Jurisprudencia

TS – Legitimación

STS 776/2020. La condición de usuario de un servicio concedido a un contratista no confiere legitimación para impugnar la adjudicación de la concesión.

STS 776/2020, de 15 de junio. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la empresa concesionaria del servicio de saneamiento y abastecimiento de aguas interponen recurso de casación contra la sentencia del TSJ de Canarias que estimó el recurso de apelación de Lopesan, Asfaltos y Construcciones, S.A.

Lopesan solicitó el inicio de un procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento por la que se aprobó el cambio de denominación de las empresas concesionarias de los servicios mencionados, que lo eran en virtud de un contrato de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión (conforme a la legislación entonces vigente). Lopesan entendió que este cambio de denominación ocultaba un cambio de contratista. La Administración no resolvió sobre la solicitud y Lopesan impugnó la desestimación presunta ante el orden contencioso-administrativo.

En el trámite de alegaciones previas, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria consideró que Lopesan carecía de legitimación activa para interponer el recurso, de forma que lo inadmitió. En fase de apelación, el TSJ estimó el recurso de Lopesan y entendió que estaba doblemente legitimada en virtud de su carácter como usuaria del servicio concedido y como sociedad cuyo objeto mercantil incluye el objeto de la concesión administrativa, de forma que podría concurrir a la licitación. La sentencia del TSJ incluye un voto discrepante que rechaza que Lopesan pueda estar legitimada.

El TS estima el recurso de casación y acoge los argumentos del voto particular. Niega que Lopesan tenga en este asunto un interés legítimo, pues no hay ventaja o perjuicio concreto que se vaya a derivar del procedimiento o proceso. Y recuerda que la acción pública en el orden contencioso es una excepción y no existe en el ámbito de los contratos públicos, de manera que tampoco puede haber aquí una legitimación sobre un interés en la legalidad.

Por ello, estima el recurso de casación y desestima el de apelación.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 1805/2020 – ECLI: ES:TS:2020:1805).