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Silvia Díez Sastre

La actividad de los órganos de recursos contractuales durante la pandemia

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En las próximas semanas, por séptimo año consecutivo, se publicará el Informe sobre la Justicia Administrativa 2021, elaborado por el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la UAM (www.cija-uam.es). El informe presenta un especial interés en esta edición, puesto que pretende medir el impacto que tuvo la pandemia en 2020 sobre el funcionamiento de la justicia administrativa en distintos sectores. Con esa finalidad se incluye una comparación con la serie de datos recopilada en los informes previos. Uno de los sectores que es objeto de análisis es la contratación pública. En particular, se estudia el funcionamiento de los órganos de recursos contractuales autonómicos, ya que el TACRC no ofrece sus datos de funcionamiento desde 2018, así como la actividad de la jurisdicción contencioso-administrativa. A continuación, se realiza un breve resumen de la actividad de los órganos de recursos contractuales.

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Contratos “open-house”

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Madrid

Desde el mes de marzo de 2020 se han multiplicado en TED (tender electronic daily del Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE) los anuncios de contratos o procedimientos “open-house” de poderes adjudicadores alemanes con el fin de adquirir productos farmacéuticos en el marco de la pandemia de la COVID-19. Conforme a esta fórmula, todos los operadores económicos que cumplen los requisitos fijados por el poder adjudicador celebran un contrato idéntico para el suministro de ciertos productos; posteriormente, el médico, el farmacéutico o el paciente eligen el medicamento del proveedor que prefieran. El ente contratante no elige a un operador jurídico frente a otro; tampoco puede limitar el número de participantes. Realiza una offerta ad incertas personas a diferencia de la invitatio ad offerendum que tiene lugar en la licitación de un contrato público. Por su parte, los proveedores interesados no presentan ninguna oferta, solo demuestran que están en condiciones de satisfacer la necesidad anunciada. A pesar de que estos procedimientos o contratos se pueden dar a conocer por la vía ordinaria de publicación de los contratos públicos y de que, en ocasiones, se pueden confundir con la contratación de emergencia, representan una forma distinta de adquirir bienes y servicios en el mercado que no exige la tramitación de una licitación previa.

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¿Un Defensor del Mayor a nivel municipal?

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Grupo de personas mayores jugando a las cartas

La pandemia de la COVID-19 ha revelado numerosas carencias en el cuidado y atención a nuestros mayores, que exigen la búsqueda de nuevas fórmulas para reforzar su protección en nuestra sociedad. En ese proceso, puede ser de interés analizar la figura del Defensor del Mayor. Se trata de un órgano especializado en proteger a las personas mayores que toma como modelo el Ombudsman (Defensor del Pueblo) y que se ha creado en las últimas décadas en nuestro entorno. Este órgano aparece, según los casos, a nivel federal, regional o local.

En nuestro país, el Defensor del Mayor se creó en la ciudad de Valencia en 2003 teniendo como modelo el Defensor del Pueblo establecido a nivel estatal y autonómico. Posteriormente, se ha creado una figura similar en el municipio de Alcorcón. Este órgano se caracteriza por su autonomía institucional, la gratuidad de sus servicios, así como su carácter informal en la atención a los ciudadanos. El Defensor del Mayor tiene como objetivo principal defender los derechos de este colectivo en la ciudad. Es un órgano de enlace entre los ciudadanos y la Administración que ofrece asesoramiento, atención y ayuda a las personas mayores. Asimismo, tiene atribuida una función de supervisión y auditoría externa de las condiciones de calidad de vida de las personas mayores en el municipio, canalizando las sugerencias que considere oportunas.

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La financiación de los medios propios durante el estado de alarma

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En el último mes se han aprobado en cascada numerosas normas encaminadas a adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Junto a los Reales Decretos encargados de decretar el estado de alarma y su prórroga posterior (hasta el momento, el R.D. 463/2020, de 14 de marzo; el R.D. 465/2020, de 17 de marzo, de modificación del anterior; y el R.D. 476/2020, de 27 de marzo), se han adoptado seis Reales Decreto-ley con la finalidad de paliar los perjuicios asociados a la emergencia sanitaria (R.D.-Ley 6/2020, de 10 de marzo, R.D.-ley 7/2020, de 12 de marzo, R.D.-ley 8/2020, de 17 de marzo, R.D.-ley 9/2020, de 27 de marzo, R.D.-ley 10/2020, de 29 de marzo y R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo).

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Prohibición de contratar y conflictos de intereses de los cónyuges y personas en análoga relación de convivencia afectiva de los electos locales

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La legislación básica de contratación pública ha previsto durante décadas la prohibición de contratar del cónyuge o persona en análoga relación de convivencia afectiva de cargos electos cuando presta directamente servicios como operador económico o participa de forma relevante en una empresa que puede ser contratista de la misma Administración (art. 20 e) LCAP; art. 20 e) TRLCAP; art. 49.1 f) LCSP 2007; art. 60.1 f) TRLCSP). Esa prohibición se traducía en la exclusión de la licitación pública y, en caso de incumplirse, conllevaba la nulidad de pleno de Derecho de los actos y del contrato (art. 39.2 a) LCSP). La aplicación de esa prohibición de contratar se producía habitualmente de forma automática constatando simplemente la existencia de un vínculo matrimonial y comprobando que el contrato se financiaba efectivamente por la Administración afectada (art. 178.2 d) LOREG) -sirva como ejemplo el Informe JCCAAragón, 7/2013, de 10 de abril-.

