Este mes hemos asistido a una serie de desastres naturales, que se manifiestan con más frecuencia y cuyas consecuencias son cada vez más devastadoras. Es el caso de la cadena de borrascas que sólo en Andalucía ha causado el desplazamiento de miles de personas, evacuando pueblos enteros y cerrando el acceso a los mismos. Otros eventos con consecuencias dramáticas fueron las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024 en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. También, los más de veinte grandes incendios forestales que se declararon en agosto de 2025 y que arrasaron más de 300.000 hectáreas –una superficie equivalente a toda la isla de Gran Canaria–. Si a estos eventos sumamos otros como el colapso energético del pasado 28 de abril, la pandemia o la actual amenaza a los valores democráticos por parte de gobiernos considerados liberales, entenderemos a qué nos referimos cuando afirmamos que vivimos en un contexto de policrisis —cambio climático, tensiones geopolíticas, transformación digital, pandemias y crecientes desigualdades sociales—.
La policrisis es definida como un sistema complejo de crisis interconectadas que trascienden ámbitos específicos y que se influyen mutuamente [1]. En este contexto, el término resiliencia [2] ha ido ganando presencia en los debates sobre estrategias urbanas (100 Resilient Cities) y planificación territorial [3], pasando de ser un concepto emergente a un paradigma rector de las políticas públicas. La resiliencia se refiere a la capacidad de los sistemas, ya sean ecológicos, sociales o económicos, de resistir impactos y tensiones, adaptarse a condiciones cambiantes y transformarse cuando sea necesario. Por otra parte, la resiliencia tiene una clara dimensión territorial, ya que las vulnerabilidades y las capacidades difieren de lugar a lugar en función de la infraestructura, los sistemas ecológicos, el capital social, la gobernanza y la morfología espacial. Sin embargo, son las ciudades las que se enfrentan a más desafíos por los efectos de la urbanización masiva, el cambio climático y la inestabilidad política. Por esta razón, Naciones Unidas ha impulsado el City Resilience Profiling Programme (CRPP), en el que participa Barcelona, que ayuda a los gobiernos locales a construir competencias para mejorar la resiliencia y a desarrollar una planificación urbana más comprensiva e integrada.
Las políticas de resiliencia no consisten, por tanto, sólo en reaccionar ante las crisis, sino que implican planificar e invertir para minimizar los impactos de eventos futuros y garantizar el bienestar de la comunidad en el medio y largo plazo. En este sentido, como se destaca en los Informes de Prospectiva Estratégica de la Comisión Europea – Strategic Foresight – (2020, 2025), la resiliencia debe ir más allá de la mera gestión de la reacción a la crisis y orientarse a favorecer la anticipación, la adaptación y la transformación de los lugares y sus comunidades de forma sostenible. Las políticas de resiliencia son, de este modo, un ámbito de política pública emergente, de naturaleza intrínsecamente local, resultado de un proceso dinámico que combina tres capacidades interrelacionadas: (1) Anticipación (preparación y previsión), (2) Respuesta (absorción y gestión de impactos), y (3) Adaptación y transformación (aprendizaje y mejora estructural).
Algunos ejemplos de políticas que responden a este enfoque son la creación de refugios climáticos. Según Greenpeace, a pesar de la recurrencia de las olas de calor en nuestro país, sólo 16 de las 52 capitales españolas cuentan con una red de refugios climáticos públicos. Las cinco ciudades con mayor número de refugios climáticos en su red son Barcelona (401), Bilbao (131), Murcia (94), Málaga (93) y Donosti (89). Llama la atención que, Madrid, a pesar de ser la ciudad más poblada de España, sólo cuente con 31. Otros ejemplos, más propios de la gestión de riesgos, son la adopción de Sistemas de Alerta Temprana, que utilizan tecnología y redes de comunicación para avisar a las comunidades sobre peligros inminentes como inundaciones, olas de calor o tormentas – Alertas SMS, sirenas, medidores de nivel de ríos, semáforos o señalética, megáfonos, etc. –; o también las iniciativas Community-Based Disaster Risk Reduction, basadas en la capacitación, la provisión de recursos y en procesos de planificación participativa adaptados a los contextos y necesidades locales.
La deriva del mundo contemporáneo (especialmente, tras la pandemia), por un lado; pero también la disponibilidad de recursos para adoptar este enfoque, por el otro, justifican la conveniencia de que los gobiernos locales consideren la necesidad de adoptar la resiliencia como un nuevo tipo de política clave en sus territorios. Y aunque su buena capacidad de respuesta, adaptación y aprendizaje ya han quedado demostrados en distintas ocasiones en comparación con la de otros niveles de gobierno, la magnitud y la frecuencia de las crisis aconseja, cuanto menos, dedicar un momento a esta reflexión en un contexto cada vez más incierto y cambiante.
Moneyba González Medina
Profesora de Ciencia política y Secretaria Académica del IDGL-UAM.
Universidad Autónoma de Madrid
Red social/Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-9160-1527/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/moneyba-gonz%C3%A1lez-medina-118a6464/
Referencias:
[1] Duit, A., & Galaz, V. (2008). Governance and complexity—emerging issues for governance theory. Governance, 21(3), 311-335.[2] Taşan-Kok, T., Stead, D., & Lu, P. (2013). Conceptual overview of resilience: History and context. In: Eraydin, A., & Tasan-Kok, T. (eds.). “Resilience Thinking” for Planning. Dordrecht u.a.: Springer, 39-51.
[3] Davoudi, S. (2012). Resilience: A Bridging Concept or a Dead End? Planning Theory & Practice, 13(2), 299-307.