Jurisprudencia

TS – Responsabilidad patrimonial

By 3 marzo, 2020 No Comments

STS 62/2020. No se elude la responsabilidad patrimonial de la Administración aunque una ley posterior deje sin efecto la actuación dañosa.

STS 62/2020 de 23 de enero. La empresa Viesgo Renovables, S.L. recurre en casación la sentencia del TSJ de Cantabria que desestimó su recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de su reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La reclamación tiene por objeto los perjuicios causados por la nulidad de una convocatoria para la asignación de potencia eólica que fue declarada por el TSJ y, posteriormente, el TS. En particular, se reclamaban los gastos incurridos y abonados a la Administración como consecuencia del concurso. La particularidad de este caso es que, estando pendiente el recurso de casación ante el TS, el parlamento cántabro aprobó una ley que “dejó sin efecto” las asignaciones de potencia eólica (aunque no anuló el concurso).

El TSJ desestimó el recurso de Viesgo, al entender que la aprobación de la ley hizo que la responsabilidad se debiera no ya la nulidad de un acto administrativo, sino a la actuación del Estado legislador.

El TS distingue el objeto de nulidad de las sentencias (el concurso) y de la ley autonómica (la asignación de potencia eólica). Aunque la sentencia del TSJ no era firme en el momento de aplicación de la citada ley, ésta no anuló el concurso entero, sino sólo dejó sin efecto la adjudicación de potencia. Por lo tanto, no es correcto afirmar que la ley autonómica dejara sin contenido el recurso de casación. Se deriva de ello la existencia de dos responsabilidades, una derivada de la incorrecta actuación administrativa y otra, que no es objeto del recurso, por acto legislativo.

Asimismo el TS declara que es compatible la existencia de un perjuicio indemnizable, como consecuencia de una actuación anormal de la administración, con la fijación del cómputo del plazo para el ejercicio de la responsabilidad patrimonial en el momento de firmeza de la resolución jurisdiccional anulatoria (art. 124.4 de la antigua LRJPAC), plazo que prescribirá al año de haberse dictado la misma.

Por último, el TS estima las pretensiones de la empresa recurrente y el recurso interpuesto, en cuanto concurren los requisitos del antiguo art. 139 LRJPAC para la responsabilidad administrativa, reconociendo la indemnización por los gastos abonados a la Administración por la participación en el concurso.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS156/2020 – ECLI:ES:TS:2020:156).