Cuando el algoritmo gestiona al personal en el sector público: ¿quién responde ante el empleado público?
En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo dio un paso importante relacionado con la incidencia de la IA en decisiones administrativas: en el caso de la aplicación BOSCO, utilizada para decidir quién tiene derecho al bono social eléctrico, afirmó que cuando un algoritmo determina o condiciona el reconocimiento de derechos, la ciudadanía puede tener derecho a conocer su funcionamiento, incluido, cuando sea necesario, su código fuente. Ni la propiedad intelectual ni la seguridad pública pueden invocarse en abstracto para blindar esa opacidad.
La sentencia se refiere de prestaciones sociales, pero deja flotando una pregunta que el Derecho del empleo público todavía no ha respondido con claridad: si esto vale para quien solicita una ayuda, ¿qué ocurre cuando el algoritmo se aplica a quienes trabajan para la propia Administración?
La pregunta ya no es hipotética. La digitalización administrativa dejó hace tiempo de ser un horizonte y se ha instalado en el día a día de los empleados públicos. Hay sistemas que ordenan candidatos en procesos selectivos, que puntúan el desempeño, que asignan tareas o que cruzan datos de control horario. El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial los considera de alto riesgo precisamente porque inciden en el acceso al empleo, en la promoción y en las condiciones de trabajo. Que la decisión la prepare o la adopte una máquina no la sitúa fuera del Derecho, pero sí puede dificultar enormemente que alguien pueda discutirla.
Conviene recordar, además, que la Administración no es un empleador cualquiera. Está sometida a legalidad estricta, a la interdicción de la arbitrariedad y a los principios de igualdad, mérito y capacidad. No es lo mismo un sistema que se limita a ejecutar una operación reglada que otro que recomienda, puntúa o prioriza, y menos aún uno que, aun presentándose como mera ayuda, acaba condicionando de hecho el sentido de la decisión. Cuanto mayor es la intensidad tecnológica, más exigente debe ser la supervisión humana. Y esa supervisión ha de ser real: no basta con que una persona refrende mecánicamente lo que la máquina propone.
Hay, por otro lado, una singularidad poco comentada que cambia el modo de pensar la protección. Cuando un empleador privado incumple la normativa preventiva, se expone a sanciones. En el empleo público, en cambio, el sistema se articula sobre medidas correctoras, con un efecto disuasorio mucho menor. Esto significa que, en la práctica, el peso de la tutela se desplaza hacia otros mecanismos: el control judicial, la transparencia y la posibilidad de reclamar por los daños sufridos. Si la prevención sanciona poco, la reparación tiene que funcionar bien.
¿Funciona? Esa es la cuestión de fondo. Un empleado público que ve truncada su carrera por una evaluación sesgada, o que pierde una plaza por un error del sistema, dispone de varias vías: la prevención de riesgos laborales cuando el problema nace de cómo se ha organizado tecnológicamente el trabajo, la responsabilidad patrimonial cuando el daño procede de una decisión o del funcionamiento del servicio, y el principio de indemnidad, que la jurisprudencia reciente ha ido perfilando con una autonomía creciente. Cada una tiene sus requisitos, sus plazos y sus ventajas, y no siempre es sencillo saber por cuál de ellas conviene optar. Algunas cuestiones son especialmente delicadas: ¿puede la opacidad del sistema tecnológico jugar en contra del perjudicado? ¿Es el error algorítmico un riesgo normal del cargo o una externalidad que la Administración debe asumir? ¿Corre el plazo para reclamar mientras el afectado ignora que la causa del daño fue un algoritmo?
Mi impresión es que no estamos ante un vacío de tutela, sino ante un ordenamiento que debe ser interpretado a la luz de un riesgo nuevo. Las instituciones clásicas siguen siendo útiles, pero exigen una lectura actualizada, porque quien obtiene las ventajas organizativas de una herramienta no puede trasladar a su personal los costes anómalos de sus fallos. Y a ello se suma una vía, la negociación colectiva, que quizá sea la más ágil para dar contenido concreto a esas garantías en cada Administración.
Quien desee profundizar en estas cuestiones puede consultar el capítulo «La Administración pública como empleadora ante los retos tecnológicos: responsabilidad, prevención y reparación», incluido en Riesgo tecnológico y trabajo: concepto, prevención y reparación, Ed. Tirant lo Blanch, 2026, que examina con detalle los aspectos aquí apenas apuntados. Está disponible en acceso abierto en el siguiente enlace: https://open.tirant.com/cloudLibrary/ebook/show/9791370594305.
Alfonso Esteban Miguel
Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, miembro del IDL-UAM
Universidad Autónoma de Madrid
Red social/Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-6897-802X