Fotografía de calculadora
Con ocasión del debate que ha suscitado la no convalidación por el Congreso del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, se ha observado en los medios de comunicación cierta confusión en relación al significado de la regla de gasto, del superávit y del remanente de las entidades locales. A continuación, con la brevedad a la que obliga una entrada de blog, se expondrá sucintamente qué es cada uno de estos conceptos.
No cabe duda de que se trata de cuestiones relacionadas ya que, en términos generales, se puede decir que la regla de gasto ha coadyuvado a la generación de superávits recurrentes que –en buena medida– han acrecentado los remanentes. Sin embargo, es importante entender con claridad a qué nos estamos refiriendo, sobre todo en un momento como este en el que se está planteando un cambio en la regulación.
Como expliqué en una entrada anterior, la regla de gasto es una limitación al crecimiento del gasto no financiero de las Administraciones públicas, que se calcula teniendo en cuenta el crecimiento económico de los años pasados y la previsión de los futuros. Esta regla es importante en tiempos de bonanza, ya que opera como un límite adicional al equilibrio presupuestario, esto es, puede obligar incluso a gastar por debajo de lo que posibilitarían los ingresos. En la actualidad, se encuentra regulada en el art. 12 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Se debe tener en cuenta que, a estos efectos, no se tiene en cuenta la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas y las transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales vinculadas a los sistemas de financiación. Esto será importante para el uso de los remanentes al que luego se hará alusión.
El superávit, como idea general, hace referencia al resultado de la liquidación presupuestaria en el que los ingresos han sido superiores a los gastos. A los efectos del art. 32 LOEPSF, se entiende por superávit la capacidad de financiación calculada según el sistema europeo de cuentas (SEC), que grosso modo es el saldo presupuestario no financiero con determinados ajustes. Se ha de tener en cuenta que, de acuerdo con el precepto citado, el superávit debe destinarse a reducir el nivel de endeudamiento neto (al cierre del primer trimestre de 2020, la deuda de las entidades locales se situó en el 1,8% PIB, el porcentaje más bajo de –al menos- los últimos veinte años). La única excepción a este destino obligatorio del superávit es la recogida en la disposición adicional sexta LOEPSF, donde se permite que, atendidas determinadas obligaciones, se puedan realizar inversiones financieramente sostenibles (IFS) con cargo al superávit. Esta posibilidad, inicialmente pensada para el ejercicio 2014, se ha ido prorrogando anualmente. Así, en el finalmente no convalidado Real Decreto-ley 27/2020 se contenía la autorización para realizar IFS con cargo al superávit de 2019. En este sentido, debe advertirse que las IFS no se tienen en cuenta a la hora de calcular el cumplimiento de la regla de gasto, por lo que ha sido hasta el momento la vía que han utilizado las entidades locales saneadas para aumentar su gasto no financiero.
Por su parte, el remanente de tesorería es una magnitud que refleja la situación de liquidez de una Administración al cierre del ejercicio presupuestario. Así, el remanente indica la cantidad que se encuentra en ese momento disponible para acometer gastos. Se encuentra regulado en el art. 191.2 TRLHL y en el 101.1 RD 500/1990. Este remanente puede servir, entre otras cuestiones, para financiar modificaciones presupuestarias (v.gr. créditos extraordinarios o suplementos de crédito). El remanente en sí mismo no computa a los efectos de la regla de gasto pero sí se tienen en cuenta los empleos no financieros financiados con cargo a él. Dentro de este remanente se encuentran los depósitos que las entidades locales tienen en las entidades de crédito. Según ha afirmado la FEMP, el mantenimiento de estos depósitos implica un nada desdeñable coste financiero (en torno al 0,5% anual).
En los últimos meses se está buscando la forma de adaptar esta regulación a las excepcionales circunstancias que la pandemia ha producido. En particular, se ha planteado la posibilidad de que las entidades locales prestasen sus remanentes (calculados por la FEMP en más de 15.400 millones de euros) a la Administración General del Estado, que los devolvería paulatinamente a lo largo de los años posteriores. Con esto se conseguían tres objetivos: ahorrar costes a las entidades locales por el mantenimiento de los depósitos bancarios; inyectar liquidez en el Tesoro Público y evitar parcialmente la aplicación de la regla de gasto, puesto que las cantidades que el Ministerio de Hacienda transfiera a las entidades locales podrían entenderse excluidas del cómputo de la regla de gasto (en tanto se trate de “fondos finalistas”).
Por el momento, no se ha logrado un acuerdo suficiente en el Congreso. Sin embargo, es previsible que en un futuro próximo se encuentre una vía para hacer un uso racional y eficiente de los recursos financieros que están en manos de las entidades locales.
IDL-UAM