Jurisprudencia

TC – Financiación local

By 2 noviembre, 2021No Comments

STC 159/2021. La utilización de una norma con rango de ley para fijar el importe de una subvención no puede considerarse impeditiva de la actuación administrativa ni catalogarse como una actividad típicamente ejecutiva.

STC 159/2021, de 16 de septiembre (ECLI:ES:TC:2021:159). Se plantea cuestión de inconstitucionalidad por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña en relación con los apartados, 2, 3, 4 y 5 de la Disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, de 10 de julio, de educación, en la redacción dada por el artículo 172.3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril.

El órgano judicial considera que dicha disposición interfiere en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art.24.1 CE) y en la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE). Asimismo, considera que se infringe el artículo 9.3 CE (interdicción de la arbitrariedad, irretroactividad y seguridad jurídica). Por último, el órgano judicial considera que, la disposición cuestionada, podría vulnerar el principio de suficiencia financiera de las haciendas locales (arts. 142 CE, 217 y 219 EAC).

En este caso, el eje principal de la cuestión de inconstitucionalidad es el carácter autoaplicativo de la disposición adicional cuestionada. El TC analiza la naturaleza de la Disposición adicional trigésima impugnada y dispone que, la mencionada disposición se introduce por la Ley 5/2020. La justificación es la prórroga de los presupuestos del 2017 y no se limita únicamente a determinar la financiación de las guarderías, sino que tiene un gran impacto cuantitativo y cualitativo. Además, no determina exclusivamente las subvenciones que percibirán los ayuntamientos que tienen procedimientos contenciosos- administrativos pendientes contra la Generalitat, sino que se limita a fijar la cuantía de las subvenciones de los ayuntamientos de Cataluña. El TC determina que la programación del importe de las subvenciones, que percibirán las guarderías a través de una norma con rango de ley, no puede considerarse impeditiva de la actuación administrativa. Tampoco puede considerarse actividad típicamente ejecutiva, puesto que no impide que la administración realice su función de aplicar la norma al caso concreto. De este modo, se preservan los mecanismos constitucionales de garantía (art. 24.1 CE). Por lo tanto, no podemos calificar la Disposición adicional trigésima de la Ley de educación de Cataluña como un ejercicio anormal de la potestad legislativa o como ley autoaplicativa.

La utilización de una norma con rango legal para determinar la cuantía de las subvenciones a las guarderías municipales no se evidencia como excepcional. Tampoco supone una merma de las garantías del ayuntamiento recurrente en aras de la obtención del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) ni tampoco afecta a la potestad jurisdiccional consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE), ya que queda asegurado el control jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa.

Asimismo, el TC considera que no puede entenderse vulnerado el artículo 9.3 CE, ya que cuando el legislador ordena el pago de determinadas cantidades en concepto de subvenciones a las guarderías, que hasta entonces no habían sido autorizadas, no contraviene el principio de seguridad jurídica, sino que lo garantiza, ya que se obliga a la Generalitat a ajustar su conducta al contenido de la disposición adicional cuestionada.

Por último, el TC no considera que la decisión del Parlamento de Cataluña de garantizar que la Generalitat otorgue subvenciones a los ayuntamientos para la financiación de las guarderías, determinando el importe de estas, pueda afectar a la suficiencia financiera de las haciendas locales (art. 142 CE). Ello se debe a que el principio de suficiencia financiera encuentra su límite “en el marco de las disponibilidades presupuestarias” (STC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 7).

En consecuencia, el TC decide desestimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con los apartados 2,3,4 y 5 de la Disposición adicional trigésima de la Ley 12/2009 de Educación, en la redacción dada por el art. 172.3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020.

Texto completo (ECLI:ES:TC: 2021:159).

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