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Jurisprudencia

TS – Urbanismo

STS 819/2021. El plazo de prescripción que tiene la Administración para exigir el pago de las cuotas de urbanización es el previsto para las acciones personales en el art. 1964 del Código Civil.

STS 819/2021 de 9 de junio. Se interpone recurso de casación por el Ayuntamiento de Alfacar (Granada) contra la sentencia dictada por el TSJ de Andalucía en el marco del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 4 de Granada contra un acuerdo confirmado en reposición que aprobaba unas cuotas de urbanización.

La cuestión principal se centra en determinar si el plazo de prescripción a considerar respecto de la acción de la administración para liquidar las cuotas de urbanización es el previsto en el artículo 128 del Reglamento de Gestión Urbanístico (RGU) o el previsto para las acciones personales del artículo 1964 del Código Civil (CC).

El TS recurre a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y dispone que, la distinción entre la liquidación de las obligaciones derivadas de la urbanización y el plazo para la exigencias de las mismas no es excesivamente clara en las actuaciones y resoluciones de instancia, ya que se alude al plazo de prescripción de las obligaciones establecido en el artículo 1964 CC como una alternativa al plazo de la Administración para llevar a cabo la liquidación de las obras de urbanización al que se refiere el artículo 128 del RU. Este último precepto se refiere al procedimiento de urbanización y liquidación de las correspondientes actuaciones y, con tal carácter, las posibles demoras en su realización producen los efectos propios del incumplimiento de los plazos en su caso establecidos o el retraso en la adopción de la resolución administrativa correspondiente, como resulta del actual art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, de manera que solo determina la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, lo que no es el caso, pues el artículo 128 del RGU no atribuye tal naturaleza al plazo indicado en el mismo. En este sentido, el mencionado artículo 128 RGU en cuanto se refiere a la liquidación de las obras de urbanización y obligaciones de los propietarios, tienen relevancia para la exigencia de dichas obligaciones en cuanto vienen a determinar el dies a quo del cómputo del plazo para exigir el cumplimiento de las mismas, plazo que no se establece en dichas normas, como tampoco se establece en las normas urbanísticas estatales que se acaban de indicar, por lo que no cabe hablar de prescripción al respecto.

Por lo tanto, el TS dispone que la determinación del plazo de prescripción deriva de la naturaleza de la obligación que se trata de hacer efectiva. Además, se trata de obligaciones derivadas del ejercicio del derecho de propiedad en el ámbito de la función pública de ordenación territorial y urbanística llevada a cabo por la Administración en virtud de las facultades de planificación y ejecución que le atribuyen las normas sectoriales. La exigencia del cumplimiento de tales obligaciones se sujeta al régimen y procedimientos establecidos en dicha normativa sectorial, incluidos los plazos de prescripción que pudieran establecerse al efecto, sin que el hecho de que se produzca en el ámbito de una función pública, como la urbanística, permita, alterando su naturaleza, acudir al régimen establecido para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la legislación tributaria y presupuestaria, es decir, deudas tributarias y demás derechos de la Hacienda Pública sujetos al régimen de administración y gestión establecido en tales normas. Ello significa que a falta de una previsión específica en la normativa urbanística sobre la prescripción de tales obligaciones haya de acudirse al plazo general de prescripción de las acciones personales, que no tengan señalado un término especial, establecido en el art. 1964 del Código Civil.

En consecuencia, el TS estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del TSJ de Andalucía que se casa y anula, y declara conforme la resolución del Ayuntamiento que aprobó las cuotas de urbanización controvertidas.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 2429/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2429).

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