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La reestructuración del sector público a partir de la normativa de contratación pública y de disciplina presupuestaria

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Primer Premio del CEF 2019 / Derecho Constitucional y Administrativo

Silvia Díez Sastre y Ester Marco Peñas
Instituto de Derecho Local

Las normas relativas a la organización del sector público, la gestión de servicios públicos y el control del gasto público han experimentado un profundo proceso de europeización, que se ha intensificado con ocasión de la crisis económica. La libertad de los Estados miembros en la configuración y utilización de sus entidades instrumentales y en la selección de las formas de gestión de sus servicios se ha recortado progresivamente de la mano de dos sectores de regulación europea: por un lado, la contratación pública y, por otro lado, la disciplina presupuestaria. Ninguna de estas regulaciones establece mandatos específicos relativos a la auto-organización del sector público; es más, expresamente prevén la libertad de los Estados miembros para elegir el modo en que prestar sus servicios y ejercer sus competencias -sirva de ejemplo, el considerando 5 Directiva 2014/24/UE-. Sin embargo, su impacto en la conducta de las Administraciones territoriales es innegable. De forma indirecta crean incentivos dirigidos a reestructurar y, llegado el caso, reducir el número de entidades instrumentales. Asimismo, crean estímulos para acudir al mercado, en lugar de utilizar los propios medios, para satisfacer las necesidades públicas. La falta de un título competencial europeo en materia de organización administrativa y de gestión de servicios de los Estados miembros se suple, de este modo, a través del ejercicio de competencias relacionadas con el buen funcionamiento del mercado interior y de la economía.

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Del contrato administrativo al contrato público estratégico en cuarenta años

By Especial Blog 40 años de Elecciones Municipales No Comments

La evolución de la contratación pública en los últimos cuarenta años es uno de los mejores ejemplos de la profunda europeización que ha experimentado el Derecho administrativo desde la adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas. La toma de conciencia de las instituciones europeas de la importancia económica de la contratación pública se ha materializado en una intensa jurisprudencia y un continuo proceso de creación normativa que ha ocasionado un fuerte impacto en el ordenamiento jurídico nacional. Ese impacto puede observarse, al menos, en tres planos: sistemático, conceptual y organizativo.

 

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40 años de Ayuntamientos democráticos

By Especial Blog 40 años de Elecciones Municipales 2 Comments
Silvia Díez y Carmen Navarro

El 3 de abril de 1979, en el marco de la Constitución de 1978, se celebraron las primeras elecciones municipales en España. Cuarenta años después, el próximo 26 de mayo, tendrán lugar las undécimas elecciones locales. Con el fin de conmemorar esta importante efeméride, el Instituto de Derecho Local inicia una serie especial de su blog en la que sus miembros y colaboradores reflexionarán sobre la evolución de los gobiernos locales y del Derecho local en este periodo de vigencia de la Constitución. Durante el mes de mayo se publicarán diversas entradas relativas a temas como las elecciones municipales y sus resultados, las transformaciones del sistema de competencias locales, la prestación de servicios, la financiación, la autonomía local, el urbanismo, el medio ambiente, entre otros muchos.

Desde una perspectiva multidisciplinar, jurídica y politológica, se quiere visibilizar, de este modo, la importancia del nivel local de gobierno en el contexto del Estado autonómico y hacer balance sobre su evolución en las últimas cuatro décadas. Esperamos que esta serie especial del blog del IDL sea de vuestro interés y permita visibilizar tanto la trascendencia de la política, la gestión y el Derecho locales, como la importancia de los resultados de las próximas elecciones, que determinarán a los responsables de nuestros pueblos y ciudades en los próximos cuatro años.

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La obligatoriedad de las instrucciones de la OIRESCON

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El pasado 28 de febrero se aprobó la primera instrucción dictada por la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación (OIRESCON). Su contenido se dedica a una de las cuestiones más controvertidas en materia de contratación pública: la interpretación del alcance del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). No interesa ahora, sin embargo, analizar los criterios que ha preferido la Oficina para aplicar el precepto referido -aunque, sin duda, suscitarán numerosos comentarios e interpretaciones-. En este momento el principal interés de la instrucción reside, a mi juicio, en la determinación del alcance de su fuerza vinculante que, a su vez, marca la posición institucional de la OIRESCON en la organización administrativa de la contratación pública.

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¿Se debe aplicar el artículo 86 LRJSP a los medios propios locales?

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El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece los requisitos que deben reunir los medios propios. Estos requisitos rigen sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios en el ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), tal y como señala expresamente el artículo 32.1 LCSP. Por su parte, la D.F. 4.3 LCSP establece que, en lo no previsto en la Ley para los encargos a medios propios personificados, se aplicará lo dispuesto por la LRJSP. Estas referencias a la LRJSP en la regulación que establece la LCSP sobre los medios propios plantean la pregunta sobre la oportunidad de aplicar esta norma a la actividad de los medios propios en el ámbito local. Veamos cómo puede resolverse esta cuestión.

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