Todos los Programas Marco de los grandes partidos de implantación nacional recogen el problema de la despoblación
Si atendemos a los anuncios y declaraciones de los responsables de los distintos niveles de gobierno de los últimos años, la lucha contra la despoblación rural se ubica dentro de las prioridades de las políticas públicas españolas y se presenta como una de las preocupaciones de la sociedad española, en general. Hay un alto consenso social y político sobre la conveniencia de frenar el proceso de despoblación y, en la medida de lo posible, revertirlo.
Este consenso generalizado tiene un reflejo en el documento España 2050, la estrategia nacional a largo plazo, especialmente en el Desafío 5ª (Preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva) y el Desafío 6ª (Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible). El despoblamiento ya no afecta solo a la España rural; también se da en muchas ciudades medias de nuestro país, incluidas las capitales de provincia y las cabeceras de comarca. Si estos datos se conectan con los de envejecimiento demográfico en esos mismos municipios, claramente se puede pronosticar un agravamiento muy acusado de la despoblación de esos mismos municipios en la próxima década.
Los intentos de explicación de la despoblación sitúan en el nivel local los factores responsables de este fenómeno. Estos factores están vinculados a procesos demográficos (envejecimiento y baja tasa de natalidad), económicos (menor productividad y diversidad de la actividad económica en las zonas menos pobladas, pocas oportunidades laborales) y de gestión pública (limitaciones en la provisión de servicios). Existe un desequilibrio que las referidas tendencias demográficas producen entre la población activa afectada por el descenso en la tasa de natalidad y una población dependiente cada vez más amplia y con mayores necesidades de servicios y prestacionales sociales.
En definitiva, existe consenso en considerar que un factor determinante de las migraciones interiores está en la disponibilidad y calidad de los servicios públicos: el mayor atractivo que presentan las ciudades en acceso a servicios, infraestructuras y oportunidades laborales, educativas y de ocio. Pese a los muchos avances acometidos en las últimas décadas, la diferencia entre el mundo rural y el urbano es todavía notable. Ello se debe a que a las Administraciones públicas y a las empresas les resulta más rentable ofrecer servicios en zonas densamente pobladas, donde, por unos costes fijos similares, obtienen una mayor cobertura de necesidades. Esto hace que los servicios e infraestructuras de las zonas rurales estén mucho menos desarrollados.
El envejecimiento y la disminución de población han venido acompañados de un deterioro en el acceso a servicios básicos como la educación, la atención médica, el transporte público o la banca, y ha hecho que muchas personas que desean permanecer en el mundo rural se encuentren con más dificultades para lograrlo. Entre los servicios públicos relevantes para la calidad de vida se cuentan servicios esenciales de competencia propiamente local o participados por los municipios o donde su intervención es determinante, aunque también muchos de competencia supralocal. Además, el vaciamiento de la España rural también ha acelerado el deterioro medioambiental: el difícil acceso a la tierra ha limitado la incorporación de las generaciones más jóvenes a la actividad agraria y el abandono de muchas prácticas agrícolas y silvícolas ha aumentado la vulnerabilidad ante los incendios, la erosión del suelo o la pérdida de biodiversidad, al tiempo que ha puesto en riesgo el desarrollo de algunas actividades primarias esenciales para el conjunto del país. De forma análoga, la despoblación rural está poniendo en peligro la conservación de una parte importante de nuestro patrimonio material (iglesias, arquitectura popular, caminos, puentes) e inmaterial (dialectos, tradiciones orales, danzas, festejos, técnicas artesanales, tradiciones culinarias), con todo lo que ello supone para el bienestar de la ciudadanía y nuestra identidad cultural.
En definitiva, en la mayoría de los estudios y diagnósticos realizados sobre el problema de la despoblación se considera, entre los elementos para mantener o aumentar población de una entidad local, que es necesario que la entidad local, en función del tamaño poblacional, sea capaz de ofrecer, en cantidad y calidad, los servicios que demandan los ciudadanos. La falta de servicios, o su baja calidad, los problemas de accesibilidad o el aislamiento son elementos determinantes, junto a otros factores, del progresivo abandono que han experimentado las zonas rurales españolas. Partiendo de esta premisa, las políticas de lucha contra la despoblación (plasmadas en los últimos tiempos en los distintos planes de lucha contra la despoblación aprobados por las distintas administraciones públicas) parece que deberían incluir, sin perjuicio de otras medidas, actuaciones destinadas a garantizar el acceso a las infraestructuras y a los servicios públicos esenciales.
