Ayudas económicas municipales frente a los efectos de la COVID-19

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Fotografía de la ciudad de MadridA la vista de que la pandemia por COVID-19 se alarga y agrava, y que muchas actividades económicas están sufriendo nuevas limitaciones, numerosos ayuntamientos están impulsando –como ya hicieron en la primera ola de contagios-  diversas ayudas económicas a personas o empresas, por situaciones de necesidad ocasionadas por la pandemia. Desde la perspectiva presupuestaria, la anunciada suspensión de la regla de gasto para los ayuntamientos ha de facilitar estas ayudas a personas y empresas, al permitir que los ayuntamientos dispongan de su superávit presupuestario (en puridad, del remanente de tesorería para gastos generales). Varias son las cuestiones y dudas a que dan lugar las ayudas a personas y empresas.

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Ayuntamientos “en la segunda fase”

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En la segunda fase de desescalada, conforme a lo establecido en el Real Decreto 537/2020, que contiene la quinta prórroga del estado de alarma, se ha mantenido la territorialización autonómica y, en paralelo, una cierta municipalizacióndel estado de alarma. Modesta, pero visible.

Así, conforme a la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, en la “fase 2” de la desescalada las Comunidades Autónomas pueden modificar –con límites- el aforo de los museos (art.3.3) o de los establecimientos de hostelería y restauración (art. 3.5), lo que lógicamente repercute también sobre los ayuntamientos. Más allá, en lo que se refiere directamente a los municipios, se prevé que los ayuntamientos puedan solicitar al Ministerio de Sanidad la no aplicación de las medidas de flexibilización correspondientes a la “fase 2” (art. 9.1 de la Orden SND/427/2020).

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Dos meses de estado de alarma: sus efectos en el ámbito financiero del Ayuntamiento de Barcelona

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El impacto de la Covid-19 en las finanzas del Ayuntamiento de Barcelona está siendo especialmente doloroso porque cuando se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma, estábamos viviendo un momento dulce en relación con los ingresos y gastos. Durante el último mandato municipal (2015-2019) no se habían realizado más que modificaciones puntuales de las ordenanzas fiscales y ningún presupuesto se consiguió aprobar por la vía ordinaria. Antes del estado de alarma, todo apuntaba a que se podría abordar el mandato 2019-2023 con cierta tranquilidad. En efecto, el 20 de diciembre de 2019 se habían aprobado, por una amplia mayoría, unas ordenanzas fiscales que proveerían una recaudación adicional de 66 M€, a través de una actualización y/o incremento de diversos tributos municipales. El 24 de enero de 2020 se había aprobado el presupuesto municipal para 2020 con 33 votos a favor de los 41 miembros del Pleno municipal. Se trataba de un presupuesto expansivo, que alcanzó la cifra histórica de 3.033 M€, un 14,6% más que el presupuesto anterior, y que debía permitir realizar las inversiones y las políticas previstas para el desarrollo inclusivo, así como la lucha contra las desigualdades y el cambio climático. De repente, la Covid-19 convirtió en casi un espejismo el oasis donde creíamos estar.

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Los ayuntamientos ante la crisis del COVID: innovación y resiliencia

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La crisis del COVID ha obligado a multiplicar las decisiones públicas que intentan paliar sus efectos en todos los ámbitos -sanitario, social y económico- y en todos los niveles de gobierno. Las rotativas (digitales) de los boletines oficiales están estas semanas a pleno rendimiento y no hay día en que no nos levantemos con una nueva medida o la revisión de una anterior.

Como es lógico en estos momentos de rapto centralizador, el foco de la atención pública y mediática se dirige al nivel central de gobierno, pero no podemos perder de vista la acción de los gobiernos locales. Los que seguimos sus actuaciones constatamos que están siendo particularmente activos en el despliegue de estrategias para hacer frente a la pandemia. Su acción posee diversidad y alcance y contempla desde ayudas sociales, bonificaciones fiscales, retraso o rebaja en el pago de tasas e impuestos hasta la actuación sobre el espacio público, pasando por las medidas de reactivación económica, la modificación de presupuestos, la provisión de equipos informáticos a las familias para reducir la brecha digital, la inversión en obras para dinamizar el empleo o el lanzamiento de premios a iniciativas emprendedoras en la lucha contra la crisis. Se combinan estrategias clásicas de políticas públicas con otras más innovadoras y la casuística es inagotable.

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¿Ley o reglamento? El decreto de emergencia como una nueva categoría en nuestro ordenamiento

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La declaración del estado de alarma a causa de la crisis sanitaria de la COVID-19 ha planteado infinidad de cuestiones, también jurídicas, sobre las que corren ahora ríos digitales de tinta. ¿Estamos ante una suspensión o una restricción de derechos fundamentales? ¿Puede aplicarse el art. 36.6 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para sancionar la mera infracción del confinamiento? La controversia está servida. Una cuestión que ha recibido una atención algo menor, pero que no por eso es menos importante, es la de la naturaleza jurídica del real decreto por el que se declara el estado de alarma. Aunque parece que el Tribunal Constitucional había despejado la duda, al declarar en 2016 que tiene rango de ley, la cuestión no está bien cerrada.

Resulta aquí obligado advertir de que la necesaria brevedad de una entrada en este blog impide tratar la cuestión con la profundidad que requiere. El objetivo es, más bien, plantear la problemática y ofrecer algunas claves preliminares.

