se introdujo en 2015), sino que también es una norma especial, por lo que prevalece.

Por ello, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación planteado por el Ayuntamiento de La Guardia.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 214/2019 – ECLI: ES:TS:2019:214).