En los últimos años, se ha vuelto cada vez más evidente la insuficiencia de muchas políticas públicas para resolver problemas persistentes. Esta constatación no es menor en términos democráticos: cuando los gobiernos no logran mejorar la vida cotidiana de las personas, la insatisfacción crece y con ella se erosiona el apoyo a las instituciones. El desafío, entonces, no es solo hacer más políticas, sino hacerlas mejor. Y en ese terreno, el nivel local aparece como un espacio privilegiado para innovar, experimentar y reconstruir legitimidad.
Tradicionalmente, cuando una política pública no alcanza sus objetivos, las explicaciones suelen centrarse en la implementación: falta de recursos, debilidad institucional, problemas de coordinación o resistencia de actores clave. Sin embargo, como ha señalado la literatura, incluso políticas con alto apoyo pueden fracasar si el problema está mal formulado o si los instrumentos elegidos no son adecuados. Esto invita a mirar más allá de la ejecución y prestar atención al diseño: cómo entendemos el problema, qué supuestos hacemos sobre el comportamiento humano y qué herramientas ponemos en marcha (McConnell, 2010; Bovens y Hart, 2016; Strassheim, 2019).
En las últimas décadas, las ciencias conductuales han tenido un impacto significativo en el diseño de políticas públicas al cuestionar la idea de un ciudadano plenamente racional y al incorporar al análisis dimensiones como los sesgos cognitivos, las emociones o los hábitos. Este enfoque ha permitido ampliar el repertorio de herramientas disponibles, introduciendo intervenciones más sutiles y, en ocasiones, más efectivas que los tradicionales incentivos o sanciones. Sin embargo, gran parte de estas aproximaciones han mantenido el foco en el individuo —en sus decisiones, percepciones y comportamientos— sin terminar de capturar el carácter profundamente social y relacional de las acciones humanas.
Este énfasis ha dejado en un segundo plano una cuestión clave: las conductas no son decisiones aisladas, sino que están insertas en prácticas sociales más amplias, sostenidas por rutinas, infraestructuras, normas compartidas y significados culturales. Ignorar esta dimensión limita el alcance de las intervenciones, ya que dificulta comprender por qué ciertas conductas persisten a pesar de los incentivos o la información disponible. De ahí la necesidad de complementar los enfoques conductuales (propios de la psicología, economía y ciencia política) con una mirada más sociológica, que permita intervenir no solo sobre elecciones individuales, sino sobre los contextos y entramados sociales que las hacen posibles y las reproducen en el tiempo (Güemes, 2026).
Aquí es donde el nivel local cobra especial relevancia. Los gobiernos locales no sólo están más cerca de los problemas, sino también de las prácticas cotidianas que los sostienen. Durante mucho tiempo, el diseño de políticas en general y locales en particular, ha partido de la idea de que las personas actúan en función de incentivos o información: si no hacen algo, es porque no quieren o no pueden. Sin embargo, las conductas no se producen en el vacío, sino que están profundamente imbricadas en contextos sociales, normas compartidas y rutinas.
Desde esta perspectiva, resulta útil desplazar el foco desde la conducta individual hacia las prácticas sociales. Las prácticas son formas rutinizadas de hacer que combinan tres elementos: materiales (infraestructuras, objetos), competencias (saberes y habilidades) y significados (valores, normas, expectativas) . Pensar así permite entender por qué ciertas conductas persisten y por qué otras son tan difíciles de cambiar (Shove, 2010).
Tomemos un ejemplo cercano a la acción local: la movilidad urbana. Reducir el uso del coche privado no depende solo de prohibir la circulación en ciertos lugares (palos), o incentivar el uso de otro modelo de transporte (zanahorias), ni de convencer a las personas de que es mejor usar transporte público (sermones). Implica intervenir sobre infraestructuras (redes de transporte, carriles bici), sobre competencias (saber usar alternativas, planificar desplazamientos) y sobre significados (qué se asocia al coche, qué se percibe como cómodo o deseable). Sin abordar estos tres planos de manera integrada, las políticas difícilmente tendrán efectos sostenidos.Lo mismo ocurre con problemas como el reciclaje, el consumo energético o los cuidados. En todos estos casos, el cambio requiere algo más que incentivos o campañas informativas: imp00lica transformar prácticas sociales arraigadas.
Un ejemplo ilustrativo de política pública centrada en el enfoque de las práctica social es el de la llamada “dieta nórdica”, impulsada en países como Dinamarca y Suecia. Más que centrarse exclusivamente en informar a las personas sobre qué comer o en modificar precios relativos, la estrategia combinó distintos elementos: la promoción de productos locales y de temporada (materiales), el desarrollo de habilidades culinarias a través de escuelas y campañas (competencias), y la resignificación cultural de la alimentación saludable como parte de una identidad colectiva (significados). Además, se involucró a actores diversos —escuelas, restaurantes, productores, administraciones locales— generando un ecosistema que facilitó la adopción de nuevas rutinas alimentarias. Este tipo de experiencias muestra que cambiar comportamientos sostenidos en el tiempo requiere intervenir en los entornos y prácticas que los sostienen, y no solo en las decisiones individuales. Para los gobiernos locales, esto abre un campo fértil de acción: diseñar políticas que transformen los contextos cotidianos donde se producen y reproducen hábitos, articulando infraestructuras, capacidades y sentidos compartidos (Byrkjeflot et. al, 2013; Spurling et. al, 2013).
Aquí el gobierno local tiene una ventaja comparativa clara. Puede diseñar intervenciones a pequeña escala, probar soluciones, ajustarlas y aprender de la experiencia. Puede también articular actores diversos —vecinos, asociaciones, empresas, expertos— y generar procesos de co-diseño que aumenten la apropiación de las políticas. Y, sobre todo, puede incidir directamente en los contextos donde se desarrollan las prácticas: el barrio, la escuela, el espacio público.
Esto no significa que el nivel local esté exento de limitaciones. La presión por resultados rápidos, los ciclos electorales o la escasez de recursos pueden dificultar procesos más reflexivos e iterativos. Sin embargo, precisamente por su proximidad y flexibilidad, los gobiernos locales están en una posición privilegiada para romper inercias y explorar nuevas formas de intervención.
Repensar las políticas públicas desde lo local implica, en definitiva, asumir la complejidad de los problemas y abandonar soluciones simplistas. Supone entender que el cambio social no se produce sólo a través de normas o incentivos, sino a través de la transformación de prácticas cotidianas. Y requiere combinar herramientas diversas con una mirada situada, atenta a los contextos y a las dinámicas sociales concretas. En ese camino, el gobierno local no es solo un nivel administrativo, sino un laboratorio clave para imaginar y construir futuros más habitables.
Cecilia Güemes
Profesora contratada doctora en el Departamento de Ciencia Política UAM
Vicedecana Relaciones Internacionales e Igualdad en la Facultad de Derecho UAM
Miembro permanente IDGL