Ayer celebramos la I Jornada sobre Regulación y Gestión Local de Residuos Sólidos, una iniciativa del Instituto de Derecho y Gobierno Local de la UAM (IDGL-UAM) y la Mancomunidad del Noroeste. La participación de más de 80 personas demuestra el interés por el tema y la necesidad de abordar una de los temas clave que ocupan a las entidades locales: la transición hacia un modelo de gestión de residuos más circular, eficiente y jurídicamente seguro.
La apertura corrió a cargo de Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo y Presidente de la Mancomunidad del Noroeste, que situó el debate en el contexto real en el que trabajan las entidades locales en este ámbito, subrayando la complejidad por la confluencia de objetivos cada vez más exigentes, las necesidades de inversión, planificación de infraestructuras, las complejidades de la contratación pública o la exigencia de capacidad técnica de las administraciones responsables.
La primera mesa estuvo dedicada a las medidas para el cumplimiento de la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid 2025-2032. La Directora General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid, Cristina Aparicio Maestu, presentó las principales líneas de actuación de la nueva estrategia regional, concebida como un instrumento integral que combina planificación de residuos, prevención y economía circular. La ponente destacó el fuerte crecimiento demográfico y económico de la región, que obliga a planificar nuevas capacidades de tratamiento y valorización, así como el incremento previsto de la inversión pública, que pasa de 227 a más de 405 millones de euros. Entre los ejes de actuación subrayó la creación de un marco normativo favorable a la economía circular, la colaboración con municipios y mancomunidades, la construcción de nuevas infraestructuras de tratamiento y la vinculación progresiva de determinadas ayudas al cumplimiento de objetivos verificables de reciclaje, recogida separada y mejora organizativa. A continuación, Juan Pablo López Heras, presidente de PWACS, ofreció una visión desde el sector especializado en servicios ambientales y economía circular. Su intervención puso el foco en la distancia que todavía separa a España y a la Comunidad de Madrid de los objetivos europeos previstos para 2030 y 2035. Destacó la necesidad de incrementar la recogida separada, modernizar las plantas de tratamiento existentes, desarrollar nuevas capacidades para biorresiduos y otras fracciones específicas y reducir de forma significativa la dependencia del vertedero. Asimismo, defendió que la nueva estrategia regional ofrece un marco más estable para atraer inversión privada y acelerar la transición hacia un modelo más circular y eficiente.
La segunda mesa abordó la contratación pública en materia de residuos. En primer lugar, Víctor M. Sarabia Herrero, director general de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid, expuso la experiencia de los contratos de recogida en una gran ciudad como Madrid, destacando los retos operativos y de gestión asociados a la prestación de este servicio esencial. Seguidamente, Silvia Díez Sastre, catedrática de Derecho Administrativo de la UAM, analizó la contratación pública vinculada al tratamiento de residuos. Su intervención examinó las distintas fórmulas de gestión existentes, el papel de la colaboración público-privada y las particularidades jurídicas de los contratos relacionados con plantas de tratamiento, control ambiental, gestión de datos o transporte de residuos. También abordó algunos de los riesgos y problemas de litigiosidad asociados a este tipo de contratos.
La sesión dedicada a la tributación de residuos se abrió con la intervención de Ignasi Puig Ventosa, director de proyectos de ENT Medi Ambient i Gestió y uno de los principales especialistas en fiscalidad ambiental aplicada a la gestión de residuos. Su ponencia abordó los modelos económicos para el cálculo de la nueva tasa de residuos a partir de la experiencia acumulada en los municipios españoles. Puig destacó que la Ley 7/2022 ha impulsado una profunda revisión de las ordenanzas fiscales locales, al exigir tasas específicas, diferenciadas y orientadas a cubrir el coste real de los servicios de recogida y tratamiento. A partir de los datos más recientes disponibles, mostró cómo las tasas presentan todavía una gran heterogeneidad entre municipios en cuanto a cuantías, criterios de cálculo y grado de cobertura de costes. Asimismo, puso de relieve que la mayoría de los sistemas siguen basándose en variables indirectas (como la superficie de la vivienda, el valor catastral o el consumo de agua) y que aún son escasos los modelos que incorporan mecanismos efectivos de pago por generación, capaces de vincular la cuantía de la tasa al comportamiento real de los usuarios. La ponencia insistió en el potencial de estos instrumentos para mejorar la separación en origen, incrementar el reciclaje y reforzar los incentivos ambientales, al tiempo que analizó distintas fórmulas para compatibilizar la sostenibilidad económica del servicio con criterios de equidad social.
Por su parte, César Martínez Sánchez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, examinó los desafíos jurídicos derivados de la implantación de la nueva tasa de residuos prevista en la Ley 7/2022. Su intervención destacó las dificultades que afrontan los ayuntamientos para configurar una tasa que sea simultáneamente específica, diferenciada y no deficitaria, así como las incertidumbres existentes sobre la naturaleza jurídica de la contraprestación 8tasa o prestación patrimonial pública no tributaria) y sobre la incorporación progresiva de incentivos vinculados al comportamiento de los usuarios.
La última mesa se centró en la organización y funcionamiento de las mancomunidades de residuos. David Mesa Vargas, vicepresidente primero de la Mancomunidad del Sur, presentó la experiencia de esta entidad supramunicipal, integrada por treinta municipios madrileños. Su exposición permitió conocer la estructura institucional, los órganos de gobierno, el sistema de representación municipal y las competencias de una organización que desempeña un papel esencial en el tratamiento, valorización y eliminación de residuos en una parte significativa del territorio regional. Finalmente, Francisco Velasco Caballero, catedrático de Derecho Administrativo de la UAM, cerró la jornada con una reflexión sobre el papel de las mancomunidades en el sistema de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid. Su intervención examinó la distribución de competencias entre municipios, Comunidad de Madrid y entidades supramunicipales, las razones que explican el protagonismo creciente de las mancomunidades y algunos de los problemas que estas afrontan en materia de gobernanza, representación, financiación y capacidad técnica. Asimismo, planteó posibles líneas de evolución institucional para reforzar su eficacia en un escenario marcado por nuevas exigencias regulatorias y ambientales.
Para el Instituto de Derecho y Gobierno Local, la jornada puso de manifiesto el interés de la materia, así coom la necesidad de seguir impulsando este tipo de espacios para la transferencia de conocimiento y el intercambio entre administraciones, sector profesional y comunidad académica para debatir sobre el futuro de la gestión local de residuos. Solo nos queda agradecer a los miembros del Instituto que diseñaron la jornada por su acierto, a los ponentes por su trabajo y a todos los que participaron en la misma, por su interés en nuestras actividades.
Carmen Navarro
Directora del Instituto de Derecho y Gobierno Local
Departamento de Ciencia Política
Universidad Autónoma de Madrid