Jurisprudencia

TC – IIVTNU

By 23 noviembre, 2021No Comments

STC de 26 de octubre de 2021. La plusvalía municipal en la forma en la que está prevista su exacción no resulta acorde al principio de capacidad económica de los contribuyentes.

STC de 26 de octubre de 2021. Se plantea cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía (con sede en Málaga), Ceuta y Melilla respecto de los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 LHL, por posible vulneración del artículo 31.1 CE.

La cuestión principal no se centra, como ocurría en otros asuntos (SSTC 26/2017, 37/2017 y 126/2019), en la adecuación del tributo al principio de capacidad económica sino en su adecuación al principio de capacidad económica como medida de la base imponible.

El TC estudia la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y dispone que, el principio de capacidad económica se ve lesionado respecto de quienes tienen una menor capacidad económica y a pesar de ello soportan una mayor carga tributaria frente a aquellos que tienen una capacidad superior.  El presupuesto de hecho de este impuesto es un índice de capacidad económica, real o potencial, y ello obliga a modular la carga tributaria del contribuyente en función de su mayor o menor capacidad económica. El segundo párrafo del artículo 107.1 a) y 107.4 LHL disponen un único método de determinación de toda la base imponible del IIVTNU y no de parte de ella, de forma objetiva y de imperativa aplicación.

A juicio del TC, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible es ajeno a la realidad de la crisis económica y el mercado inmobiliario y, por ende, también al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente. Ello conlleva una vulneración de la capacidad económica como criterio de imposición. Por lo tanto, carece de sentido de forma obligatoria el gravamen en función de la cuantía de un incremento objetivo basando su legitimación constitucional en razones de practicabilidad ante una pretendida dificultad para determinar la existencia y cuantía del incremento del suelo urbano transmitido. La declaración de nulidad, y consecuente arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 LHL, supone su expulsión del ordenamiento jurídico y ello conlleva la existencia de un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide su exigibilidad.

En lo que a los efectos generados se refiere, debe hacerse hincapié primero en la insistencia del legislador para que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en el régimen legal del impuesto. Asimismo, no deben ser consideradas situaciones objeto de revisión aquellas obligaciones tributarias devengadas que ya tengan efectos de cosa juzgada mediante resolución judicial o resolución administrativa firme. Ello mismo resulta de aplicación a las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas, así como a las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a la fecha de la sentencia.

En consecuencia, el TC estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla y procede a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo del 107.2 a) y 107.4 LHL.

Sin embargo, la decisión del TC no es unánime. Por ello, a continuación, se destacan los dos Votos Particulares:

  • En el primero de ellos el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, al que se adhiere la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, disponen que en lugar de la nulidad se debía haber optado por regular el sistema alternativo, de aplicación retroactiva. De esta forma, se hubiera permitido solicitar la devolución del impuesto en todos los casos en los que la cantidad abonada no se adecuase a la plusvalía del terreno. Así, se evitaría el vacío normativo. También disponen que el cambio jurisprudencial no puede basarse únicamente en la realidad del mercado inmobiliario y la crisis económica, ya que ello es algo coyuntural y transitorio.
  • El segundo de ellos planteado por el presidente Juan José González Rivas dispone que el problema que plantea el impuesto emana directamente del tratamiento del suelo urbano como una categoría única. Por ello, propone, como un método para cuantificar la variación del valor, partir de que la totalidad del suelo urbano aumenta de valor y la forma de hacerlo es lineal en todo el territorio de aplicación del impuesto. Por lo tanto, considera que un tratamiento igualitario del suelo urbano no es razonable.

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