Jurisprudencia

TS – Unidad esencial del vínculo

STS (Sala de lo Social) 1085/2020. Pronunciamiento del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la teoría de “la unidad esencial del vínculo” y la contratación irregular en la Administración

STS 1085/2020, de 9 de diciembre. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por una trabajadora de la Diputación Provincial de Huelva que alega la existencia de fraude en la contratación temporal y que debe aplicarse la doctrina jurisprudencial relativa a la “unidad esencial del vínculo” para el cálculo de la indemnización por despido.

La actora prestó servicios a favor de la Diputación Provincial de Huelva como oficial administrativa mediante un total de veinte contratos temporales desde junio de 2000 hasta julio de 2015. Los dos primeros fueron contratos eventuales por acumulación de tareas y los restantes por obra o servicio determinado. La sentencia del Juzgado de lo Social, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desestimó la demanda por despido al entender que la Diputación Provincial de Huelva actuó conforme a derecho porque los contratos estaban vinculados a subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo.

El Pleno en la sentencia se pronuncia sobre dos cuestiones interesantes. La primera si en el caso concreto existe fraude de ley en la contratación temporal, pese a que los contratos temporales estaban vinculados a subvenciones. Y la segunda si es aplicable la teoría de la “unidad esencial del vínculo” para el cálculo de la indemnización por despido.

En relación con la primera cuestión, sobre si la existencia de una subvención justifica la contratación temporal, la Sala recuerda su doctrina y determina que la existencia de una subvención no es un elemento decisivo y concluyente para la validez de un contrato temporal causal. La licitud de la contratación temporal no puede depender exclusivamente de la existencia de una subvención, siendo obvio que también pueden financiarse servicios permanentes en los entes públicos por medio de subvenciones. Para justificar la modalidad contractual de obra o servicio determinado el contrato debe reunir consistencia, individualidad y sustantividad propia, siendo necesario que el objeto sea intrínsecamente temporal y se encuentre suficientemente identificado. No puede utilizarse la contratación temporal para desempeñar durante amplios periodos una actividad habitual y ordinaria de la empresa.

En el caso concreto, según el Tribunal Supremo, la trabajadora había desarrollarlo “una actividad habitual y normal – no coyuntural, ni puntual- de la Diputación Provincial de Huelva” por tanto, “la autonomía del contrato temporal se desdibujó, convirtiéndose en una actividad reiterada en múltiples ocasiones”. En consecuencia se estima el primer motivo de casación y se declara la existencia de fraude de ley en la contratación temporal de la demandante.

Respecto a la aplicación de la “unidad esencial del vínculo” para realizar el cálculo de la indemnización por despido, computando la antigüedad de la demandante desde la primera de las contrataciones, el Tribunal recuerda que esta doctrina es distinta en función de que opera a efectos del complemento por antigüedad o de la indemnización extintiva.

Con relación al complemento de antigüedad, la Sala sostiene que al tratarse de un plus que compensa la adscripción de un trabajador a la empresa o la experiencia adquirida durante el tiempo de servicio, ambas circunstancias no se modifican por el hecho de existir interrupciones más o menos largas en el servicio al mismo empleador, máxime cuando tales interrupciones son imposición de este.

Por otro lado, a efectos del cálculo de la indemnización extintiva se afirma con carácter general que en la sucesión de contrataos temporales se computa la totalidad del tiempo de prestación de servicios a efectos de antigüedad, cuando ha existido la unidad esencial del vínculo, lo que comporta que no se consideren con carácter general las interrupciones de menos de veinte días, pero también superiores, cuando la misma no sea significativa a efectos de romper la continuidad de la relación laboral existente, dependiendo de las circunstancias del caso.

En cambio, cuando se aprecia fraude en la contratación temporal, debe imponerse “un criterio más relajado -con mayor amplitud temporal- en la valoración del plazo que deba entenderse «significativo» como rupturista de la unidad contractual, habida cuenta de que la posición contraria facilitaría precisamente el éxito de la conducta defraudadora”. Esta doctrina se ajusta a lo establecido por el TJUE al interpretar la Directiva 99/70/CE en el sentido de que “se opone a una normativa nacional que considera que únicamente deben calificarse de sucesivos los contratos o relaciones laborales de duración determinada que no estén separados entre sí por un intervalo superior a 20 días laborales”.

Por todo lo expuesto, el Tribunal sostiene que en el supuesto enjuiciado es necesario computar todo el periodo trabajado por la demandante ya que “se trata de una prolongación en el tiempo de una situación ilegal que minora la relevancia de las interrupciones contractuales producidas entre la finalización de cada contrato temporal y la suscripción del siguiente”, aunque la interrupción mayor sea de más de cuatro meses.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 4285/2020 – ECLI: ES:TS:2020:4285).