Una forma especialmente reveladora de observar la brecha entre autonomía formal y autonomía real es el análisis del esfuerzo inversor municipal en servicios sociales. Más allá de las declaraciones normativas, la proporción del presupuesto local destinada a estas políticas ofrece una aproximación concreta a la capacidad efectiva de decisión. Mantener un esfuerzo inversor sostenido en un contexto de restricciones fiscales y dependencia de transferencias externas implica disponer de márgenes reales de autonomía, tanto para asignar recursos como para sostener estructuras estables de atención. Por el contrario, cuando la inversión social depende casi exclusivamente de fondos condicionados o de programas temporales, la autonomía se convierte en un atributo meramente formal.
Al trasladar este planteamiento al plano empírico, el análisis comparado del ejercicio 2024 permite observar con claridad esa distancia entre autonomía formal y autonomía real. El análisis de las liquidaciones presupuestarias, realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (2025), que examina los 404 ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes, revela una notable heterogeneidad en el esfuerzo inversor municipal en servicios sociales. Aunque la mediana estatal de gasto se situó en 106,48 euros anuales por habitante, esta aparente normalidad estadística resulta engañosa: bajo esa cifra se esconden dos realidades claramente divergentes que consolidan una brecha creciente entre la excelencia solidaria y el abandono institucional.
En uno de los extremos se sitúan los municipios que lideran la inversión social. Se incluye en esta cuantificación, el gasto realizado, procedente de ingresos propios, fondos no condicionados y de transferencias finalistas. Para formar parte de este reducido grupo, la Asociación exige superar un conjunto de criterios especialmente exigentes. No basta con realizar un esfuerzo puntual: es necesario invertir holgadamente por encima de los 200 euros por habitante al año, no haber aplicado recortes respecto al ejercicio 2023, destinar al menos el 10% del presupuesto total no financiero a servicios sociales y, además, acreditar niveles adecuados de transparencia financiera a través de los correspondientes portales web.
Solo 27 ayuntamientos —un escaso 6,7% del total analizado— lograron superar esta cuádruple exigencia. Encabezan el ranking municipios andaluces como Isla Cristina, Alcalá la Real y San Roque. Si se atiende a las grandes ciudades, el panorama es significativamente más limitado: únicamente Barcelona y Bilbao alcanzan estos estándares de excelencia. Todo ello confirma una tendencia relevante: el perfil más frecuente de municipio comprometido con un nivel alto de inversión social es el de ciudad media o cabecera comarcal en torno a los 40.000 habitantes, donde la escala institucional parece facilitar una mayor coherencia entre prioridades políticas y asignación presupuestaria.
En el extremo opuesto, tanto desde el punto de vista contable como desde la perspectiva del compromiso social, se encuentran los municipios catalogados como “pobres” en inversión social. En 2024, 45 corporaciones locales registraron un gasto inferior a 63,89 euros anuales por habitante, situándose en un umbral que puede calificarse objetivamente como de infradotación severa. Ahora bien, los datos cuestionan la idea de que un bajo gasto en servicios sociales sea una consecuencia inevitable de la debilidad fiscal del municipio. Tampoco puede explicarse, de forma automática, por una menor necesidad o por la ausencia de demanda social en el territorio. La evidencia empírica muestra lo contrario: en este grupo aparecen municipios madrileños con niveles elevados de renta y notable capacidad recaudatoria, como Galapagar, Torrelodones o Aranjuez, junto a capitales de provincia y relevantes centros administrativos y poblacionales como Toledo y Badajoz.
Esta evidencia permite extraer una conclusión relevante: la baja inversión social no guarda relación directa con la falta de recursos disponibles o la ausencia de necesidades. En numerosos casos responde, más bien, a decisiones de priorización política. La evidencia comparada muestra que los gobiernos locales estructuran su presupuesto conforme a estrategias selectivas que refuerzan determinadas áreas de actuación mientras relegan otras, configurando así perfiles diferenciados de gasto. Estas elecciones no son neutras: responden a orientaciones ideológicas (Iliopoulos & De Witte, 2024), a la estructura de preferencias del electorado (Guillamón et al., 2013) y, en última instancia, a cálculos sobre el potencial rendimiento electoral de cada política (De La Calle & Orriols, 2010).
Desde esta perspectiva, la desigualdad en el esfuerzo social municipal no puede explicarse exclusivamente por factores estructurales de financiación o por variables demográficas, sino también por la distinta jerarquización de valores, objetivos y públicos destinatarios que cada gobierno local incorpora a su proyecto político. Comprender estas dinámicas resulta fundamental para que la ciudadanía pueda valorar con mayor criterio el lugar real que las políticas de servicios sociales ocupan en la agenda municipal y la coherencia entre los compromisos declarados y la asignación efectiva de recursos. Una lectura que, no obstante, debe completarse con el examen de la estructura fiscal y las dinámicas de cooperación interadministrativa, que condicionan y enmarcan dichas decisiones.
Javier Pacheco Mangas
Jefe de Servicio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y
doctorando en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas UAM
Referencias
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. (2025, 30 de diciembre). 27 ayuntamientos españoles alcanzan la excelencia por su inversión en servicios sociales. https://directoressociales.com/27-ayuntamientos-espanoles-alcanzan-la-excelencia-por-su-inversion-en-servicios-sociales/
Iliopoulos, P., & De Witte, K. (2024). The expenditure composition and trade-offs in local government budgets. Socio-Economic Planning Sciences, 93, 101900. https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101900
Guillamón, Ma. D., Bastida, F., & Benito, B. (2013). The electoral budget cycle on municipal police expenditure. European Journal of Law and Economics, 36(3), 447-469. https://doi.org/10.1007/s10657-011-9271-6
De La Calle, L., & Orriols, L. (2010). Explaining the electoral effects of public investments: The case of the expansion of the underground in Madrid, 1995–2007. European Journal of Political Research, 49(3), 393-417. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.01902.x