Jurisprudencia

TS – Impugnación indirecta

STS 829/2021. Es indiferente que la ilegalidad de la disposición general haya sido alegada por el recurrente como fundamento de la pretensión anulatoria del acto impugnado o que lo introduzca de oficio el tribunal, pero el órgano jurisdiccional que anula el acto administrativo debe ser competente para conocer del recurso directo contra la disposición general.

STS 829/2021 de 10 de junio. Se interpone recurso de casación por un particular contra la sentencia del TSJ de Cataluña que desestimaba el recurso contencioso-administrativo contra un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat de Cataluña por el que se informaba desfavorablemente de un proyecto urbanístico.

La cuestión principal se centra en determinar si resulta lícito al órgano jurisdiccional competente para conocer de la nulidad de una disposición de carácter general anular la misma con ocasión del dictado de sentencia desestimatoria de un recurso que se fundamenta en la legalidad de dicha norma o, por el contrario, tal posibilidad anulatoria quedaría circunscrita a las sentencias estimatorias de los recursos -directos o indirectos- planteados frente a la disposición general en cuestión.

El TS recurre a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y dispone que, la anulación parcial se produce por incompatibilidad del Plan Especial, en relación con esta inclusión en el Catálogo, respecto del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, arts. 47.3 y 3 bis y 50.2, relativos al régimen de uso del suelo no urbanizable. En este caso, se trataba de una pretensión actora dirigida contra un acto administrativo fundamentada en la conformidad de su pretensión con una norma reglamentaria que es desestimada a pesar de reconocer tal conformidad, por entender, tras hacer uso de la facultad del art. 33.2 LJCA, que aquella disposición general que, ciertamente, amparaba la pretensión, era nula de pleno derecho.

En este caso, en la impugnación indirecta, se trata de un recurso dirigido contra un acto administrativo, y el órgano jurisdiccional puede suplir de oficio, por la vía del art. 33.2 LJCA, la alegación de la ilegalidad de la disposición como motivo de la ilegalidad del acto que no haya sido formulado por el recurrente, pero lo que no puede suplir por esa vía es la impugnación indirecta misma de la disposición general a través del acto recurrido, pues ello supone alterar el objeto mismo del recurso que no es la disposición sino el acto, en la medida en que la disposición sólo es “indirectamente” impugnada a través de éste. Por ello, sólo es posible declarar la nulidad de la disposición si previamente se ha anulado el acto que la aplica por entender que aquélla no era conforme a derecho. Por lo tanto, de conformidad con nuestra ley procesal, para que pueda anularse una disposición general en un recurso dirigido contra un acto administrativo es necesario: en primer lugar, que exista una pretensión impugnatoria contra un acto o actuación administrativa en el que se aplique una disposición general, en segundo lugar que el Tribunal considere que esta disposición es ilegal y, por último,  que con ese fundamento de ilegalidad de la disposición se estime el recurso y se anule el acto impugnado.

En consecuencia, el TS estima el recurso de casación interpuesto por un particular contra la sentencia del TSJ de Cataluña y anula el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña Central por el que se informó desfavorablemente de un proyecto urbanístico.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 2623/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2623).

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