Jurisprudencia

TS – Organización

By 18 diciembre, 2019 No Comments

STS 1526/2019. No es necesario el acuerdo del Pleno para solicitar al Ministerio de Industria y Energía la financiación de un proyecto de desarrollo local.

STS 1526/2019, de 5 de noviembre. El Ayuntamiento de Vallendellós y L’Hospitalet de L’Infant interpone recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su recurso contencioso-administrativo contra una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Mediante esta resolución se rechazó la solicitud del Ayuntamiento destinada a la aprobación de financiación de un proyecto de desarrollo local amparado en la Orden IET/458/2015 por faltar el acuerdo del Pleno con fecha anterior a la del fin del plazo de solicitud.

Dada la cercanía del plazo límite para solicitar la financiación, el Ayuntamiento presentó la solicitud firmada por el alcalde y posteriormente aportó el acuerdo del Pleno ratificando la solicitud.

El TSJ desestimó el recurso y entendió que la resolución impugnada era conforme a Derecho. El Ayuntamiento esgrime en el recurso de casación motivos relativos a la incongruencia omisiva en que incurre la sentencia y a que no es necesario el acuerdo del Pleno para solicitar la financiación.

El Tribunal Supremo constata que la Orden por la que se aprueba el procedimiento de solicitud no contiene mención alguna al acuerdo del Pleno para pedir la financiación. Sí se prevé la necesidad del acuerdo en la resolución de la DGPEM que desarrolla dicho procedimiento. El TS ve en ello una excesiva regulación por parte de la DGPEM (ya que las elecciones municipales impedirían aprobar el acuerdo a tiempo) y una carencia de cobertura normativa en la LBRL. Ésta confiere con carácter residual al alcalde las competencias no expresamente atribuidas a otros órganos (art. 21.1.m).

De esta forma, y dado que la exigencia del acuerdo del Pleno no tiene cobertura en la Orden citada, no es conforme a derecho exigirla.

Por lo demás, el TS también critica que no se diera trámite de subsanación al Ayuntamiento. Analiza para ello el art. 71 de la antigua Ley 30/1992 y señala que la interpretación del Ministerio sobre el trámite de subsanación es contraria a su jurisprudencia, pues en el procedimiento administrativo rige el principio antiformalista. No se concedió plazo de subsanación alguno, lo cual comporta que también haya incongruencia omisiva, ya que el TSJ no se pronunció sobre ello.

Por ello, el TS estima el recurso de casación, anula la sentencia del TSJ y las resoluciones impugnadas, y acuerda retrotraer las actuaciones para que la Administración entienda subsanado el requisito del acuerdo del Pleno y continúe con la tramitación de la solicitud.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 3603/2019 – ECLI: ES:TS:2019:3603).