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Alfonso Esteban Miguel

ERTES en el sector público (II): situación de las entidades del sector público empresarial

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El estado de alarma decretado por el Gobierno de España con motivo de la emergencia sanitaria del covid-19 ha suspendido ciertas actividades económicas o prestaciones de servicios con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Otras muchas se han visto limitadas o la demanda se ha reducido considerablemente. Dadas estas circunstancias, muchas de las empresas se han visto obligadas a acudir a ERTES para mantener el empleo pero limitar el impacto económico que esta situación está provocando en sus cuentas de resultados.

Como se ha visto en la entrada de 21 de abril de 2020, las administraciones públicas y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas tienen prohibido acudir al mecanismo de suspensión de los contratos de trabajo. Las dos únicas alternativas que les quedan son, en primer lugar, el mantenimiento de las relaciones laborales con la asunción de los costes derivados o, en segundo lugar, acudir a medidas de flexibilidad externa, que favoreció la reforma laboral de 2012.

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ERTES en el sector público (I): la necesidad de replantearse la prohibición

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La crisis sanitaria del covid-19 está provocando la necesidad de articular una “normativa de emergencia” para hacer frente a las consecuencias de la paralización de la actividad derivada del confinamiento de la población. Pero también está poniendo a prueba la legislación laboral y las instituciones de Derecho del Trabajo para determinar si se adaptan y son eficientes en situaciones extremas como las actuales. No es hora de emprender reformas legislativas de gran calado, pero es necesario ir abriendo debates sobre la eficiencia de algunas normas para, llegado el momento, poder modificarlas y que sean capaces de adaptarse a situaciones que eran muy difícil prever que sucedieran cuando se promulgaron.

El empleo público no es ajeno a esta situación extraordinaria. Es más, existe mayor complejidad a la hora de articular fórmulas flexibles para adaptar las condiciones y los puestos de trabajo del personal laboral que presta servicios en el sector público a estas circunstancias especiales. Un ejemplo de ello son las dudas que ha suscitado la aplicación a los empleados públicos del permiso retribuido recuperable aprobado por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. Sobre esta materia se recomienda la lectura de la entrada publicada en este blog por el profesor Luis Gordo.

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La evolución del empleo público local en los últimos 40 años

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Más de 665.000 personas prestan sus servicios en la Administración local según los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa (EPA) para el primer trimestre del 2019. Personas con diferente vínculo y relación jurídica que hacen posible la materialización de las políticas y el cumplimiento de los fines de las Entidades locales. Este colectivo ha experimentado una gran evolución y transformación en los últimos 40 años.

Evolución de la estructura del empleo público local

Según la EPA y tal como muestra la figura 1, el empleo público local presentó su nivel histórico más elevado en 2011, alcanzando casi 672.000 personas prestando servicios para la Administración local. Después de la reducción producida por la crisis económica y presupuestaria de los últimos años, en el año 2019 se ha recuperado casi la totalidad de puestos. Desde el año 1987 hasta la actualidad se ha duplicado el número de personas que prestan servicios en la Administración local.

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La extinción de los interinos. La doctrina De Diego-Porras ¿el final es el regreso al inicio?

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La temporalidad es uno de los más graves problemas que sufre nuestro mercado laboral. Los trabajadores que prestan sus servicios en la Administración no son ajenos a esta cuestión. Más del 25% de los trabajadores públicos tienen un contrato temporal, según los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa para el último cuatrimestre del año 2018. Una situación que no ha hecho más que aumentar desde el año 2013 y donde las mujeres son las más perjudicadas. En concreto, más del 10% de los trabajadores del sector público tienen un contrato de trabajo temporal que cubre la usencia de otro trabajador que tiene derecho a la reserva de la plaza, contrato de interinidad por sustitución.

Estos datos son preocupantes desde el punto de vista de la protección y estabilidad de estos trabajadores, que durante muchos años ven como su vida laboral transcurre entre una sucesión de contratos temporales que lo único que generan es incertidumbre y precariedad. Ello en los supuestos en los que la contratación temporal se realiza conforme a derecho. Es decir, cuando existe una verdadera causa temporal que respalda la utilización de este tipo de contratación. Pero es muy frecuente que la Administración utilice la contratación temporal de forma fraudulenta, concatenando contratos temporales que exceden el plazo legalmente establecido y para cubrir necesidades permanentes.

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