Jurisprudencia

TS – Urbanismo

STS 54/2021. El ámbito objetivo de aplicación del artículo 108.3 LJCA se extiende tanto a las obras realizadas al amparo de una licencia anulada como a las obras realizadas sin licencia. Asimismo, cabe la exigencia de garantías tanto a la Administración como a terceros promotores de las obras a demoler.

STS 54/2021, de 21 de enero. Se interpone recurso de casación por unos particulares contra un auto de ejecución de una sentencia dictada en el marco de un recurso, que estimaba, a su vez, el recurso formulado contra el acuerdo del Ayuntamiento de Peñíscola que desestimaba una petición de demolición de edificación. En este caso, el auto de ejecución de la sentencia, objeto del recurso, acordaba requerir el desalojo a los ocupantes de los locales comerciales, que aún permanecían, quedando pendiente de resolver la condición o no de terceros adquirentes de buena fe de quienes instan tal calificación y la demolición de la obra ilegal.

El artículo 108.3 LJCA dispone que en aquellos casos en los que el juez, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene de forma motivada la demolición del mismo, y la consecuente reposición al estado originario de la realidad física que se ha visto alterada, exigirá como una condición previa a la demolición la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. En este caso, se plantean tres cuestiones en relación con la interpretación del artículo 108.3 LJCA. Por un lado, si cabe la extensión del ámbito objetivo de aplicación del artículo 108.3 LJCA a las obras realizadas sin licencia. Por otro lado, si cabe la exigencia de garantías suficientes, a las que se refiere el precepto, no solo a la Administración sino también a terceros como los promotores de las obras a demoler.  Por último, si es posible condicionar la apreciación de la concurrencia de la legitimación de los terceros de buena fe, a un juicio indiciario sobre su legitimación, a una declaración de no concurrencia de responsabilidad de la administración, o a la prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial.

El TS estudia la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso y dispone que en relación con la primera cuestión, sí es posible la extensión del ámbito objetivo de aplicación del artículo 108.3 LJCA no solo a las obras realizadas al amparo de una licencia anulada sino también a las obras realizadas sin licencia. En cuanto a la segunda cuestión, dispone el TS que la exigencia de garantías debe ser valoradas por el órgano judicial teniendo en cuenta los datos y elementos de juicio de los que disponga. De esta forma, se resolverán las posibles controversias que puedan suscitarse en el incidente de ejecución de sentencias (art. 109.1 LJCA). Por último, en relación con la prestación de la garantía prevista en el artículo 108.3 LJCA, a favor de terceros de buena fe, el órgano judicial se limitará a concretar en cada caso concreto “las garantías suficientes”, ya que se trata de un concepto jurídico indeterminado. Con ello se pretende asegurar, de manera cautelar, el derecho a indemnización hasta que se decida finalmente sobre la existencia y el alcance de la responsabilidad.

En consecuencia, el TS procede a estimar el recurso de casación interpuesto, casando el auto recurrido dictado en ejecución de la sentencia. Por lo tanto, declara el derecho de los recurrentes a la apertura del incidente con el fin de exigir las garantías que se consideren suficientes conforme al artículo 108.1 LJCA.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 217/2021 – ECLI:ES:TS:2021:217).

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