Jurisprudencia

TS – Urbanismo

STS 902/2021.  El derecho a exigir la devolución de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento del deber de urbanización solo nace tras la recepción por la Administración competente de las obras de urbanización, o, en su defecto, transcurrido el plazo en que debiera haberse producido la misma desde su solicitud.

STS 902/2021, de 23 de junio. Se interpone recurso de casación por un particular contra la sentencia dictada por el TSJ de Cataluña en el marco de un recurso de apelación contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vallirana (Barcelona) que desestimaba la solicitud de devolución de avales bancarios prestados como garantía del coste de urbanización de una modificación puntual de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La cuestión principal que se trata de dilucidar la posible aplicación del artículo 1964 CC, en relación con el art. 1930 CC referente a las obligaciones urbanísticas y sus obligaciones accesorias, y en concreto a las garantías que en cumplimiento del deber de urbanización puedan constituirse.

El TS recurre a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y dispone que, los avales urbanísticos no son un ingreso o crédito público, ni un tributo, sino una garantía del cumplimiento de una obligación futura, por lo que su naturaleza no es fiscal, sino contractual o personal. Prueba de ello es que los avales urbanísticos no están legalmente contemplados como derechos económicos de la Hacienda Pública del artículo 22 de la Ley General Presupuestaria (vigente hasta 2005), ni en el artículo 2 de la Ley General Tributaria (tasas, contribuciones especiales e impuestos). Por ello, no les aplica el plazo de cuatro años del artículo 15 de la Ley General Presupuestaria de prescripción de los créditos de la Hacienda Pública.

En este sentido, dispone el TS que el derecho a exigir la devolución de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento del deber de urbanización, solo nace tras la recepción por la Administración competente de las obras de urbanización, o, en su defecto, transcurrido el plazo en que debiera haberse producido la misma desde su solicitud, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidación de las cuentas definitivas de la actuación.

En consecuencia, no habiendo acaecido en el caso la recepción de las obras, y estando amparada esta situación por la no terminación de estas, devienen inaplicables los artículos 1930 y 1964 del Código Civil.

En consecuencia, el TS desestima el recurso de casación interpuesto por un particular contra la sentencia dictada por el TSJ de Cataluña.

Texto completo en CENDOJ (Roj: STS 2557/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2557).

 

 

 

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