Jurisprudencia

TS – Financiación local

STS 345/2021.  Ante la impugnación de un acuerdo del Pleno municipal que aprueba modificaciones de ordenanzas reguladoras de impuestos, debe distinguirse entre el espacio normativo y aplicativo, evitando centrarse solamente en los aspectos aplicativos, sin impugnar ningún acuerdo concreto y, soslayando los aspectos normativos.

STS 345/2021 de 11 de marzo. Se interpone recurso de casación por una sociedad mercantil contra la sentencia dictada por el TSJ de Extremadura que desestimaba, a su vez, el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la misma sociedad contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mérida que aprobaba las modificaciones de las ordenanzas reguladoras del ICIO, IBI e IAE en dicho municipio.

La cuestión principal se centra en determinar si es contrario al principio de legalidad tributaria o al de jerarquía normativa la limitación que para el reconocimiento de las bonificaciones fiscales potestativas previstas en los artículos 74.2 quáter, 88.2 e), 103.2 a) LHL, establece el apartado 4 del anexo de la Orden PRE 966/2014, de 10 de junio que lo limita a la justificación “por motivos sociales”.

El TS estudia la normativa aplicable al caso y dispone que, los preceptos mencionados constituyen el anclaje legal específico de la modificación de las ordenanzas controvertidas. Además, no deben olvidarse otros previstos en las normativas reguladoras de los tres impuestos en cuestión (IBI, IAE e ICIO) que complementan el modo en el que los ayuntamientos pueden incorporar a sus ordenanzas dichas habilitaciones legales.

Sin embargo, en este caso, el TS considera que ninguna de las partes ha dirigido sus alegaciones a confrontar la conformidad o disconformidad a derecho de las controvertidas modificaciones de las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de Mérida con el marco legal habilitante, es decir, si están o no dentro de los márgenes legales correspondientes. Por lo tanto, las partes se han centrado en aspectos aplicativos, sin impugnar ningún acuerdo concreto, soslayando los aspectos normativos. El Alto Tribunal dispone que no es lo mismo un acuerdo normativo, como ocurre en este caso, de la aprobación de la modificación de unas ordenanzas, que un acuerdo aplicativo, como sería un determinado acuerdo concediendo un beneficio fiscal amparado en dichas ordenanzas.

En consecuencia, el TS desestima el recurso de casación interpuesto por una sociedad mercantil contra la sentencia del TSJ de Extremadura que desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha sociedad contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mérida que aprobaba las modificaciones de las ordenanzas reguladoras del ICIO, IBI e IAE en dicho municipio.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 1571/2021 – ECLI:ES:TS:2021:1571).

 

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