Jurisprudencia

TS – Procesos selectivos

STS 1012/2019. Imposibilidad material de ejecutar la sentencia que estima el recurso de un aspirante en un proceso selectivo. Posibilidades de ejecución sustitutoria.

STS 1012/2019, de 9 de julio. Una aspirante impugnó el segundo ejercicio de un proceso selectivo en Extremadura, siendo estimada parcialmente su pretensión, de forma que se decretó la retroacción de actuaciones para que se realizara también a la aspirante.

Posteriormente, la Junta de Extremadura presenta incidente de imposibilidad de ejecutar la sentencia porque, debido al transcurso del tiempo, ya ha finalizado ese proceso selectivo y la ejecución supondría hacer repetir el ejercicio a cientos de personas que ya cuentan con plaza fija. Ofrece como alternativa a la aspirante que se conserve su nota del primer ejercicio y permitirle participar en una convocatoria análoga en curso en el momento de interponer el incidente.

La aspirante se opone porque considera que la sentencia aún se puede ejecutar y que, en todo caso, la Administración ha esperado todo este tiempo para poder alegar ahora la imposibilidad de ejecutarla. Alega también la existencia de reformatio in peius. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia apreciaron la imposibilidad de ejecución, que es contra lo que ahora recurre en casación la aspirante.

El Tribunal Supremo recuerda la solución que dio a un caso parecido. Recuerda que el art. 105.2 LJCA no define en qué consiste la imposibilidad material de ejecución de una sentencia, de forma que ha sido delimitada restrictivamente por la jurisprudencia. Para ello, hay que tomar en consideración intereses y derechos de organizaciones públicas o personas ajenas al favorecido con la sentencia que puedan tener una gran proyección o sufrir un perjuicio irreversible.

Así, el conflicto se produce, por un lado, entre el perjuicio que se causaría a terceros de buena fe y al interés general, y, por otro, al perjuicio que se causaría al derecho fundamental de ejecutar la sentencia. La cuestión es que lo reconocido por la sentencia no es un derecho a acceder a la función, pública, sino la mera expectativa. Esta expectativa cede ante el perjuicio que se causaría a muchas personas que superaron el proceso y a los beneficiarios del servicio público de que se trata (en aquel caso, asistencia sanitaria).

A la vista de esta doctrina, el TS determina en este caso que la sentencia es de imposible cumplimiento y que la solución alternativa (participar en el proceso actual conservando la nota) es razonable. No obstante, aprecia la existencia de daños morales a la aspirante que deben ser indemnizados por la Junta de Extremadura.

En consecuencia, desestima el recurso de casación de la aspirante en lo sustancial, estimando parcialmente la petición subsidiaria de indemnización.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 2497/2019 – ECLI: ES:TS:2019:2497).