Jurisprudencia

TS – IIVTNU

By 28 febrero, 2020 No Comments

STS 38/2020. La obligación de demostrar la inexistencia de riqueza real o potencia gravada por el IIVTNU corresponde al obligado tributario, también cuando reclama responsabilidad.

STS 38/2020, de 20 de enero. Los herederos de varias fincas interpusieron recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial por el Consejo de Ministros. Dicha responsabilidad patrimonial es reclamada ante las cantidades giradas por la aplicación del IIVTNU por el Ayuntamiento de Santander cuyo objeto son los inmuebles urbanos que habían heredado. La desestimación del Consejo de Ministros se basa en la falta de prueba sobre la inexistencia del incremento del valor de los inmuebles por los reclamantes.

En primer lugar el TS recuerda su doctrina sobre responsabilidad patrimonial del Estado por la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. Establece el Tribunal como presupuestos necesarios el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado y la ausencia de deber jurídico de soportarlo. Además, la inconstitucionalidad debe haber sido alegada. El fundamento de dicha doctrina, recalca el TS, es garantizar la indemnidad patrimonial del perjudicado ante la falta de justificación de la lesión. En el supuesto concreto la inconstitucionalidad fue declarada en la STC 59/2017, en relación con los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLRHL.

Tras ello el TS rescata de la STC 59/2017 la delimitación de la inconstitucionalidad de dichos preceptos. Su ratio decidendi se fundamenta en la imposibilidad de gravar situaciones inexpresivas de capacidad económica y por lo tanto, vulneradoras del art. 31.1 CE. Por lo que no se extiende a los preceptos que gravan una manifestación real o potencial de riqueza, la inconstitucionalidad de los preceptos es parcial. Con ello concluye el TS que la ausencia de un cambio legislativo no impide la aplicación de dichos preceptos si hay una manifestación de riqueza.

Tras la anulación por el TC de los preceptos que impedían al obligado tributario probar la inexistencia de incremento del valor del inmueble estableció el Tribunal que correspondía al obligado tributario dicha carga de prueba y también conforme a la norma de carga de prueba del art. 105.1 LGT, por la que corresponde a quien haga valer su derecho probar los hechos constitutivos del mismo.

Asimismo no presenta obstáculo, según el TS, la imposibilidad de poder probar la minusvalía ante el Ayuntamiento de Santander, momento en el que todavía estaba vigente el art. 110.4 TRLRHL, pues la acreditación debía ir referida al objeto del recurso, es decir, a la reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Consejo de Ministros.

Por todo ello resuelve el TS la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 45/2020 – ECLI:ES:TS:2020:45).