All Posts By

Juan Antonio Chinchilla Peinado

Un pequeño paso para el Tribunal Supremo, un gran salto para el derecho urbanístico. La limitada restricción del alcance de la nulidad de los planes urbanísticos en la STS de 4 de marzo de 2020.

By | Blog | No Comments

La configuración de los planes de urbanismo como disposiciones administrativas de carácter general por parte del Tribunal Supremo ha llevado aparejada la consideración de que cualquier ilegalidad (sustantiva o procedimental) suponía su nulidad de pleno derecho del plan impugnado y de todos los planes de rango inferior que desarrollaban al mismo (nulidad en cascada). En concreto, se afirma por el Tribunal Supremo que si se ha producido un vicio formal atinente al procedimiento de elaboración de los planes, sus consecuencias han de proyectarse sin remedio a la totalidad del instrumento de planeamiento globalmente considerado. Si se ha producido una infracción material, la nulidad parcial se contrae a los supuestos en que solo algunas de las concretas determinaciones de ordenación incluidas en los planes son las que no se ajustan a derecho (p.e., la ilegal clasificación de una parcela como urbana cuando debe ser clasificada como suelo en situación rural). Esta construcción se completa con la consideración de que no resulta posible ni la subsanación ni la convalidación de trámites o contenido material del planeamiento declarado ilegal, en la medida en que la nulidad se declaraba con efectos ex tunc. La consecuencia práctica de esta construcción es el denominado «drama de la anulación del planeamiento» (F.J. Jiménez de Cisneros Cid, La nueva Ley del Suelo de Galicia en el marco del sistema urbanístico español, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 308, pp. 17-38), que plantea a los operadores jurídicos tres claros problemas: (i) los efectos de la nulidad del plan sobre los actos de desarrollo y ejecución del planeamiento anulado, (ii) la ejecución o inejecución de la sentencia anulatoria y (iii) la eventual indemnización de los afectados por los daños y perjuicios derivados de la actuación administrativa (he analizado estas cuestiones aquí y aquí). La primigenia ordenación que fue desplazada por el plan anulado, y que ahora recobra vigencia, no resulta adecuada en la mayoría de ocasiones. Y ello no solo porque la misma no contempló la realidad actualmente existente, sino también porque el marco normativo aplicable al plan que ahora recobra vigencia ha podido sufrir cambios significativos, dando lugar a situaciones traumáticas. Surge así la necesidad de aprobar en el menor tiempo posible un nuevo planeamiento que, en la medida de lo posible, recoja las determinaciones del plan anulado que sean compatibles con la legalidad vigente o, en su caso, subsane los defectos procedimentales en los que se hubiese incurrido. Lo absurdo e ineficaz de esta solución es evidente.

Leer más …

El desarrollo urbanístico de los municipios cuyo territorio se encuentra incluido en la Red Natura 2000 en entredicho. A propósito de la STC 134/2019.

By | Blog | No Comments

La Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2019 (ECLI:ES:TC:2019:134) estima parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad formulada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura respecto del art. 11.3.1 b), párrafo segundo de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en la redacción introducida por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, que se declara inconstitucional y nulo. La regulación declarada inconstitucional establecía lo siguiente:

 

Leer más …

Donde dije digo, digo Diego. La contradicción de las sentencias del Tribunal Constitucional 109/2017 y 86/2019 sobre la evaluación ambiental estratégica de los estudios de detalle y su exclusión por ley.

By | Blog | One Comment
1. La incomprensible contradicción de las Sentencias del Tribunal Constitucional 109/2017 y 86/2019.

Los Estudios de Detalle aparecen configurados en las diversas normas autonómicas como la última pieza de un sistema de planeamiento, fuertemente jerarquizado, con un campo de actuación muy  limitado, hasta el punto de que es la principal pieza de la que se cuestiona su carácter normativo. Su concreta funcionalidad varía de una a otra Comunidad Autónoma, pero como generalidad puede afirmarse que los Estudios de Detalle  persiguen la ordenación de los volúmenes, ocupaciones y retranqueos y el señalamiento de alineaciones y rasantes  en parcelas concretas, sin que puedan alterar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento que desarrollan (Plan General, Plan Parcial o Plan Especial). También pueden delimitar espacios libres  y viarios interiores al ámbito de ordenación. Esta es la regulación que, con matices que no tienen mayor relevancia, se establece en el art. 46 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears (idéntica regulación se establecía en el art. 46 de la previa Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo) y  en el art. 150 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (el art. 38 del Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, incorporaba una regulación similar).

Leer más …

Convenios urbanísticos y fútbol. Requisitos para considerarlos ayudas de estado. Sobre la STGUE de 22 de mayo de 2019.

