Jurisprudencia

TS – Legalidad urbanística

STS 1216/2020. Cuando la orden de desalojo y demolición de una construcción ilegal colisione con los intereses de personas menores afectadas, el juicio de proporcionalidad de las medidas debe hacerse en el momento del desalojo, no en el de la declaración de ilegalidad.

STS 1216/2020, de 28 de septiembre. El Ayuntamiento de Madrid interpone recurso de casación la sentencia del TSJ de Madrid que estimó parcialmente el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid que desestimó, a su vez, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un particular contra una resolución municipal.

En esa resolución recurrida se ordenaba al particular a desalojar y demoler la construcción de una infravivienda en la Cañada Real de Madrid que habitaba junto a su mujer y a sus tres hijos menores de edad. El Juzgado confirmó la resolución originalmente impugnada, si bien el TSJ estimó parcialmente la apelación planteada por el interesado. El argumento fundamental se basó en la protección de los menores afectados por el desalojo ordenado, pues se echaba de menos un análisis de la proporcionalidad de la medida en relación con la necesidad de preservar la legalidad urbanística.

El TS realiza un análisis pormenorizado de los argumentos vertidos en las anteriores instancias y de la situación en la que se encuentra la infravivienda en cuestión. Señala, en lo esencial, que es cierto que debe realizarse una ponderación proporcionada entre la protección de la legalidad urbanística y la protección del menor consistente en que cuente con alojamiento (ambas corresponden al Ayuntamiento de Madrid). Pero esta ponderación no puede realizarse en abstracto ni puede entenderse que uno de estos bienes jurídicos cede frente al otro (error en que incurrió el TSJ). Es necesario realizar un análisis para el caso concreto.

En este caso, la orden de desalojo y demolición no es sino un acto declarativo de la ilegalidad de la construcción (descrita como chabola). Este acto no implica de por sí que los menores afectados se vayan a ver privados de alojamiento inmediatamente. Sólo en el supuesto de que el Ayuntamiento de Madrid debiera ejecutar subsidiariamente la demolición podría darse esa situación. Y será entonces, y no antes, cuando deba realizarse esa ponderación. Por tanto, el acto administrativo impugnado declarativo de la ilegalidad de la construcción es perfectamente conforme a Derecho.

En consecuencia, el TS estima el recurso de casación planteado por el Ayuntamiento de Madrid y, tras casar la sentencia del TSJ, desestima la apelación y confirma la legalidad del acto administrativo impugnado.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 3110/2020 – ECLI: ES:TS:2020:3110).