Jurisprudencia

TS – Morosidad

STS 810/2021.  Los recurrentes tendrán derecho al pago de una cantidad por cada factura reclamada que no hubiera sido pagada en el plazo contractual o legalmente establecido. El devengo de dicha cantidad se establece en la Ley de lucha contra la morosidad no por cada reclamación económica presentada para el pago de la deuda, sino que viene referida a cada factura que ha resultado impagada en plazo.

STS 810/2021 de 8 de junio. Se interpone recurso de casación por una sociedad mercantil contra la sentencia dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana que resolvía, a su vez, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la misma sociedad contra la desestimación presunta de la reclamación formulada a la consejería de sanidad por el pago de intereses y costes de cobro.

La cuestión principal se centra en determinar si, en este caso, la cantidad fija de 40 euros por gastos de cobro del artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que transpone a nuestro ordenamiento el art. 6.1 de la Directiva 2011/7, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, debe interpretarse en el sentido de reconocer que los 40 € deben abonarse por cada una de las facturas abonadas con demora, o como cantidad única por el conjunto de todas ellas.

El TS recurre a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y dispone que, la Ley 3/2004 traspone la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que realizó una refundición de las disposiciones en cuestión por razones de claridad y racionalización. Conviene tener en cuenta, a los efectos de la interpretación del artículo 8 de la Ley 3/2004, que por ” cantidad adeudada” debe entenderse, a tenor del artículo 2 del esta Directiva, ” el importe principal que debe pagarse en el plazo contractual o legal establecido, incluidos los impuestos, tasas, derechos o costes especificados en la factura o en la solicitud de pago equivalente”. Cuando no se ha cumplido, por tanto, en el plazo de pago. En definitiva, es la falta de pago, una vez expirado el plazo de pago, lo que determina que se incurra en mora, y cuándo debe abonarse, por tanto, la cantidad de 40 euros que, como gasto de cobro, tiene un carácter automático

Desde luego, ninguna excepción se hace en la Ley 3/2004, ni en la Directiva 2011/7/UE, respecto de la cantidad fija de 40 euros por gastos de cobro, para los casos en los que ya han resultado sobradamente impagadas en plazo las facturas, y se inicia posteriormente el procedimiento administrativo para la reclamación y efectivo pago del importe de las facturas, respecto de las que se incurrió en mora, y que ahora resultan acumuladas. Y lo cierto es que cuando la Ley ha querido hacerlo, mediante agrupación de facturas, lo ha hecho, como es el caso del artículo 4.4 de la Ley 3/2004, aunque únicamente a los efectos de la determinación del plazo de pago. Pero es que ni en la Ley ni en la Directiva se alude al devengo de la cantidad de 40 euros por gastos de cobro por cada reclamación económica presentada para el pago de la deuda, sino que, por el contrario, tanto la Ley como la Directiva se refieren a cada factura que ha resultado impagada en el plazo previsto legal o contractualmente. En definitiva, el procedimiento administrativo posterior de reclamación de facturas ni siquiera es el eje de la regulación contenida en la Ley y en la Directiva citadas, que se centra en proporcionar las herramientas necesarias para combatir la morosidad, para ” desalentar esa práctica” (considerando 19 de la Directiva), tras constatar que las “facturas correspondientes se pagan con mucho retraso respecto al plazo previsto” (considerando 3 de la Directiva).

En consecuencia, el TS estima parcialmente el recurso promovido por la actora, anula la sentencia de instancia en lo relativo al abono de la cantidad fija de 40 euros de costes de cobro, manteniendo lo demás, y reconoce a la actora el derecho a que la Administración le abone 40 euros por cada factura reclamada.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 2343/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2343).

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