Transcurridas varias semanas desde el comienzo de la guerra en Ucrania, uno de sus efectos más inmediatos ha sido el éxodo de refugiados. Según los últimos datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cifra de personas que ha abandonado el país se aproxima a 3 millones. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del fenómeno, se trata de tres veces el número de refugiados que llegaron a Europa en 2015.
Como señalaba hace pocos días un voluntario en la frontera de Polonia, la cuestión de los desplazamientos no es tanto cómo llegar a un punto seguro, sino dónde quedarse. La respuesta pasa por la puesta en marcha de políticas de acogida y asentamiento, normalmente diseñadas a nivel nacional en aplicación de una directiva o acuerdo internacional. Ahora bien, en países tan complejos territorialmente como el nuestro, estas políticas requieren necesariamente de la colaboración con el resto de los niveles de gobierno además de la sociedad civil.
Para algunos expertos, España es uno de los países europeos que menos ha desarrollado este tipo de políticas. De hecho, un mes antes del estallido de la guerra, se denunciaba que “un 37% de las plazas ofrecidas desde 2010 para acoger a desplazados no se había cubierto”. Por ello, el anuncio desde Moncloa de que se está trabajando en un plan de acogida de refugiados ucranianos, aunque es una buena noticia, debe ser recibido con cautela. Por una parte, porque la infraestructura pública se limita a 12.000 plazas residenciales con un carácter transitorio (seis meses) y concentradas en tres ciudades (Madrid, Barcelona y Alicante). Por otra, porque en la definición del plan se habla de colaboración fundamentalmente con las Comunidades Autónomas y con las grandes ciudades.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha anunciado que está colaborando con el Gobierno central en el desarrollo del plan, cuya tercera línea otorgará a los gobiernos municipales un papel fundamental en la búsqueda de plazas residenciales. Más allá de la coordinación con el Gobierno central a través de la FEMP, son numerosos los municipios que han puesto en marcha iniciativas propias. Algunos han ofrecido plazas donde alojar y atender a las personas que lleguen desde Ucrania. Otros han creado registros de personas interesadas en acoger en sus domicilios particulares a los refugiados ucranianos. Sin embargo, aún existe poca información sobre estas iniciativas locales, que tienen visos de ser más coyunturales que estructurales.
Pensar en soluciones sostenibles obliga a poner el foco en la dimensión del espacio, pero también en la del tiempo. Hablar de acogida y de asentamiento es hablar de “dónde” y “cuánto tiempo”, por tanto, de un “locus”. Dicho de otro modo, si se quiere dar una respuesta que sea eficaz en términos de política pública, las ciudades y los pueblos deben tener un protagonismo que vaya más allá de las declaraciones institucionales, implicándose tanto en el diseño como en la implementación de planes orientados al medio plazo. La idea es transitar desde la “oferta de plazas” hacia la “oferta de hogares”.
En este sentido, merece la pena mencionar iniciativas como la de la Revuelta de la España Vaciada, que apuesta por una solución estable que permitiría prevenir el colapso de los mecanismos de acogida. Desde esta plataforma, insisten en que “es más beneficioso ofrecer hogares, en vez de casas; vecinos, en vez de desconocidos; pueblos, en lugar de casetas de obra temporales”. De este modo, enfatizan que no sólo ofrecen a las personas que lleguen a España un alojamiento temporal, sino un hogar definitivo donde puedan comenzar una nueva vida. De hecho, no es la primera vez que desde los pueblos de la España Vaciada se ponen en marcha iniciativas para aquellas personas que no tienen a dónde ir. En los últimos años, estos territorios han ofrecido hogares tanto a familias vulnerables como a menores migrantes. En el caso de esta crisis, con un país que está siendo reducido a escombros y que requerirá años de reconstrucción, la propuesta de estos territorios se presenta como la más sostenible. Asimismo, esta solución permitiría contrarrestar otra estadística que encabeza España, referida al volumen de viviendas vacías.
Según los últimos datos del INE, basados en el censo de 2011 y no exentos de crítica[1], en España hay un total de 3,4 millones de viviendas vacías que se concentran en las Comunidades Autónomas de Galicia, La Rioja y la Región de Murcia. Algunos de los municipios de más de 2.000 habitantes con mayor número de viviendas desocupadas se sitúan en las provincias de Guadalajara, La Rioja, Castellón, Alicante, Valencia, Murcia y Toledo, con unos porcentajes que oscilan entre el 40% y el 60% de su parque de viviendas. En el conjunto, los municipios pequeños, de entre 1.000 y 10.000 habitantes, presentan las mayores tasas de desocupación. El dato más interesante es que el 85% de las viviendas vacías se encuentra en buen estado.
A nivel europeo, el mapa de viviendas vacías revelaría que España, en términos comparados, tendría una capacidad de acogida bastante elevada, muy superior a las 12.000 plazas oficiales (6.000 ofertadas por las Autonomías y 6.000 del sistema estatal) confirmadas por el ministro Escrivá. Y, además, se distribuiría de forma relativamente equilibrada en todo el territorio español, lo que aliviaría la presión de quienes han reaccionado más pronto ante la emergencia humanitaria.
Porcentaje de viviendas desocupadas por provincia (NUTS 3) en la Unión Europea
Fuente: Eurostat (Census Hub HC53).
De este modo, un mapa que en otras circunstancias ha sido utilizado para evidenciar un problema, podría transformarse en el mapa de una solución política ejemplar para gestionar la acogida en el corto y medio plazo. Lo que aquí se plantea es si desde lo local se pueden desplegar políticas que ayuden a realizar este tránsito, elaborando un censo detallado y fehaciente de las viviendas vacías, localizando a sus propietarios y proponiéndoles incentivos para que sus inmuebles se pongan al servicio de la crisis humanitaria. En este sentido, la España Vaciada vuelve a darnos una lección de esa capacidad de respuesta inmediata local, con una oferta que va más allá de la emergencia y permite cultivar la esperanza para llenar ese gran vacío que deja la guerra.
Moneyba González Medina
Profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Alicia Sevillano Navas
Investigadora Predoctoral del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Instituto de Derecho y Gobierno Local
Universidad Autónoma de Madrid
[1] Para conocer los detalles de la crítica: https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/mito-viviendas-vacias_487230_102.html. De hecho, la metodología de contabilización de viviendas vacías cambiará a partir del censo de 2021, que se publicará a finales de 2022.