By | Blog | No Comments

I. Encuadre previo. La posible configuración de los actos de gestión de bienes públicos como ayudas públicas de estado.

La determinación de un precio preferencial en la disposición de los bienes patrimoniales o de la utilización del dominio público a favor de un determinado sujeto que realice actividades o servicios de carácter económico puede constituir una ayuda de Estado y, por tanto, resultar incompatible con el principio de competencia en el mercado fijado por el art. 107 TFUE, cuando ocasione distorsiones injustificadas en el funcionamiento eficiente de cualquier sector del mercado interior. El concepto de ayuda ilegal comprende no solo las prestaciones positivas, (v.gr.: subvenciones), sino también intervenciones que, bajo diversas formas, aligeran las cargas que normalmente pesan sobre los presupuestos de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto de la palabra, tienen la misma naturaleza e idénticos efectos, como puede ser ese precio preferencial (p.e., una valoración injustificada en la compensación de valores en una permuta).

Leer más …

40 años de urbanismo en democracia

By | Especial Blog 40 años de Elecciones Municipales | No Comments

Una de las principales políticas donde se plasma el alcance (jurídico y material) del gobierno local es el urbanismo. Basta con recordar que el urbanismo ha sido la principal fuente de financiación de los entes locales. Pero también ha sido una de las principales fuentes de corrupción en la política nacional (junto con la adjudicación de contratos públicos). Estos 40 años de democracia constitucional, de forma sintética, han alumbrado un cambio de paradigma en el modelo urbanístico, en el que se reconoce una mayor autonomía local para plasmar sus decisiones e identificar los intereses locales. El reconocimiento del urbanismo y la vivienda como competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas por el art. 148.3 CE, la competencia estatal para incidir en esa materia al fijar la condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en la definición del derecho de propiedad urbanístico ex art. 149.1.1ª CE, siguen dejando un amplio margen de decisión a las entidades locales. Pero este nuevo modelo también presenta  grandes claroscuros.

Leer más …

La defensa de la ciudad habitable y accesible para las personas con discapacidad frente al acoso de las terrazas y veladores. El aldabonazo del Tribunal Supremo

By | Blog | No Comments

La ubicación geográfica de nuestro país, la estructura de nuestras ciudades y nuestra idiosincrasia como sociedad ha generado en los últimos años una notable transformación del paisaje urbano provocada por la existencia de las terrazas y veladores vinculadas a establecimientos de restauración que se ubican, fundamentalmente, sobre el espacio público (aceras y plazas). Ocupación especial del dominio público regulada por la mayoría de los Ayuntamientos españoles a través de la correspondiente Ordenanza donde se intenta conjugar intereses contrapuestos. En este sentido, p.e., resulta expresiva la justificación de la todavía vigente Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración del Ayuntamiento de Madrid de 30 de julio de 2013. La ordenanza contempla la necesidad de armonizar usos e intereses de distinta naturaleza, y viene determinada por tres objetivos prioritarios, dinamizar, simplificar y facilitar. Pretende compaginar el uso de actividades económicas privadas en la vía pública con el resto de usos compatibles. Por ello, aunque se trata de favorecer la instalación de terrazas en la ciudad de Madrid fijando procedimientos y condiciones técnicas claras y sencillas, se vela por el interés general con carácter primordial, porque el paisaje urbano de la ciudad mantenga equilibrio y armonía, respetando los derechos de los viandantes, los consumidores y la seguridad de las instalaciones.

Leer más …

La ejecución de sentencias que ordenan la demolición de edificaciones ilegales a través de la figura de la mediación intrajudicial. ¿Una burla del contenido del fallo o una vía flexible de verificar el ideal de justicia?

By | Blog | 2 Comments

Como es suficientemente conocido, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la jurisdicción contencioso-administrativa reside en la ejecución del fallo de las sentencias cuando éste impone la demolición de una edificación ilegal. No sólo la credibilidad de la propia jurisdicción contencioso-administrativa, sino el efectivo sometimiento de la Administración al ordenamiento urbanístico lo que está en juego. Todo ello sin desconocer el impacto, social y económico, que la demolición puede provocar en los sujetos afectados, en muchos casos terceros de buena fe (a los que el art. 108.3 LJCA intenta ahora proteger, al menos desde la perspectiva de la tutela de su patrimonio. Sobre este precepto puede verse mi estudio previo).

Es de sobre conocida la configuración del derecho a la ejecución del fallo como una de las facetas del derecho a tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE realizada por el Tribunal Constitucional, en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma. De entre las múltiples precisiones y aristas que establece el Tribunal Constitucional, una merece ser destacada: implica  el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten en sus propios términos, requiriéndose  el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas. Esto es, la dimensión objetiva de este derecho fundamental requiere, como fundamento del Estado del Derecho y del valor superior de justicia consagrado por el art. 1.1 de la Constitución, que las sentencias se cumplan en sus propios términos y no en los que decidan las partes según sus intereses personales.

Leer más …