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Las corporaciones locales podrán emplear su superávit en ayudas sociales

Entre las numerosas medidas que se están adoptando para hacer frente a la actual pandemia, también se ha incluido una nueva modificación del destino que las entidades locales pueden dar a su superávit.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, con carácter excepcional, se considerarán incluidas las prestaciones básicas de los servicios sociales de las corporaciones locales (aparece una enumeración en el art. 1.2 de este mismo real decreto-ley).

Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta TRLHL. Esto es, cuando se incurra en un gasto de inversión en el conjunto de grupos de programas citados en dicho precepto superior a 15 millones de euros o al 40 % del gasto no financiero total de la entidad local respectiva y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión, se requerirá autorización previa de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda.

En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar los gastos citados y se asignen a municipios que:

a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,

b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, aprueben, en su caso, un plan económico-financiero de acuerdo con dicha norma.

En todo caso, se ha de tener presente que para estos gastos en prestaciones básicas de los servicios sociales, las entidades locales, en su conjunto, solo podrán destinar de su superávit una cantidad equivalente a 300 millones de euros.

Se trata de una interpretación amplísima del concepto de inversión financieramente sostenible, cuya explicación es evidente por sí misma: vivimos un momento excepcional en el que se debe facilitar que las entidades locales atiendan a sus vecinos más vulnerables. Cuando pase esta crisis, habrá tiempo para reflexionar sobre la regla de gasto y el destino del superávit. Por el momento, más vale que nos centremos en aliviar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que esta epidemia pueda tener.

César Martínez Sánchez

Instituto de Derecho Local

Universidad Autónoma de Madrid

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