Pues bien, sentado lo anterior (el discurso formal imperante de un claro apoyo a la lucha contra la despoblación), y más allá de este “mundo de imágenes y gestos” (en palabras del Profesor Fernando López Ramón), veamos el reflejo que esta cuestión tiene en los contenidos de los programas electorales de las principales fuerzas políticas de implantación nacional.
El Programa Marco del Partido socialista Obrero Español, aunque tiene un apartado específico que lleva por título “Reto Demográfico y Despoblación. Mundo rural” y afirma que ese reto “pasa por configurar un nuevo marco de gobernanza junto con los actores sociales, económicos, políticos y profesionales del territorio” y que ello se consigue “a través de infraestructuras, prestación de servicios y acceso a oportunidades”, el contenido concreto es bastante limitado. Apuesta, de forma genérica, por “incorporar un nuevo marco estratégico y normativo” para redefinir un nuevo modelo de cohesión territorial; por “mantener y fortalecer los servicios públicos en la zona rural: educación, sanidad y servicios sociales”, por “generar redes de transporte sostenible y eficiente” y por la “mejora de las infraestructuras viarias, así como de telecomunicaciones con la extensión de internet por luz, WIFI y fibra óptica, con más capacidad de datos y mayor velocidad”. También incluye una referencia al desarrollo de medidas que fomenten la emancipación de las y los jóvenes y el acceso a vivienda en el medio rural.
Junto a lo anterior, incluye un apartado que se denomina “Municipios sociales”, que incluye referencias genéricas a una configuración de los servicios sociales que responda a los principios de solidaridad, universalidad, igualdad, proximidad, calidad y atención personalizada, con una apuesta por el refuerzo de la red de atención social primaria y haciendo referencia a la futura Ley Estatal General Básica de Servicios Sociales. Aquí incluye algunas medidas que son más concretas, aunque referidas a todos los municipios y, en la casi totalidad de ellas, sin atención especial al factor de la despoblación: realización de una evaluación de los servicios sociales y de catálogos de servicios y mapas para detectar espacios sin cobertura; apoyo a la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y detección de posibles beneficiarios/as como prioridad; desarrollo de proyectos e itinerarios de inclusión con el fin de avanzar en una tramitación más ágil del IMV que será complementado con una atención social especializada; implantación de la Tarjeta Familias; ampliación de la red de atención temporal a personas sin hogar; refuerzo de los recursos de la Ley de Dependencia: servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, acompañamiento, así como otros servicios que mejoren la autonomía de las personas mayores, en especial en los entornos rurales y con poca densidad de población, etc.
Por su parte, en relación con la despoblación, en el Programa Marco del Partido Popular para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, llama la atención que reivindica el papel de las diputaciones provinciales como garantes de la vertebración territorial, la igualdad entre españoles, la provisión de servicios públicos esenciales y la lucha contra la despoblación. En especial, destaca su papel en la asistencia a los municipios más pequeños y proponen fortalecerlo con el objetivo de garantizar los mejores servicios a los ciudadanos residentes en los lugares menos poblados. Además, hay referencias a medidas de protección a colectivos vulnerables en relación con la vivienda, la sanidad, la educación, etc. Pero se trata de referencias genéricas, sin atención especial a la población rural o a los espacios que más sufren la despoblación.
