Jurisprudencia

TS – Urbanismo

By 16 junio, 2020 No Comments

STS 425/2020. Los proyectos de gestión urbanística instados por particulares no pueden considerarse aprobados por silencio administrativo.

STS 425/2020 de 18 de mayo. Un particular, que presentó un proyecto de gestión urbanística, interpone un recurso de casación contra la sentencia del TSJ que desestimó su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Esta sentencia, a su vez, desestimó su recurso contencioso-administrativo contra el Decreto del alcalde de Palazuelos de Eresma sobre la caducidad del Plan Parcial y la modificación del mismo.

El particular instó un proceso de información pública relativo a la publicación final del Proyecto de Actuación y de los Estatutos de la Junta de Compensación del Plan Parcial. Una asociación interesada presentó un recurso de reposición ante el Ayuntamiento contra dicha aprobación definitiva. El Decreto del alcalde estimó el recurso y rechazó que el Proyecto de Actuación pudiera haber sido aprobado por silencio administrativo positivo.

A este respecto, el TS analiza las tesis jurisprudenciales existentes: posibilidad de aplicar el silencio positivo o imposibilidad. El TS establece que, para considerar la posibilidad de aprobar por silencio positivo los instrumentos de ordenación urbanística, debe tenerse en cuenta si ha sido promovido por un particular o por el Ayuntamiento ante la Administración autonómica que tiene la competencia para aprobarlo definitivamente. Si ha sido promovido por un particular es imposible considerar aprobado el proyecto por un silencio positivo, dado que los procedimientos cuya estimación conlleve la transferencia al solicitante de facultades relativas al servicio público exceptúan la regla del silencio positivo (art. 43.2 Ley 30/1992). En cambio, si el Ayuntamiento promueve el plan urbanístico ante la Administración autonómica y resuelve extemporáneamente no se encuentra exceptuado de la regla del silencio positivo (art. 43 Ley 30/1992).

El TS, para aplicar la doctrina sobre proyectos de ordenación urbana, utiliza los arts. 11.4 y 5 Ley 8/2007 y 11.5 y 6 Real Decreto Legislativo 2/2008, que distinguen si el proyecto de gestión es instado por una Administración pública competente para instruir y elaborar un proyecto de ordenación urbanista, en cuyo caso el silencio será positivo; respecto de los particulares, el incumplimiento del plazo para resolver por la Administración genera el derecho a una indemnización por los gastos y solo se considerarán aprobados cuando la legislación aplicable sea favorable al silencio positivo. Sin embargo, el TS utiliza la doctrina del TC sentada en las sentencias 61/1997 y 164/2001 que consideran servicio público tanto la ordenación como la ejecución urbanística. Por lo tanto, según el TS, al ser el objeto del recurso un acto de gestión urbanística el silencio es desestimatorio, ya que el art. 43.2 Ley 30/1992 (actualmente art. 24 LPAC) exceptúa la regla del silencio positivo si se transfiere al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.

Por todo ello, el TS desestima el recurso de casación interpuesto por el particular.

Texto completo en CENDOJ (STC 993/2020 – ECLI:ES:TS:2020:993).