En tiempos de la transición ecológica de la industria, se debería haber alcanzado igualmente otra transición importante, que los fondos europeos pasen de ser el combustible imprescindible para la supervivencia de las administraciones públicas españolas, a convertirse en un verdadero instrumento de cambio. Pero ambas parecen lejos, de momento.
Con motivo de la celebración de los 40 años de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y la Carta Europea de Autonomía Local, he tenido la oportunidad de opinar sobre este «deseo» que lleva también 40 años en la agenda pública española.
En concreto, en una Jornada con convocada por el INAP. el Instituto de Derecho y Gobierno Local de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundaciò Pi i Sunyer, se analizó la situación de los «Gobiernos locales ante los retos del bienestar social, el cambio climático y la atracción de fondos europeos». Y la calificación actual es, necesariamente, un «necesita mejorar» de la ya olvidada EGB.
El 1 de enero de 2026 se cumplirán también 40 años de la entrada oficial de nuestro país en el club europeo y nos encontramos en el período de mayor impacto de la financiación europea en nuestra economía. Sin embargo, nuestras instituciones públicas siguen sin asumir esa financiación de forma proporcional y eficaz.
Dice la Carta Europea de Autonomía Local en su artículo 9 que «Las Entidades locales tienen derecho, en el marco de la política económica nacional, a tener recursos propios suficientes de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de sus competencias”. Sin embargo, tal y como comentamos en las jornadas, este derecho es sin duda el que menos efectividad ha alcanzado.
No sólo nos encontramos con una reforma de la financiación local pendiente, tanto o más que la financiación autonómica. Más aún, resulta un obstáculo la ineficiencia de la financiación existente, marcada por la falta de recursos que sufren las entidades locales durante la mayor parte de cada año.
Las entidades locales deben presentar cada año unos presupuestos que se encuentran condicionados por la falta de información completa acerca de su participación en los tributos (PIE y PICA), pero también por la obligatoriedad de concurrir a sucesivas convocatorias para obtener financiación hasta los niveles mínimos para asumir sus gastos. Conviene recordar que estas convocatorias se resuelven en su mayor parte en el último trimestre de cada año, por lo que no es hasta esta fecha cuando el nivel local conoce su financiación efectiva.
Los fondos europeos además, poseen una complejidad cada vez mayor para su obtención y gestión en una estructura descentralizada como la española. A ello se suma una estructura de personal local que no se ha adaptado a las nuevas necesidades, para dar como resultado una escasa absorción local de la financiación europea.
Los datos confirman esta intuición. Más del 80% de los municipios en nuestro país tienen menos de 5.000 habitantes y, como recoge, el informe sobre despoblación del Consello de Contas de Galicia, sólo el 52% han accedido a la financiación de los fondos #NGEU, situación que resultará extrapolable con carácter general al resto del país.
Además, la asunción de estos nuevos fondos, con estructuras de funcionamiento poco dinámicas o profesionalizadas para ello, puede tener un efecto «peligroso» si la financiación es demasiado elevada, como la financiación de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local «EDIL» (antigua EDUSI), que supone en ocasiones la obtención de fondos equivalentes a la mitad del presupuesto anual de estos municipios. Y ese efecto no es otro que admitir que más financiación también puede provocar «embudos y cuellos de botella» donde la cautividad de empresas consultoras o la posibilidad de pérdida de fondos (o incluso la atracción de profesionales del fraude) debe ser un factor a tener muy en cuenta.
En conclusión, hemos llegado a los 40 años como perceptores de fondos europeos como estado miembro de la UE, y seguimos con unas administraciones locales a las que obligamos a levantar el peso de su absorción sin acompañar del otro lado de la balanza unas estructuras profesionales y un necesario apoyo y asesoramiento por los demás niveles de administración (provincial, autonómico y estatal) como para poder asumirlos con eficiencia. ¿Qué podría salir mal?
Jacinto Álvarez Somoza
Auditor en el Área de Corporaciones Locales del Consejo de Cuentas de Galicia