El Programa Marco de Unidas Podemos ya enuncia, en la Introducción, que parte de constatar la diversidad territorial y poblacional existente en España. Y, por eso, incluye un apartado que lleva por título “España vaciada y España superpoblada”, dentro del cual hace referencia específica a los servicios públicos: “Podemos siempre ha trabajado para devolver población, tejido productivo, servicios y prosperidad a la España vaciada”. Sentado esto, para hacer frente a este desafío, se incluyen medidas transversales que están recogidas en cada uno de los apartados sectoriales, con medidas específicas en ocasiones, referidas al ámbito rural. Así, por ejemplo, recoge la garantía de contar con un centro de atención primaria a una distancia máxima de cada núcleo de población, la apuesta por el mantenimiento de las escuelas rurales, la asistencia en el domicilio de las personas dependientes, la habilitación de un transporte público un mínimo de dos veces al día entre cualquier núcleo de población y la correspondiente capital o cabecera de comarca, la compra de proximidad de alimentos en los comedores escolares (que proponen extender a cualquier comedor o cafetería dependiente de una Administración Pública), la creación de supermercados públicos que puedan ofrecer mejores precios a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos, el mantenimiento de oficinas y cajeros mediante una banca pública, alcanzar la conectividad total de todo el territorio mediante empresas de telecomunicaciones públicas o medidas de protección de la tierra fértil, del paisaje y del medioambiente frente a la instalación de macroplantas renovables, así como la participación democrática en la toma de decisiones, la participación económica en dichos negocios y la bajada de la tarifa de la luz en los territorios productores. De igual modo, en lo relativo a los transportes, se incluye una apuesta por un tren asequible, sostenible y de calidad, especialmente en aquellos territorios peor conectados.
El Programa de Ciudadanos hace referencia a un compromiso de que, allí donde gobiernen, “que no tengan que abandonar sus pueblos y ciudades, forzados por el vaciado de una España abandonada por sucesivos gobiernos”. Junto a esta previsión de objetivo general, se incluye una referencia a los servicios públicos municipales: “tenemos que acercar a todos los municipios y ciudades de nuestro país servicios sanitarios, asistenciales, tanto a la infancia como a los mayores y cualquier acompañamiento para mejorar la vida de las familias”. Nada más.
El programa electoral de VOX para las elecciones autonómicas y municipales 2023, a diferencia del resto, no parte de la afirmación genérica de la preocupación por la despoblación y, sin embargo, sí que contiene medidas específicas de fortalecimiento de los servicios públicos rurales. Así, promueve lo siguiente: la puesta a disposición de la red de fibra óptica por parte de Red Eléctrica de España a las zonas despobladas de España; medidas contra la desertificación financiera, especialmente en el medio rural y en las regiones con menor densidad poblacional y con fragmentación municipal, así como garantizar siempre la atención presencial en las gestiones ordinarias; reivindica el “derecho a permanecer” ante la falta de oportunidades que obliga a los jóvenes de zonas rurales a hacinarse en las ciudades; frente a la carencia de cobertura de transportes en zonas rurales con poca densidad de población, propone promover la construcción de aparcamientos disuasorios y la ampliación de sistemas de transporte a demanda; y, por último, en relación con la salud, propone la apertura de nuevos centros de atención primaria y ambulatorios en las zonas rurales y establecer un número mínimo de centros de atención primaria por habitante para garantizar que todo español es atendido cuando lo necesita y en condiciones de igualdad.
En definitiva, en todos los Programas Marco de los grandes partidos de implantación nacional se recoge el problema de la despoblación, incluso, en relación con la necesidad del mantenimiento de servicios públicos de calidad. Sin embargo, en general, podemos concluir que estos Programas Marco no realizan una propuesta de medidas concretas que nos puedan indicar cuál es su modelo de gestión de los servicios públicos locales, que tengan en cuenta la dimensión rural/urbana o que ayuden en la lucha contra la despoblación. Se limitan a hacer una apuesta por unos servicios públicos de calidad y que atiendan a diversas necesidades de las personas, en especial, en relación con colectivos más vulnerables (mayores, jóvenes, familia, discapacitados), con afirmaciones genéricas en las que las cuestiones locales, autonómicas y nacionales aparecen mezcladas. Una excepción a esto lo constituye el Programa Marco de Unidas Podemos y, en menor medida, el de Vox, que sí contienen medidas específicamente referidas a la mejora de los servicios públicos en el ámbito rural despoblado.
Mónica Domínguez Martín
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid
Orcid iD: https://orcid.org/ 0000-0003-4436-1855
monica.dominguez@uam.es
*Estudio realizado en el Proyecto I+D «Políticas y servicios públicos contra la despoblación» (PID2019-105799RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y dirigido por F. Velasco Caballero y C. Navarro Gómez.