Jurisprudencia

TS – Ejecución de resoluciones

STS 129/2021. La Administración ante una resolución definitiva, pero no firme, puede dar satisfacción extraprocesal a una pretensión de declaración de caducidad de esta ejercitada en el proceso.

STS 129/2021, de 3 de febrero. Se interpone recurso de casación por la sociedad mercantil Telefónica, S.A contra la sentencia dictada por el TSJ de Canarias que estimaba el recurso de apelación y revocaba la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Las Palmas, dictada en el seno del recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a una resolución de la Directora General de Edificación y actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se ordenaba la demolición de una instalación base de telefonía móvil.

La cuestión se centra en determinar si es conforme a derecho declarar la nulidad de un acto administrativo de ejecución de una orden de restauración de la legalidad física alterada y transformada, que, en este caso, ordenó la demolición de una instalación base de telefonía móvil. La razón de ello fue la apreciación de irregularidades invalidantes, en el presente caso, la caducidad del procedimiento al que puso fin la resolución que se ejecuta, finalizando por resolución firme en la vía administrativa y ulterior confirmación en sede judicial.

El TS estudia la normativa aplicable al caso y dispone que, en este caso, cuando la Administración declaró la caducidad de la resolución que en ella se ejecuta y que contiene el título de dicha ejecución, esta resolución no era firme, pues había sido impugnada jurisdiccionalmente. Por lo tanto, se trataba de una resolución definitiva. De esta forma, la Administración al declarar la caducidad de la resolución definitiva, pero no firme, en el curso de su ejecución, simplemente se está limitando a dar satisfacción extraprocesal a una pretensión formulada ante el Juzgado contra la resolución, esto es, susceptible de ser declarada por el Juzgado en su sentencia. Realmente fue la declaración de caducidad por la Administración la que determinó que el Juzgado en el recurso apreciase la pérdida del objeto de este. No se encontró que la declaración de caducidad conllevase ninguna infracción del ordenamiento jurídico, puesto que, ante esa situación, el órgano judicial hubiera estado obligado a dictar una sentencia “ajustada a derecho”, en los términos del artículo 76.2 LJCA.

En consecuencia, el TS considera que la Administración, en virtud de una resolución que acuerde el restablecimiento de la legalidad, y siempre que esa resolución tenga el carácter de definitivo, pero no firme, puede dar satisfacción extraprocesal a una pretensión de declaración de caducidad de esta ejercitada en el proceso. Ello siempre y cuando el proceso se encuentre pendiente y a pesar de que dicha resolución se encuentre en fase de ejecución.

Por lo tanto, el TS estima el recurso de casación interpuesto por la compañía Telefónica, S.A, casando y anulando la sentencia dictada por el TSJ de Canarias y confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.6 de Las Palmas.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 331/2021 – ECLI:ES:TS: 2021:331).

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