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Restricciones a la libertad de circulación por bando de alcaldía

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En el inicio del estado de alarma, algunos alcaldes dictaron bandos o decretos de alcaldía en los que se imponían limitaciones a la libre circulación, o a la actividad comercial, adicionales respecto de las establecidas con carácter general por el Gobierno en el art. 7 del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma. Conocido es, por ejemplo, el bando del Alcalde de Tres Cantos (que fue muy rápidamente revocado) en el que se limitaba a días alternos la movilidad de los vecinos, incluso para la realización de algunas de las actividades no prohibidas en el art. 7 del Real Decreto 463/2020. También, el alcalde de Alcañiz precisó y amplió, mediante un bando, algunas de las prohibiciones impuestas por el Real Decreto 463/2020. Algún alcalde, como el de Xeraco (Valencia) incluso ordenó el bloqueo físico, mediante vallas y montones de tierra, de los accesos rodados al municipio. La rápida expansión de estos bandos motivó una comunicación de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que expresamente se requería a los alcaldes a atenerse a la ejecución estricta, en sus propios términos, de las prohibiciones dictadas por el Gobierno o por los ministros que actuaban como “autoridades delegadas”. En aquella comunicación se cuestionaba la competencia municipal (y en concreto, del alcalde) para imponer restricciones adicionales a la libertad de circulación, más allá de las “medidas de alarma” acordadas por el Gobierno. En mi opinión, la cuestión suscitada es muy compleja, y no se limita a la simple afirmación o negación de la competencia municipal. Confluyen aquí cinco elementos normativos cuya interacción determina la posibilidad de restricciones municipales de la movilidad: la existencia de un principio constitucional que obliga a todos los poderes públicos a proteger la salud de los ciudadanos (art. 43 CE); la necesidad de competencia material suficiente para que un ayuntamiento pueda actuar en relación con la epidemia; la necesidad de una autorización legal también suficiente para limitar el ejercicio de un derecho fundamental, en un ámbito de competencia municipal; la exigencia de proporcionalidad en toda limitación de la libertad; y la prohibición de que las posibles medidas restrictivas municipales entren en contradicción con las “medidas de alarma”, dictadas por el Gobierno.

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¿Es posible la suspensión del plazo de presentación de las autoliquidaciones en el ámbito tributario local durante la declaración de estado de alarma?

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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Para hacer frente a dicha  situación, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entre otras cuestiones, el art. 7 del citado RD 463/2020 estableció importantes limitaciones a la libertad de circulación de las personas, y su  Disposición Adicional Tercera procedió a regular la suspensión de los plazos administrativos.

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ERTES en el sector público (II): situación de las entidades del sector público empresarial

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El estado de alarma decretado por el Gobierno de España con motivo de la emergencia sanitaria del covid-19 ha suspendido ciertas actividades económicas o prestaciones de servicios con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Otras muchas se han visto limitadas o la demanda se ha reducido considerablemente. Dadas estas circunstancias, muchas de las empresas se han visto obligadas a acudir a ERTES para mantener el empleo pero limitar el impacto económico que esta situación está provocando en sus cuentas de resultados.

Como se ha visto en la entrada de 21 de abril de 2020, las administraciones públicas y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas tienen prohibido acudir al mecanismo de suspensión de los contratos de trabajo. Las dos únicas alternativas que les quedan son, en primer lugar, el mantenimiento de las relaciones laborales con la asunción de los costes derivados o, en segundo lugar, acudir a medidas de flexibilidad externa, que favoreció la reforma laboral de 2012.

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ERTES en el sector público (I): la necesidad de replantearse la prohibición

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La crisis sanitaria del covid-19 está provocando la necesidad de articular una “normativa de emergencia” para hacer frente a las consecuencias de la paralización de la actividad derivada del confinamiento de la población. Pero también está poniendo a prueba la legislación laboral y las instituciones de Derecho del Trabajo para determinar si se adaptan y son eficientes en situaciones extremas como las actuales. No es hora de emprender reformas legislativas de gran calado, pero es necesario ir abriendo debates sobre la eficiencia de algunas normas para, llegado el momento, poder modificarlas y que sean capaces de adaptarse a situaciones que eran muy difícil prever que sucedieran cuando se promulgaron.

El empleo público no es ajeno a esta situación extraordinaria. Es más, existe mayor complejidad a la hora de articular fórmulas flexibles para adaptar las condiciones y los puestos de trabajo del personal laboral que presta servicios en el sector público a estas circunstancias especiales. Un ejemplo de ello son las dudas que ha suscitado la aplicación a los empleados públicos del permiso retribuido recuperable aprobado por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. Sobre esta materia se recomienda la lectura de la entrada publicada en este blog por el profesor Luis Gordo.

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La financiación de los medios propios durante el estado de alarma

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En el último mes se han aprobado en cascada numerosas normas encaminadas a adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Junto a los Reales Decretos encargados de decretar el estado de alarma y su prórroga posterior (hasta el momento, el R.D. 463/2020, de 14 de marzo; el R.D. 465/2020, de 17 de marzo, de modificación del anterior; y el R.D. 476/2020, de 27 de marzo), se han adoptado seis Reales Decreto-ley con la finalidad de paliar los perjuicios asociados a la emergencia sanitaria (R.D.-Ley 6/2020, de 10 de marzo, R.D.-ley 7/2020, de 12 de marzo, R.D.-ley 8/2020, de 17 de marzo, R.D.-ley 9/2020, de 27 de marzo, R.D.-ley 10/2020, de 29 de marzo y R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo).

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